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22/10/2017 09:02 AM
| Por EFE

Gobernadores opositores estudian acudir juramentarse ante la ANC

Los cinco gobernadores opositores electos en las regionales del pasado domingo en Venezuela estudian acudir a prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente pese a que insisten en que no reconocen este suprapoder al que han prometido no someterse al considerarlo fraudulento e ilegítimo.

La gobernadora electa del estado occidental del Táchira, Laidy Gómez, hizo el anuncio después de días de rumores, especulaciones e insinuaciones en los que la Gaceta Oficial ha publicado un decreto con el que obliga a todos los gobernadores a presentarse ante la Constituyente antes de asumir sus cargos.

La decisión será tomada por los cinco gobernadores de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -cuatro de ellos pertenecientes al partido Acción Democrática (AD)- tras escuchar este sábado la opinión de diversos representantes de la sociedad civil de sus respectivos estados.

Gómez reafirmó que la Constituyente es un órgano «inconstitucional» por su origen y por los poderes ilimitados que tiene desde su instauración por parte del chavismo gobernante, pero subrayó la necesidad de hacer cumplir la voluntad de quienes les votaron y de tomar en consideración las opiniones de otros actores sociales.

Poco después de que la gobernadora del Táchira compareciera ante los medios, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, confirmaba en la toma de posesión del gobernador oficialista del estado Trujillo lo que ya habían dicho el presidente Nicolás Maduro y la misma Gaceta Oficial sobre los candidatos victoriosos de la MUD.

«Ellos deben juramentarse ante la ANC para que puedan asumir sus cargos una vez juramentados por los órganos legislativos estadales respectivos. Deben juramentarse. No vamos a permitir que sigan con altanerías diciendo que no lo van a hacer, lo tienen que hacer», dijo la excanciller ante la multitud que asistía al acto.

Con casi un año de retraso y tras dos aplazamientos, Venezuela celebró el 15 de octubre elecciones a gobernadores regionales. El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del presidente Maduro obtuvo, contradiciendo todas las encuestas y según las cifras oficiales, 18 de las 23 gobernaciones.

La oposición denunció numerosas irregularidades a lo largo de todo el proceso, entre ellas la reubicación a última hora y a barrios deprimidos y peligrosos, en algunos casos, de los centros de votación donde debían sufragar más de medio millón de votantes de zonas de clase media tradicionalmente antichavistas.

Además de estas supuestas maniobras para desmovilizar el voto de la MUD y sumar apoyos para el PSUV, la oposición ha señalado la manipulación de los resultados en el estado Bolívar, el más grande del país y rico en recursos naturales, que habría permitido la victoria por un margen de apenas 1.500 votos del candidato oficialista.

También la Comisión de Exteriores del Parlamento -el único poder del Estado en manos de la oposición- anunció una gira internacional «en las próximas horas» del presidente de la Cámara, Julio Borges, para exponer ante la Unión Europea, la ONU, la Organización de Estados Americanos y varios Gobiernos las supuestas pruebas del «fraude».

Borges ya intentó salir del país para viajar a la cumbre de Parlamentos del mundo que se celebró en Rusia esta semana, pero las autoridades se lo impidieron en el aeropuerto de Maiquetía situado cerca de Caracas. La prohibición de volar al extranjero se ha aplicado a varios opositores en los últimos meses.

La participación en unas regionales organizadas por un Consejo Nacional Electoral (CNE) acusado por la oposición y varios países de Europa y América de actuar al servicio de Maduro ya dividió a la oposición entre quienes abogaban por ir a las urnas y los que no confiaban en la posibilidad de un proceso mínimamente justo.

La opción abierta ahora de romper el compromiso expresado en campaña y presentarse ante la Constituyente para conservar las gobernaciones amenaza con provocar un cisma en la MUD, donde algunos sectores lo consideran una traición a las decenas de personas que murieron protestando para que no se instalara esa asamblea.

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