El giro a la derecha en América Latina: Impacto económico y empresarial

La reciente y ajustada victoria de Keiko Fujimori en Perú no es un hecho aislado. Su triunfo termina de consolidar un profundo cambio de rumbo político en América Latina, sumándose a una cadena de victorias conservadoras y de derecha que ya incluye a figuras como Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, José Antonio Kast en Chile y Abelardo de la Espriella en Colombia.

Este fenómeno, fuertemente influenciado por el modelo de mano dura de El Salvador, promete reconfigurar de manera profunda las reglas del juego económico en la región.

Desde el punto de vista macroeconómico, esta tendencia introduce una dualidad muy marcada. Por un lado, la agenda de estos mandatarios exige un gasto expansivo en materia de seguridad e infraestructura penitenciaria.

Propuestas como el despliegue del ejército en las calles peruanas o la construcción de megacárceles colombianas requerirán una inyección masiva de fondos estatales.

Esto generará un inevitable desplazamiento de las partidas presupuestarias, donde el dinero históricamente destinado a planes sociales o infraestructura civil podría verse reasignado para sostener el nuevo aparato de defensa.

Sin embargo, el principal argumento económico a favor de este modelo es la neutralización de los costos indirectos del crimen. En países donde la extorsión se ha multiplicado drásticamente en el último lustro, la delincuencia actúa como un impuesto en la sombra que asfixia el crecimiento. 

Si las nuevas políticas logran frenar este flagelo, el impacto a mediano plazo podría ser muy positivo al liberar recursos productivos que antes se perdían a manos de las bandas criminales.

Para el sector empresarial, este panorama altera por completo su día a día. En el caso de los comerciantes y las pequeñas empresas, la promesa de desmantelar las redes de extorsión representa un alivio operativo vital.

La pacificación de las calles abarata los costos logísticos, reduce el gasto en seguridad privada y permite la reactivación del consumo en zonas que antes estaban controladas por la violencia.

Además, el discurso de apertura comercial y desregulación que suele acompañar a estos gobiernos genera una expectativa inicial muy favorable para la inversión privada.

La contraparte para los grandes capitales es el riesgo de la erosión institucional. La preferencia de estos liderazgos por gobernar mediante estados de excepción y concentrar el poder ejecutivo puede generar un entorno de arbitrariedad jurídica.

Los inversores extranjeros valoran la seguridad física, pero dependen fundamentalmente de la predictibilidad legal. Si las normativas comerciales o tributarias pueden alterarse de un día para otro mediante decretos de emergencia, el riesgo país a largo plazo podría incrementarse y espantar a las corporaciones multinacionales.

De cara al futuro, este cambio de rumbo perfila nuevas dinámicas para el continente. Es previsible el surgimiento de un bloque regional enfocado en la cooperación de seguridad, con un fluido intercambio de inteligencia y tácticas de control territorial.

No obstante, la viabilidad de esta ola conservadora dependerá de los bolsillos de los ciudadanos. Aunque el discurso de mano dura cuenta hoy con un amplio respaldo debido al hartazgo social, si la seguridad en las calles no viene acompañada de creación de empleo, control de la inflación y crecimiento económico real, América Latina podría enfrentar un rápido resurgimiento de la conflictividad y las protestas masivas en los próximos años.

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