#Datos: Las cifras oficiales evidencian la urgencia de reformas económicas estructurales
Cifras oficiales dimensionan la distorsión estructural del mercado laboral: en Venezuela hay 6,26 millones de pensionados y jubilados, un grupo superior en 18,11% al de los trabajadores formales.
El gobierno reivindica un incremento de 533% del denominado ingreso mínimo nacional, expresado en divisas, entre octubre de 2021 y marzo de 2026, cuando este indicador se ubicó en 190 dólares mensuales, al tiempo que reconoce que, en esta materia, debe «recorrer un camino importante».
Sin embargo, de acuerdo con diversas estimaciones consultadas, los precios expresados en dólares en la economía venezolana se multiplicaron entre 7 y 10 veces entre 2021 y 2026.
Por el fuerte crecimiento del tipo de cambio, debido a la limitada oferta de divisas, y el incremento de la inflación en moneda nacional, los precios en dólares han tendido a acelerarse durante todo 2025 y en el primer trimestre de 2026.
En consecuencia, el debate sobre el próximo incremento de la remuneración mínima de los trabajadores venezolanos ha generado expectativas diversas, aunque, luego del mensaje de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tienden a ser, en el mejor de los escenarios, moderadas.
Luego de los sucesos del pasado 3 de enero, la situación política e institucional de Venezuela ha cambiado de manera no menor, lo que se reflejó claramente en el dicurso de la mandataria interina, en el que básicamente asumió una postura más técnica sobre el funcionamiento de la economía y moderada en la generación de expectativas.
El Estado carga con un elevado subsidio a la gasolina.
Subsidios insostenibles
Aparte del ingreso mínimo de 190 dólares mensuales, el Estado cubre un subsidio estimado en 188,9 dólares mensuales -lo que prácticamente duplicaría el ingreso mínimo- a las familias de clase media, en el cual la porción más elevada corresponde a la gasolina, con un descuento de 106,9 dólares mensuales para una población de 709.000 usuarios.
El resto de este subsidio va a electricidad, con un total de 59,5 dólares y al servicio de agua con un descuento de 22,4 dólares.
Con un Producto Interno Bruto que en 2025 fue 36% inferior al reportado en 2012, en términos reales, parece evidente que esta estrategia de subsidios luce insostenible, porque se afianza sobre la base de los déficit financieros crecientes que se originan por la prestación -de por sí irregular- de estos servicios.
En estas condiciones, por ejemplo, sería impensable incorporar a actores privados en estas áreas.
Y lo es más aún -siguiendo la lógica de las cifras presentadas por la presidenta interina Rodríguez- si se toma en cuenta que entre 2022 y 2025 las exportaciones totales acumularon un valor de 93.205 millones de dólares, 4,57% inferiores a las reportadas solo en 2012.
El Estado mantiene en nómina a 3,1 millones de trabajadores formales y el sector privado emplea a 2,2 millones de personas. Lo extraordinario es que en Venezuela hay 6,26 millones de pensionados y jubilados.
El mercado laboral: las cifras más polémicas
Los datos aportados por la presidenta encargada sobre el mercado laboral han desatado un amplio debate. En concreto, el Gobierno reconoce que en Venezuela hay 5,3 millones de trabajadores formales activos, de una población económicamente activa estimada entre 10,7 y 11 millones de personas.
Primer elemento a destacar: el 48,2% de la población laboral en Venezuela se ubica en la informalidad.
El Estado mantiene en nómina a 3,1 millones de trabajadores formales y el sector privado emplea a 2,2 millones de personas. Lo extraordinario es que en Venezuela hay 6,26 millones de pensionados y jubilados, un grupo superior en 18,11% al de los trabajadores formales y que equivale a 56,9% de la población económicamente activa.
En consecuencia, con esta estructura de mercado laboral no es posible que ningún régimen previsional contributivo pueda funcionar, por lo que el Estado paga el 91% de las pensiones, el sector privado cubre el 9%, mientras los cotizantes aportan apenas 0,2% del total.
El efecto de la emigración masiva es evidente en esta situación, así como la prolongada crisis económica de la cual el país se ha comenzado a recuperar, no sin dificultades.
De acuerdo con los datos oficiales, el costo de mantener este sistema de pensiones fue de 342 millones de dólares en marzo pasado, de los cuales el Estado cargó con 311,2 millones.
Curarse en salud
Las cifras oficiales que el Gobierno divulga, a través de sus redes sociales, dejan un mensaje expresamente claro: los salarios no pueden seguir subiendo sobre la base de la emisión creciente de dinero inorgánico.
Sobran las voces expertas que advirtieron sobre esta situación a lo largo de los años, pero «nunca es tarde cuando la dicha llega». El mensaje del Ejecutivo Nacional ahora es que «hay que controlar la inflación para recuperar el poder de compra del ingreso del trabajador».
La presidenta interina Delcy Rodríguez acordó la creación de una comisión para una reforma laboral y otra para evaluar vías para reducir la presión tributaria que constriñe la actividad productiva.
En realidad, estos temas ya se vienen debatiendo institucionalmente. Lo que toca, en consecuencia, es comenzar con urgencia a generar las soluciones. Amanecerá y se verá…
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