Argentina pide al Tribunal del Mar medidas contra proyecto petrolero en las islas Malvinas
Navitas y Rockhopper, cuyas acciones han caído en las últimas semanas, dijeron la semana pasada que reemplazarán dos contratistas y que continúan adelante con Sea Lion «con el pleno apoyo» del Gobierno isleño y del Reino Unido.
Argentina solicitó este martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que disponga medidas contra el proyecto liderado por la petrolera israelí Navitas en las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama el país sudamericano.
«La República Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte», expresó la cuenta oficial del Ejecutivo de Javier Milei en sus redes sociales.
Según el comunicado, «la solicitud presentada ante el Tribunal del Mar busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas».
«La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas», concluyó el mensaje presidencial.
El Gobierno de Javier Milei anunció el pasado 28 de septiembre que iniciaría un pedido de arbitraje con base en lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un tratado de 1982 cuyo órgano para resolver controversias es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo (Alemania).
El objetivo de Argentina es detener el avance de Sea Lion, un proyecto ‘offshore’ (costas afuera) operado por Navitas (65%) y del que es también socia la británica Rockhopper (35%) para comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago.
Argentina considera «ilegales» los permisos concedidos a las petroleras por el gobierno local de las islas.
Al anunciar que iniciaría el pedido de arbitraje internacional, Argentina dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para que tomara medidas para detener el proyecto.
Un día después, Londres, a través de un comunicado de la subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, respondió que el arbitraje pretendido por Argentina es el «último intento» del país sudamericano de «socavar los derechos de los habitantes» de Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833 tras expulsar a las autoridades argentinas en las islas.
Según Kumaran, las actividades de hidrocarburos en Malvinas están reguladas por la legislación de las islas y «se llevan a cabo en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR».
La Cancillería argentina negó a continuación que se intente «socavar» los derechos de alguien, sino que, antes bien, someter una controversia a un tribunal internacional es un acto de responsabilidad porque las diferencias no se resuelven con actos unilaterales, «sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente».
El Reino Unido y Argentina, que se enfrentaron en una guerra por las Malvinas en 1982, son Estados partes en la CONVEMAR.
Desde que el pasado 3 de agosto Milei anunciara un conjunto de medidas orientadas a frenar la actividad petrolera en Malvinas, Argentina ha iniciado procesos administrativos y demandas judiciales en tribunales locales contra las empresas que operan en las islas y sus accionistas, además de enviar decenas de cartas a compañías del sector petrolero de todo el mundo para disuadirlas de operar o ser proveedor de los proyectos en el archipiélago.
Hasta ahora, Argentina ha conseguido que algunas empresas globales de servicios petroleros con importantes negocios en el país sudamericano dijeran públicamente que no operarán en Malvinas, incluyendo contratistas que iban a ser parte del proyecto Sea Lion.
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