Bancos de EEUU están obligados a revisar préstamos a migrantes indocumentados
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) instó a los bancos a estar atentos con el robo de identidad, el fraude en los impuestos sobre la nómina y esquemas de lavado de dinero vinculados a la inmigración ilegal.
La administración Trump está tomando medidas adicionales para evitar que las personas que residen sin documentación en Estados Unidos utilicen los bancos del país, lo que endurece las posturas frente a las instituciones financieras que les otorgan préstamos.
Un grupo de reguladores financieros se concentra en emitir una directriz destinada a recordar a los bancos y otras entidades sus requisitos de «Conozca a su Cliente» (KYC, por sus siglas en inglés) en lo que respecta a la gestión del riesgo crediticio, particularmente cuando se trata de prestatarios que no están autorizados para trabajar en EE.UU.
Esta nueva advertencia es una de varias medidas que el gobierno notreamericano ha implementado durante los últimos nueve meses para disuadir a los inmigrantes indocumentados de interactuar con el sistema financiero estadounidense.
Las disposiciones están diseñadas para presionar a los bancos a que los excluyan como clientes, aunque sin emitir un mandato legal expreso que los obligue a hacerlo.
El anuncio conjunto estaría a cargo de tres de los principales reguladores bancarios del país: la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA).
Las agencias señalan que los bancos deben considerar que estas personas podrían no ser capaces de pagar un préstamo ante un eventual riesgo de deportación. En resumen, advierten que quienes trabajan sin autorización representan un riesgo general para el sistema financiero.
Actualmente, existen datos limitados sobre cuántas personas en situación irregular en EE.UU. poseen cuentas bancarias o tienen préstamos vigentes.
En contexto
Esta iniciativa se deriva de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en mayo, la cual exige a las instituciones financieras examinar con mayor detenimiento el estatus de ciudadanía de sus clientes.
Dicha orden desató la ola más reciente de cambios regulatorios, ya que se instruyó a las agencias y departamentos gubernamentales a buscar señales de que personas sin estatus legal estén abriendo cuentas u obteniendo líneas de crédito.
Entre otros aspectos, la guía aconseja a las instituciones «identificar, medir, monitorear y controlar estos riesgos a través de prácticas de suscripción seguras y sólidas que evalúen la disposición y capacidad de pago de un prestatario según los términos de la obligación crediticia».
En mayo pasado, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) ya había emitido un aviso en el que instó a los bancos a estar atentos con el robo de identidad, el fraude en los impuestos sobre la nómina y los esquemas de lavado de dinero vinculados a la contratación de personas no autorizadas para trabajar en Estados Unidos, en el cual detalló más de una docena de «banderas rojas».
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