Denuncian ONGs: En Venezuela proliferan redes de explotación y esclavitud moderna
En el sur de Venezuela existen operaciones mineras ilegales, contaminación y propagación de enfermedades, explotación minera sin ningún tipo de protección o prevención, conflictos violentos, masacres, asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte y persecuciones; además de la explotación laboral, sexual, la servidumbre y la trata de personas.
Nicole Hernández, investigadora de la ONG Cepaz, comentó que actualmente Venezuela es el país de la región con más índice de esclavitud moderna. “Por cada 1.000 habitantes hay al menos seis personas que son víctimas de esclavitud, y esto ocurre porque existe una emergencia humanitaria compleja, desde el año 2015 más de 7.000 personas han tenido que huir de Venezuela debido a esta causa, también hay una crisis de migrantes y refugiados, y además hay un contexto de desigualdad de género”, dijo.
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Durante el más reciente conversatorio del «Ciclo de Encuentros por la Paz y la Conservación de la Biodiversidad en Venezuela», realizado a propósito del documental “Oro de Sangre”, un panel de especialistas e investigadores en materias de derechos humanos compartieron sus aportes, trabajos, denuncias e investigaciones sobre la Trata de Personas y Explotación al Sur de Venezuela.
En cuanto a la emergencia humanitaria compleja como factor de riesgo, destacó que existe un incremento de la pobreza (destrucción), del sistema público de salud, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, restricciones en el acceso a alimentos, y falta de acceso a la justicia. Destacó que las mujeres más expuestas a carencias de derechos y condiciones de vida son aquellas que tienen más riesgo de ser vulnerables ante estas prácticas.
Informó que se desmanteló una red de trata de mujeres que existía en Anzoátegui. “Las capturaban y las obligaban a mantener relaciones sexuales por un pago de 10 dólares. Con las refugiadas ocurre lo mismo, las mujeres salen del país bajo condiciones de vulnerabilidad, y esto influye en la forma en la que van las van a transitar hasta el país de acogida, por ejemplo, las vías regulares y trata de personas en los países de acogida no cuentan con redes de apoyo, empleo, residencia, legalidad, ofertas de trabajo”, agregó.
Hernández señaló que desde enero hasta agosto de este año, de las 400 mujeres venezolanas que cruzaron el Darién, al menos 120 fueron víctimas de abuso sexual, “es decir, 30% de las mujeres que cruzan el Darién son abusadas sexualmente”, acotó.
Indicó que otra red de trata de mujeres fue desmantelada en el estado Carabobo. “Eran jóvenes entre 13 y 17 años, que las capturaban bajo el engaño de una oferta de trabajo y cuando llegaban eran captadas y trasladadas a mantener relaciones sexuales”, sostuvo.
En cuanto la desigualdad de género como factor de riesgo, destacó que 71% de las víctimas de trata de personas a escala global son mujeres y niñas.
Destacó que en el sur de Venezuela existen operaciones mineras ilegales, contaminación y propagación de enfermedades, explotación minera sin ningún tipo de protección o prevención, conflictos violentos, masacres, asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte y persecuciones; además de la explotación laboral, sexual, la servidumbre y la trata de personas.
-La esclavitud moderna se afinca en Bolívar –
Asimismo, Eumelis Moya, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), con sede Guayana, señaló que la esclavitud moderna, la trata y tráfico con fines de explotación sexual y laboral son los elementos más predominantes en el estado Bolívar.
“Tenemos zonas fronterizas con Colombia, Guyana, Brasil, Amazonas, Anzoátegui y Apure, lo que hace el estado Bolívar un espacio propicio para hacer origen tránsito y destino de la trata de personas”, apuntó.
Otro hallazgo fue que estás herramientas de trata de personas funcionan a través de ofertas laborales engañosas, como señuelos para llevarse a las personas a otras partes.
Comentó que “siendo la satisfacción de las necesidades sexuales parte indispensable del control de lo que sucede en las minas, pasa a formar parte de lo que controlan grupos armados y esto ha traído como consecuencia que se le tenga que pagar a estas personas algún tipo de extorsión por protección; sin embargo, las mujeres de alguna manera lo ven como una garantía y resguardo a lo que ya están haciendo y cómo lo están haciendo, para que los clientes cumplan la función de los acuerdos”.
Subrayó que “en El Dorado hay un grupo de control que exigen las mujeres que cada miércoles se hagan una evaluación por sanidad y que muestre el carnet rosado donde asegure que no es portadora de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Las mujeres que son detectadas con alguna enfermedad no pueden trabajar y se tienen que retirar de la localidad. Y las que van a desempeñarse como cocineras o lavanderas a las minas no cuentan con una infraestructura para el ejercicio del trabajo doméstico, lo que las obliga a exponerse a condiciones ambientales devastadoras, a mucho sol o lluvia sin un resguardo específico”.
Destacó Moya que hay un mayor número de niñas involucradas en los municipios mineros en el trabajo sexual. “Cada familia que se va a las minas es una familia desfragmentada, hay un número significativo de niños, niñas y adolescentes dejado atrás en condición de abandono porque sus padres se van a trabajar a las minas, y esto genera otro ciclo, porque son niños que son explotados laboralmente”, agregó.
Por otra parte, dijo que las condiciones en la minería para los hombres también son adversas. “Nuestro estudio develó que 75% de las mujeres son víctimas de explotación sexual, versus 26% de hombres, de este porcentaje, 25% pertenece a niños, niñas y adolescentes, que lo hace especialmente preocupante”, dijo.
-Atropellos contra comunidad indígena –
Asimismo, Gabriela Buada Blondel, directora de la organización Caleidoscopio Humano, señaló que los atropellos contra la comunidad indígena venezolana han hecho su situación muy precaria, muchas de las víctimas de este conflicto han tenido que emigrar en busca de protección que el Estado venezolano no les brinda, exponiendo a niños, mujeres y ancianos a peligros como tráfico de personas y violencia sexual, las mujeres indígenas se han visto obligadas a emigrar y son especialmente vulnerables a redes de trata de personas explotación sexual prostitución o abuso sexual.
“Un aspecto importante que obtuvimos en nuestra investigación es que todas estas mujeres que de alguna manera captan se les decían que en un mes podían salir del lugar y que en ese tiempo podían visitar a su familia, entregarles algunas recompensas (oro) por el trabajo realizado y que si ellas no contaban lo que sucede allí a nivel interno o no daban detalles de lo ocurrido eran aceptadas nuevamente. Esto pasó al principio, pero luego de 2019 muchas personas que dieron estas declaraciones decían que no pudieron contactar más a sus familiares, les daban dinero a través de otras personas que salían de las minas, pero ya no tenían contacto con estas mujeres que se vieron obligadas a salir a trabajar en las minas”, manifestó Buada.
Agregó que muchas niñas llegan a las minas bajo engaño y una vez allí las venden por gramos de oro. Especificó que el precio de cada niña o mujer varía de acuerdo con su edad y la zona extractiva hasta donde será trasladada.
De acuerdo con la ONG Kapè Kapè, las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de trata y explotación sexual son vistas como monedas de cambio y son intercambiados entre los mineros como formas de pago para saldar deudas.
“Sabemos que el índice de femicidios se ha agudizado, ha incrementado, y en el estado Amazonas las principales víctimas de femicidios tenían entre 11 y 22 años, entre las etnias afectadas por estos tipos de violencia se encuentran Piaroa, Warao, Yekuana, Cahima y Sanuma”, puntualizó.
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