En su primer año la ANC no pudo con la crisis económica

La Asamblea Nacional Consituyente (ANC) fue instalada el 04 de agosto de 2017 con la promesa de «lograr la paz y la estabilidad económica en el país», con la intención de darle piso a «la construcción de un modelo económico que permitiese superar el rentismo petrolero».  Sin embargo, a un año de aquel evento, la realidad es muy distinta.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación de este año para Venezuela se proyecta en 1.000.000%, acompañada por una contracción de la economía del orden de 18%, mientras Pdvsa, la principal empresa del país y proveedora de divisas, lucha contra un colapso productivo y el país dejó de pagar su deuda externa.

Según los registros de Transparencia Venezuela, entre el 4 de agosto de 2017 y el 11 de julio de 2018, la ANC ha dictado 86 actos relacionados con las siguientes materias:

• 16 actos que tienen por objeto la organización administrativa de la misma Constituyente (designaciones y aprobación de presupuestos).
• 6 actos publicados en Gaceta Oficial dirigidos a crear las bases para la redacción del nuevo texto constitucional.
• 34 decisiones que exceden los límites impuestos por la Constitución Nacional (se modifica, interviene o se asumen competencias de otros poderes).
• 7 actos que respaldan las actuaciones o instrucciones del Ejecutivo.
• 12 actos de rechazo a las opiniones o actuaciones nacionales e internacionales adversas al Gobierno Nacional, especialmente las sanciones contra los altos funcionarios de los poderes públicos.

La validez de estos actos es cuestionada nacional e internacionalmente por la forma «fraudulenta» en que se instaló  esta instancia. De hecho la conformación de la ANC motivó sanciones a varios funcionarios por parte de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, mientras buena parte de América Latina la desconoce.

Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, las cuatro rectoras del CNE y otros fueron sancionados por «menoscabar la democracia» en Venezuela con la instalación de la ANC.

Sin embargo, la Constituyente sigue su curso y podría tomarse hasta cuatro años de labor, según Cabello, quien ejerce la presidencia de esa cámara desde mediados de junio. Mientras tanto sus decisiones son ejecutadas en el país prácticamente sin oposición, más allá del rechazo de la Asamblea Nacional (Parlamento), cuyas funciones ha asumido.

De las 10 leyes que ha dictado la Constituyente nueve están relacionadas con el ámbito económico. Ellas son:  Presupuesto para el 2018 (se aprobó, pero nunca se publicó), Ley del Conglomerado Agrosur, Ley de Abastecimiento y Precios Acordados, Creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria, Régimen Tributario para el Desarrollo del Arco Minero, Ley de Inversión Extranjera Productiva, Ley del CLAP, Ley Contra la Guerra Económica, la Ley Consejos Productivos de Trabajadores y la derogación de los ilícitos cambiarios.

-Balance en dos perspectivas-

Víctor Álvarez, economista y ex-ministro de Industrias Básicas y Minería durante el gobierno de Chávez, manifestó que el desempeño de la ANC durante su primer año no fue positivo porque no se cumplió con el objetivo inicial, reformar la Constitución de 1999, ni con las expectativas que se generaron en los seguidores del oficialismo, por lo que «se deben sentir bastante defraudados».

De igual manera, resaltó que el impacto económico de las acciones de la ANC está a la vista. «La economía venezolana sigue con problemas de escasez, el desabastecimiento se ha agravado. Se desató una hiperinflación sin precedentes en la historia económica de Venezuela, donde los precios están subiendo a razón de más de 100% mensual, y la producción petrolera ha colapsado, según los propios datos oficiales y los que publica la OPEP», indicó.

Venezuela produjo en junio 1,340 millones de barriles diarios, lo que representa una caída de más de 600.000 barriles diarios en los últimos 12 meses.

El economista expresó que decretos como la Ley del CLAP «son mecanismos de dominación social y política donde lo que hay es un enorme terror en las familias y los trabajadores que son beneficiarios de ese tipo de dádivas que temen no recibir la caja de alimentos o lo bonos si no van a las marchas, si no se registran, si no se sacan el carnet de la patria».

Para Álvarez, esas medidas, más allá de satisfacer una necesidad básica, hacen que «la gente se sienta oprimida y eso crea un descontento sumergido, que no se ve, pero la procesión va por dentro».

Por otra parte, para el constituyente Alberto Aranguibel el impacto de la ANC ha sido positivo. Desde su punto de vista, se ha “avanzado en la reestructuración que necesitaba definitivamente el Estado para poder desarrollar la solución de otros problemas que iban más allá de la violencia, como por ejemplo el de la corrupción desatada”.

Asimismo, aseguró que se han dado «grandes pasos» en la estabilización del sistema económico del país y las acciones tomadas han sido «oportunas». «Sin lugar a dudas, las medidas han sido acertadas. Probablemente no se ha hecho todo lo que haya que hacer, porque como sabemos el proceso económico en Venezuela no es estático, es un proceso que tiene una dinámica que muta permanentemente, lo que hace que las medidas que se tienen que tomar deban ser pensadas bajo la lógica de la realidad económica en este momento”, indicó.

Además, destacó la creación de la Ley de Protección a la Inversión Extranjera y aseguró que “es muy importante para la actual coyuntura porque permite no solo generar las posibilidades de abrir puertas para la inversión externa hacia el país, sino que genera confianza en los mercados internacionales.”

-Nuevo año, nuevas acciones- 

En una sesión especial el jueves 02 de agosto, la ANC aprobó la liberación de la compra y venta de divisas en Venezuela a petición del gobierno de Nicolás Maduro.

El decreto constituyente deroga la parte sancionatoria de la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, así como el artículo 138 de la Ley del Banco Central de Venezuela. En consecuencia, ahora vender y comprar divisas deja de ser considerado un delito. La decisión luce como una de las más significativas del primer año de la ANC, por el impacto que puede generar en la creación de un nuevo mercado cambiario, aunque no signifique el levantamiento del control.

Álvarez explicó que con esta medida «se despenalizan las operaciones de compra venta de divisas entre particulares, pero no se elimina el control de cambio. Este se mantendrá mientras estén vigentes los convenios cambiarios y las providencias administrativas que regulan las operaciones en divisas».

En esa misma línea, José Guerra dijo en Twitter:  «No se confundan. Sigue el control de cambio, la diferencia es que habrá aparentemente un mercado oficial con una tasa de cambio preferencial solo para el gobierno y una tasa de cambio cara para el ciudadano. Lo mismo que cuando Recadi, en el gobierno de Lusinchi».

La libre compra y venta de divisas está prohibida en el país desde 2003 cuando el gobierno de Hugo Chávez instauró un control de cambio, que se ha ejecutado mediante de múltiples mecanismos para administrar las divisas del estado.