08/11/2026 01:44 PM

#Datos: Lo positivo y lo que preocupa de la nueva Ley de Servicio de Energía Eléctrica

El ingeniero Elías Matta, especialista en la materia energética, hizo el balance sobre las disposiciones del proyecto de la Ley de Servicio de Energía Eléctrica. Reconoce que la norma va en la vía correcta, pero hizo observaciones relevantes.

#Datos: Lo positivo y lo que preocupa de la nueva Ley de Servicio de Energía Eléctrica

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se comprometió a que el parlamento aprobará esta semana una nueva Ley de Servicio de Energía Eléctrica, cuyo principal cambio es el regreso del capital privado al sector, aunque el Estado mantiene el rol rector sobre el funcionamiento del sistema.

El ingeniero especialista en materia energética y exdiputado, Elías Matta, hizo el ejercicio de establecer los que, en su opinión, son los aspectos más positivos de la norma y los que resultan preocupantes para la recuperación de la infraestructura de generación y distribución de la energía eléctrica.

Los aspectos positivos

El primer beneficio que resalta el experto es que «se acaba el monopolio de Corpoelec. Los privados podrán invertir en generación, distribución y comercialización. Es el reconocimiento de que el modelo estatista que comenzó en 2007 fracasó».

También destaca como elemento positivo el establecimiento de «una tarifa técnica basada en costos reales y el subsidio visible en cada factura. Por primera vez, sabremos cuánto cuesta realmente la electricidad, cuánto paga el Estado y cuánto paga el usuario».

Se crea «una Superintendencia reguladora que se separa de Corpoelec, mientras los grandes consumidores podrán contratar energía libremente y se limitan las intervenciones arbitrarias de empresas«.

A pesar de estos avances, especialistas, ingenieros y algunos legisladores señalaron que el proceso de consulta pública fue limitado y se concentró mayormente en funcionarios, lo quen restó espacio a una revisión más profunda por parte de colegios de ingenieros, gremios técnicos y comunidades afectadas por las fallas del servicio.

En general, el instrumento legal reconoce de forma amplia que el Estado por sí solo no cuenta con los recursos suficientes para rescatar un sistema eléctrico, severamente deteriorado durante años, por lo que la apertura a la inversión privada y a modelos mixtos vía concesiones, de hasta 25 años,  es vista como un paso indispensable.

Los aspectos preocupantes

En primer lugar, el ingeniero Elías Matta señala como elemento preocupante de la norma en proyecto que «el subsidio no tiene garantía de pago. La ley no fija plazo ni consecuencias si el Estado no cubre la diferencia. Un subsidio que no se paga es una deuda que termina en apagones», dijo el experto en su cuenta de la red social X.

Otros expertos coinciden en que existen dudas razonables y advertencias sobre una posible distorsión o encarecimiento drástico de las tarifas eléctricas para los usuarios finales.

Matta indica que el regulador no es independiente. «El Presidente nombra y remueve libremente a todo el directorio de la Superintendencia. Un regulador que puede ser destituido con una llamada no es un regulador: es una dependencia del ministerio».

El experto cuestiona que «al terminar la concesión, los activos pasan a Corpoelec sin pago y libres de gravámenes, aun si el Estado la rescinde por su cuenta. Ningún banco financia un proyecto cuyo colateral desaparece por ley».

Matta, igualmente considera preocupante que «el arbitraje es solo opcional. La ley dice que «podrá» incluirse en los contratos y ni siquiera menciona el arbitraje internacional. Sin un juez neutral no hay crédito».

El experto señala que el proyecto de ley no prevé la existencia de u mercado mayorista. «Hay contratos bilaterales, pero sin precio de referencia ni pago por capacidad. Y el despacho depende del mismo ministro que tutela a Corpoelec. Sin precio no hay inversión».

Seguridad para los inversionistas

A juicio del exparlamentario Elías Matta, el proyecto de ley no fija reglas claras «para traer capital privado a las plantas y redes que ya existen, ni metodología, moneda o indexación para la rentabilidad. Así nadie puede proyectar cómo recuperará su inversión».

Otro elemento relevante: «en los artículos que faltan viene uno grave: el 112 castiga con 8 a 16 años de cárcel revelar «secretos» sobre la seguridad del sistema eléctrico, sin definir qué es secreto. Puede usarse contra quien informe sobre las fallas».

Finalmente, el ingeniero Matta señala que «La ley va en la dirección correcta, pero se queda a mitad de camino. Sin estas garantías, la apertura será más anuncio que realidad. Toca corregir estos elementos preocupantes en el reglamento y con una pronta reforma. Si no, ley moderna en el papel y apagones en la realidad».

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