Argentina no afloja la pulseada con sus acreedores a poco más de 24 horas del vencimiento del plazo de adhesión a la última oferta del gobierno de Alberto Fernández para canjear unos 66.000 millones de dólares de deuda emitida bajo legislación extranjera.
En las condiciones actuales, sin haber llegado a un 50% de adhesión de los tenedores de bonos, el plazo para adherir al canje -que vence el 4 de agosto- no se extenderá, dijeron fuentes de gobierno a la AFP.
«Hasta esta hora de la mañana, esa es la decisión, y si no se llega al 50%, obviamente el canje queda caduco y la reestructuración se volvería a hacer después del programa con en el Fondo» Monetario Internacional, señaló una fuente gubernamental bajo anonimato. «Eso implica claramente una reestructuración mucho más profunda», advirtió.
Los tres grupos de acreedores que participan en las negociaciones se unieron hace una semana para rechazar la oferta formal de Argentina y advirtieron que pueden bloquear el canje, pues aseguran que representan a más de la mitad de los titulares de bonos de la deuda del país sudamericano.
El gobierno argentino, en tanto, ha reiterado que su propuesta es «el último esfuerzo» que puede hacer el país.
Argentina ofrece pagar unos 53,5 dólares por cada 100 de deuda y los acreedores exigen unos 56,5 dólares por cada 100.
«Tenemos una posición muy dura de algunos fondos, incomprensiblemente dura, tercamente dura. Ellos ya saben que la nuestra fue la última oferta, que no podemos hacer más esfuerzos. Espero que comprendan que ni siquiera les estamos pidiendo que pierdan, les estamos pidiendo que ganen un poco menos», dijo Fernández.
– «Situación de fragilidad» –
Analistas y algunos líderes de la oposición creen que Argentina debería hacer un esfuerzo más, teniendo en cuenta que las diferencias se han acercado desde que se iniciaron las negociaciones. Pero el gobierno insiste en que la última oferta presentada es lo máximo que Argentina se puede comprometer a pagar.
«Hay que entender qué quieren decir esos tres dólares» de diferencia entre la propuesta de Argentina y la exigencia de sus acreedores: «Estamos hablando de miles de millones de dólares en una situación de fragilidad y restricciones muy fuertes», refirió el ministro de Economía, Martín Guzmán, consultado sobre la posibilidad de una nueva prórroga de las negociaciones, en una entrevista publicada el domingo en el diario Página 12.
Argentina se encuentra en recesión desde 2018 y su economía sufrirá aún más este año debido a la pandemia Covid-19, con una contracción de 9,9% del Producto Interno Bruto, según la más reciente previsión del FMI.
«Si no llegamos al mínimo de 50% de participación, la oferta va a ser retirada y después de un análisis de sostenibilidad de deuda, quizá bastante más adelante y con menor capacidad de pago aún, haya una oferta seguramente peor», advirtió en una entrevista a la AFP hace unas semanas Sergio Chodos, representante de Argentina ante el FMI.
«La decisión de Alberto Fernández de no extender el plazo aumenta significativamente el riesgo de que los acreedores inicien acciones legales, lo que sería el peor desenlace para el país. Es una trago difícil para Argentina teniendo en cuenta la situación económica, en la que el gobierno tiene poco margen fiscal para lidiar con el golpe de la pandemia», dijo Alexander Schober, analista senior para América Latina de la consultora DuckerFrontier.
– Default y FMI –
Argentina se encuentra en default desde mayo, cuando incumplió el pago de unos 500 millones de dólares en intereses de tres de los bonos sujetos al canje.
La semana pasada dejó de pagar 600 millones de dólares más en intereses de otros dos de los bonos sometidos a la reestructuración.
Pero además tiene por delante la negociación de un nuevo programa con el FMI, tras el suscrito en 2018 por 57.000 millones de dólares, de los cuales recibió 44.000 millones.
También debe resolver el tema de la deuda emitida bajo legislación nacional, de unos 41.700 millones de dólares, con pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021, para la que el gobierno de Fernández ofreció condiciones equitativas a las que acuerde con los bonistas internacionales.
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