Cinco militares y tres civiles condenados por el "Golpe Azul"

Cinco militares y tres civiles fueron condenados este miércoles a prisión de tres a seis años en Venezuela, acusados de haber participado en un plan de golpe de Estado denunciado en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, informó una ONG.

«Culminó juicio por (el) supuesto ‘Golpe Azul’. Quedaron condenados por admisión de los hechos», apuntó en Twitter Gonzalo Himiob, directivo de la ONG de derechos humanos Foro Penal, quien divulgó una lista con los nombres de las personas penadas en un proceso ante una corte militar.

Maduro denunció en febrero de 2015 un «plan golpista» que estaría promovido por sectores de la oposición y financiado por el gobierno de Estados Unidos.

El mandatario lo llamó ‘Golpe Azul’, en alusión al color del uniforme de la aviación militar venezolana, y aseguró que había sido «desarticulado».

Según el gobernante, los involucrados planificaban bombardear desde aviones el palacio presidencial de Miraflores, otros edificios gubernamentales y la sede de la televisora Telesur en Caracas.

El Departamento de Estado, entonces, calificó de «ridículas» las acusaciones.

Maduro y altos funcionarios han vinculado públicamente con el caso a Julio Borges, expresidente del Parlamento -único poder del país controlado por la oposición-, pero el legislador nunca fue acusado de manera formal ante la justicia.

Los ocho imputados habían sido sentenciados a diez años de cárcel en 2017. Sin embargo, el proceso fue anulado en abril pasado, sin explicación.

El juicio fue reabierto y, ahora, la justicia militar emite nuevas condenas.

Foro Penal, que considera a los cinco militares y los tres civiles como «presos políticos», cifra en 280 los opositores a Maduro encarcelados.

Otra ONG, Justicia Venezolana, estimó este miércoles que unos 150 efectivos de la Fuerza Armada están en prisión «por razones políticas» y denunció ante el Parlamento «torturas» y «tratos crueles» contra ellos.

Desde el pasado 1 de junio, 123 personas han sido excarceladas a petición de Maduro, en lo que el presidente define como una política de pacificación para «superar las heridas» de las protestas de 2014 y 2017, que dejaron unos 200 muertos.