Demandan a Facebook e Instagram por su controvertido modelo de pago por privacidad
La relación de Meta con la Unión Europea y sus diferentes organismos ha estado llena de encontronazos, principalmente por su política de protección de datos.
Una asociación austríaca especializada en defensa de la privacidad, Noyb, anunció este jueves que presentó una demanda ante la autoridad de protección de datos del país contra el modelo de pago por privacidad instaurado por Facebook e Instagram.
Desde principios de noviembre, estas plataformas pertenecientes al gigante tecnológico Meta aplican una controvertida «tarifa de privacidad» que puede superar los 250 euros al año para los usuarios que desean evitar ser rastreados por esas plataformas.
Si bien dar el consentimiento para el rastreo es tan sencillo como un clic, retirarlo implica un proceso arduo que sólo se resuelve mediante una suscripción de pago, una práctica que -según Noyb- va en contra de la normativa de protección de datos de la Unión Europea (UE), que requiere que retirar el consentimiento sea tan fácil como darlo.
La asociación busca que las autoridades ordenen a Meta que proporcione a los usuarios una forma sencilla de retirar su consentimiento sin incurrir en pagos.
«La ley es clara: retirar el consentimiento debe ser tan fácil como darlo. Es obvio que pagar 251,88 euros al año para retirar el consentimiento no es tan fácil como pulsar un botón de ‘ok’ para aceptar el rastreo», explica Massimiliano Gelmi, abogado de Noyb.
La empresa cobra a los usuarios por elegir una configuración de privacidad, y aquellos que no están dispuestos a pagar deben aceptar ser rastreados para recibir publicidad personalizada basada en su navegación.
La relación de Meta con la Unión Europea y sus diferentes organismos ha estado llena de encontronazos, principalmente por su política de protección de datos, la dificultad de aplicar el «derecho al olvido digital» o la posición abusiva de sus redes con respecto a los medios de comunicación, entre otros aspectos.
Es probable, según Noyb, que el caso se traslade al organismo de protección de datos de Irlanda, que tiene jurisdicción sobre Meta en la UE.
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