Comerciantes guayaneses pierden cerca de US$200.000 mensuales por extorsiones de funcionarios

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Comerciantes guayaneses pierden cerca de US$200.000 mensuales por extorsiones de funcionarios



Luis Arturo Núñez, presidente de la Cámara de Comercio de Caroní (Camcaroní), denunció que durante los últimos meses han estado recibiendo gran número de denuncias por extorsiones presuntamente realizadas por funcionarios de los entes de seguridad del Estado venezolano en contra de los comerciantes.

El delito cometido por los oficiales ha traído como consecuencia pérdidas cercanas a los 200.000 dólares mensuales en el sector comercial de Ciudad Guayana. A pesar de que las denuncias por este tipo de delito iniciaron aproximadamente en marzo a la par de la cuarentena por COVID-19, al día 18 de agosto ninguna institución de seguridad se ha hecho responsable de las acciones o ha contactado a Camcaroní.

Núñez instó a todos los comerciantes de Guayana que han sido víctimas a contactar a la Cámara de Comercio de Caroní a través del correo electrónico contactocamcaroni@gmail.com para que mediante el trabajo en conjunto y la confidencialidad logren hacerle frente a esta “terrible situación”.

– Inició con la cuarentena –

Las ilegalidades de parte de los funcionarios de seguridad iniciaron desde que empezó la cuarentena hace aproximadamente cinco meses. Según cifras de Camcaroní, en los últimos 45 días recibieron 15 denuncias de comerciantes que habían sido víctimas por delitos como extorsión, privación de la libertad, secuestro y amenazas.

Núñez recalcó que no piensa que todas las autoridades laboren de esta manera, pues “hay muchos oficiales buenos que cumplen con su deber, pero también hay otros que se están pasando saliéndose de control” con respecto a las decisiones que están llevando a cabo y que afecta a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que se encuentran laborando durante el confinamiento.

Además, aseguró que desde el empresariado están llevando a cabo una propuesta para solicitar ante un fiscal nacional atención sobre estas ilegalidades. Desde Camcaroní alegaron que prefieren hacerlo directamente con uno nacional, porque temen que si lo llevan a cabo con un fiscal de Ciudad Guayana, el proceso se vea influido por los mismos cuerpos de seguridad que no quieren permitir que se haga justicia.

Entre los planes que manejan actualmente es buscar la manera de procurar conseguir algún tipo de protección a nivel Internacional a través de instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues hay violación del principio de libertad y a la propiedad privada en contra de los comerciantes.

– Peor momento histórico –

El presidente de Camcaroní afirmó que los funcionarios de seguridad del Estado les solicitaban a los comerciantes montos que van desde los 3.000 hasta los 10.000 dólares como parte de una comisión para no involucrarlos en hechos delictivos.

“En la situación que se encuentran las empresas lo menos que debemos hacer es darle nuestros pocos ingresos a un grupo de extorsionadores, puesto que pagar por la extorsión no es algo que desaparecerá el problema sino que convierte a los pocos comercios operativos en cajas chicas para los delincuentes”, explicó Nuñéz, que en este caso son los mismos funcionarios que deben velar por la protección de dichos negocios.

Ante lo expuesto por Luis Arturo Núñez, el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio Caroní, Roy Quiaragua no dio ningún tipo de declaración con respecto al tema, a pesar de haber sido contactado por el equipo de Fedecámaras Bolívar durante la tarde del día 18 de agosto.

– Modus Operandi –

El presidente de Camcaroní, explicó que existen dos modus operandi identificados por el momento. El primero tiene que ver con que los funcionarios de seguridad llegan vestidos de civil simulando estar realizando una investigación para irrumpir en los establecimientos y, durante el “procedimiento” proceden a amedrentar a los comerciantes con amenazas, decomiso de mercancía y hasta privación de libertad bajo cualquier excusa inventada por los mismos uniformados.

El segundo modo es aquel en el que los funcionarios contactan por la web a los emprendedores que venden mercancía a través de plataformas como Instagram, haciéndose pasar por clientes, una vez ordenan los productos que quieren, proceden a dirigirse al lugar donde se llevará a cabo la entrega y al llegar amedrentan al vendedor/dueño de la tienda con la excusa de que no tienen cómo probar cómo obtuvieron esa mercancía importada.

Desde Camcaroní aseguran creer en el Estado de Derecho, alegando estar en desacuerdo cuando un funcionario detiene a alguien haciendo algo indebido, pero no cuando alguien a través del mal uso de  su autoridad se aproveche de ellos para obtener un beneficio económico personal. Por ello es que el propósito de la denuncia es para generar alerta, decir que está ocurriendo algo y que se están generando daños en el sector comercial que de por sí está viviendo su peor época a nivel histórico.

“No tenemos nada en contra de los organismos de seguridad, pero sí en contra de los funcionarios corruptos”, expresó Luis Arturo Núñez, presidente de Camcaroní, quien también alegó que estos funcionarios de seguridad bajo su ideología socialista se les olvida que son servidores públicos encargados de proteger a los ciudadanos y no perjudicarlos.

– Denunciar es primordial –

Desde Camcaroní anunciaron la creación del Buzón de Denuncia Contra el Delito de Extorsión a la Empresa Privada, teniendo en cuenta que la extorsión es un fenómeno que en los últimos años se ha venido incrementando rápidamente afectando a todos los sectores de la sociedad, incluyendo al empresarial.

Alegaron que “la extorsión vulnera directamente el derecho al desarrollo de la libre empresa, lo que tiene importantes repercusiones en la economía de nuestro país”, pues históricamente el sector empresarial ha sido objeto de este delito por el rol que cumple como “actor económico”.

Es por esta situación que se crea el buzón como alternativa. Esta acción lo que busca lograr es evaluar todas las denuncias por extorsión de los empresarios de toda la región, con el fin de tomar acciones legales para defender a la empresa privada, brindándole protección y acompañamiento a aquellos empresarios que han sido víctimas.

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