Demetrio Marotta: "aumento del ingreso mínimo deja al trabajador en una trampa de pobreza"

El economista Demetrio Marotta, integrante del equipo del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB y especialista en Desarrollo Organizacional,  señaló que el reciente aumento del ingreso mínimo deja al trabajador en una «trampa de pobreza».

Además, este incremento es un «exhorto al sector privado para que tome la cifra de 240 dólares, un incremento del 26%, como referencia para las remuneraciones generales a los trabajadores».

También tiene clara la razón por la cual el aumento fijado para los pensionados fue considerablemente menor: el Seguro Social reporta unos cinco millones de pensionados.

«Una cifra bastante elevada y por eso el ajuste de las pensiones fue tan pequeño (menos de 20 dólares respecto al pago de abril) porque el Estado no puede cubrir otro monto».

Respecto al impacto del ajuste en los índices de inflación, el profesor estima que será «bajo», principalmente porque ya muchas empresas venían pagando montos cercanos a los 240 dólares y, desde abril, «ya hacían correcciones en los precios de sus bienes y servicios».

También precisa que, sin aumento de sueldo, la inflación anualizada, al cierre de marzo pasado, era de 649%. Mientras, el salario mínimo oficial permanecía en 130 bolívares, 0,30 céntimos de dólar para el momento del anuncio.

Cree que hay otros componentes inflacionarios, como los tributos y obligaciones por los que las empresas «están fiscalmente ahogadas».

Brecha de seguridad jurídica para el empleador

El investigador sostiene que es indispensable la publicación en Gaceta Oficial del ajuste del ingreso mínimo integral o, de lo contrario, será una «oferta política que carece de fuerza coercitiva inmediata y el mercado entrará en una fase de ajuste discrecional».

«Las empresas con mayor capacidad pagarán los 240 dólares para evitar conflictos laborales y las pequeñas y medianas esperarán la Gaceta para ver si el aumento obligatorio del cestaticket es sostenible para ellas».

Marotta alerta que la no publicación en Gaceta Oficial crea una brecha de seguridad jurídica para el empleador, pues este no tiene certeza sobre la base de cálculo de otros aportes como, por ejemplo, lo que corresponde a la Ley de Protección de Pensiones, normativa que desde 2024 obliga a las empresas a pagar mensualmente al Estado una contribución del 9% sobre el total de los salarios y bonos cancelados a sus trabajadores.

Recuerda Marotta que, mientras para el sector público «el anuncio tiene carácter normativo directo, pues el Bono de Guerra es un complemento no salarial del Estado a través del sistema Patria, no obligatorio legal para los patronos privados».

El experto no descarta que se produzcan despidos como consecuencia del ajuste, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, por el impacto en el aumento del cestaticket (40 dólares).

Afirma que también puede producirse una deserción mayor hacia el sector informal de la economía. Las empresas podrían optar por la figura de contratistas independientes o pagos por debajo de la mesa para evadir cargas fiscales.

«El efecto en cierre de empresas y despidos podría ser selectivo y asimétrico».

«Nueva ley del trabajo podría terminar beneficiando más al empresariado»

El economista reconoce que, en abril, pensaba que el salario mínimo tendría «un aumento, al menos simbólico, equivalente a 20 o 30 dólares, pero no tocaron ni siquiera eso».

Marotta lamenta que lo que se aprobó fue «pura liquidez», pues los bonos no inciden en prestaciones sociales, vacaciones o cualquier beneficio contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

Sin embargo, ve el ajuste como «una señal de que hay preocupación por parte del Estado y eso abre la discusión tripartita en la Mesa de Diálogo Social, con el acompañamiento de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) hacia una reforma del marco normativo laboral», que garantice lo básico: salario digno, un sistema de pensiones y de seguridad social que funcionen.

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