Argentina avanza con la privatización de su mayor empresa distribuidora de agua
La compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) fue creada en 2006, tras la anulación del contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), que argumentó incumplimientos en las inversiones y deficiencias en la calidad del servicio.
El Gobierno argentino del presidente Javier Milei aprobó este martes el nuevo modelo de contrato de concesión entre el Estado y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para avanzar con el proceso de privatización de la mayor distribuidora de agua del país.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, afirmó que con esta medida el Ejecutivo busca una «transformación de importancia refundacional» para un servicio que actualmente llega a más de 14 millones de personas en el área metropolitana de Buenos Aires.
«Con carácter previo al perfeccionamiento de la venta del paquete accionario, debía contarse con un Contrato de Concesión que regule con mayor claridad las obligaciones y los derechos tanto del concedente como del concesionario», aseguró la resolución.
La validación del nuevo esquema apunta -según el Gobierno- a otorgar previsibilidad jurídica a los futuros inversores, en un proceso que contempla la venta de al menos el 51% de las acciones a un «operador estratégico», mientras que el resto será colocado en el mercado bursátil.
El contrato aprobado establece una concesión por 30 años, con posibilidad de prórroga por otros diez, para la provisión de agua potable y desagües de aguas usadas en la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios de la zona metropolitana circundante.
El nuevo esquema fija además una hoja de ruta en dos etapas: en una fase de transición (2024-2026), AySA deberá cumplir con el Plan de Acción vigente para reorientar su gestión y sanear sus cuentas; y luego entre 2027 y 2031 comenzará el ‘Primer Ciclo Tarifario’ bajo control privado, en el que deberán concretarse las metas de inversión y expansión de la red que acuerde el futuro concesionario.
Con la publicación del contrato, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedó habilitada para lanzar el pliego de licitación nacional e internacional que permitirá definir qué empresas se harán cargo del servicio en una de las zonas con mayor densidad de población del país.
La participación estatal en la compañía asciende al 90% y el proceso de privatización de la compañía fue iniciado en agosto de 2025, cuando el Ministerio de Economía instruyó avanzar con su venta.
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