Economía "esquizofrénica" por sanciones impide reforma laboral que restituya salarios y prestaciones

Después de dos años, el diálogo social tripartito entre el Gobierno, Fedecámaras y las centrales sindicales sigue sin dar resultados concretos, ni siquiera acerca de un mecanismo para definir un salario justo, de acuerdo con el Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Cuando se le pregunta a Leyda Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadoras y Trabajadores Alianza Central de Independiente de Venezuela, una de las siete centrales sindicales que funcionan en el país, la respuesta es la siguiente: «se nos ha dicho que el concepto de salario, tal como está previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, para el Gobierno tiene muchos aditivos y complementos que son un ancla para poder hacer aumentos salariales regulares y recomponer las prestaciones sociales».

«Hasta ahora, en la mesa de diálogo que se creó desde hace dos años y se constituyó de manera tripartita, algo que desde hace muchísimos años no se daba, estamos trabajando apenas el tema del convenio 26, que es el método para lograr un salario digno y justo. Aún no hemos entrado todavía en el tema de las prestaciones sociales y no nos ha sido presentada, por parte del Estado venezolano, una propuesta de la Ley Orgánica del Trabajo para debatir», señala León, también integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en representación del sector laboral.

– Venezuela tenía un modelo de relaciones de trabajo que cambió, que se fracturó producto de una crisis económica y política, pero también debido a las sanciones. Todo eso hace que tengamos que repensar ese modelo y ese contrato social. Vamos a tener que discutir el concepto de salario, los beneficios contractuales, definir nuevos modelos de contratos colectivos. Tenemos que convertir esta gran amenaza de desaparición del salario y de las prestaciones sociales en una oportunidad para crear un nuevo modelo que nos permita tener trabajo decente, advierte la dirigente sindical.

Economía «esquizofrénica»

El argumento que está trabando los acuerdos es la inestabilidad económica que, de acuerdo con el Gobierno, es -en esencia- resultado de las sanciones internacionales impuestas al país.

Leyda Marcela León recuerda que, junto con Fedecámaras, el sector laboral planteó, hace 3 años, la propuesta de una Ley de Emergencia Laboral que estableciera un régimen transitorio de regulación, «pero es muy difícil porque, cada vez que nosotros nos sentamos a analizar indicadores, o flexibilizan de repente una licencia o de pronto quitan varias. Y entonces sube la inflación o, de repente, se estanca. La economía crece, pero luego volvemos a la recesión. Entonces, no hay un ciclo económico que nos permita actuar»

«Vivimos en un ciclo económico esquizofrénico y eso no nos permite sentarnos para definir un mecanismo que permita que los trabajadores tengamos condiciones dignas, para que haya crecimiento y productividad no a costa de los trabajadores», precisa la también representante ante la OIT.

– ¿Cuántos trabajadores están afectados por esta situación en el país?

– Según las últimas estadísticas de febrero y marzo, en el sector público están 3 millones y medio de trabajadores y en el sector privado 4 millones y medio. Los jubilados y pensionados son 5,5 millones y ustedes saben que los derechos de los activos fueron homologados para los pensionados y jubilados por el presidente Chávez. Estamos hablando de que un acuerdo tripartito establecería derechos a 12,5 millones de trabajadores.

Pagar por ir trabajar

La presidenta de la Central de Trabajadoras y Trabajadores Alianza Central de Independiente de Venezuela alerta que, en pocos días, debido a la depreciación del bolívar, el simbólico salario mínimo nacional se ubicará en 1 dólar mensual.

«Estamos pagando por ir a trabajar. En nueve o 10 días, el salario va a ser un dólar. Esto es vergonzoso para un país una situación como esta. Lo concreto es que las reglas cambiaron y tenemos que crear en el diálogo los mecanismos para restablecer los derechos laborales».

Para León no valen los «paños calientes», sino crear un nuevo «modelo de relaciones de trabajo o nuevo contrato social que nos permita vivir dignamente, que se respeten los derechos de los trabajadores y que las remuneraciones cubran la canasta de alimentos y servicios, porque los bonos que recibimos hoy por la Plataforma Patria, que no son salarios, solo sirven para pagar los servicios públicos que brinda el propio Estado».

León, sin embargo, enfatiza que «el diálogo tripartito no está suspendido».

«La última sesión del foro de diálogo social con la OIT se produjo en febrero del año pasado y debíamos hacer la quinta sesión este año, pero no se ha dado, porque el gobierno no ha convocado; sin embargo, constantemente estamos nos mandan consultas y seguimos debatiendo coordinadamente», apunta Leyda Marcela León.

La propuesta de Fedecámaras

– ¿Qué opinan ustedes de la propuesta de Fedecámaras de maximizar el salario en el corto plazo y no establecer prestaciones, en función de que el trabajador tenga más opción de mejorar rápidamente su condición de vida?

– Nosotros le hemos dicho a Fedecámaras que nos presente la propuesta formal, porque una cosa es una frase y otra es ver la propuesta desarrollada para entender en qué consiste. Pero, eso sería viable en un país con un modelo de desarrollo distinto y normal, no en un país con un modelo esquizofrénico. La seguridad social es indispensable, porque hay que preguntarse si funcionan los servicios públicos, el transporte, la salud o la educación pública. Si tuviésemos un país donde todos los servicios funcionan yo podría considerar una propuesta de ese tipo. Hay que garantizar derechos estables para los trabajadores y eso no es tan fácil.

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