#Análisis: Sube la presión por aumentos salariales a la espera de qué va a hacer el Gobierno interino
Los economistas estiman costos milmillonarios en dólares para las demandas de incremento salarial de todos los sectores. La pregunta es: ¿La posible bonanza petrolera que se espera será suficiente?
El tema salarial se posiciona como centro del debate político en Venezuela, con crecientes demandas de incrementos que han desembocado en una convocatoria a protestar pacíficamente por un incremento del salario mínimo nacional en 18 estados del país, este 12 de marzo.
Los convocantes son gremios universitarios que denuncian la existencia de una «grave crisis salarial en el país» y demandan una urgente alza del salario mínimo, después de cuatro años sin modificación, por lo que, en términos reales, es equivalente a 0,30 dólares mensuales a tasa oficial.
Según la data recientemente divulgada por el Banco Central de Venezuela (BCV), la inflación acumulada durante 2026 ya se ubica en 51,94%, mientras que el índice nacional de precios al consumidor (INPC) alcanzó una variación de 475,28% en 2025.
Los datos apuntan que solo en los últimos 14 meses, Venezuela acumula una inflación de 527%, la más elevada de América Latina, un dato que hace rato dejó de ser noticia.
Fuentes empresariales señalan que posiblemente el denominado Ingreso Mínimo Indexado se mantenga como medida básica de remuneración y que de 130 dólares equivalentes se movería a 200 o 225 dólares como máximo, con un aumento de entre 54% y 73%.
Esta hipótesis se basa en una estimación por el fuerte aumento de los ingresos petroleros. En 2025, se estima que las entradas por exportaciones de crudo se ubicaron en alrededor de 17.800 millones de dólares y se espera que, para 2026, se incrementen a 24.000 millones como escenario conservador o entre 27.000 y 30.000 millones como proyección optimista.
Estos escenarios suponen que los ingresos por exportaciones petroleras se incrementarían entre un mínimo de casi 35% y un máximo de 68,54%. Además, también habría un aumento de la tributación interna, derivada del crecimiento económico proyectado que, en las perspectivas más optimistas, sería de doble dígito.
La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), en su cuenta de Instagram, propone un aumento de 50 dólares trimestrales -200 dólares anuales- más bonos compensatorios de 100 dólares por vacaciones y 100 dólares para aguinaldos.
Las demandas salariales
Si el salario se convierte en un tema candente en esta etapa incierta y compleja, el gobierno interino enfrentaría presiones incluso de sectores afines.
De hecho, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), en su cuenta de Instagram, propone un aumento de 50 dólares trimestrales -200 dólares anuales- más bonos compensatorios de 100 dólares por vacaciones y 100 dólares para aguinaldos.
En caso de no producirse esta escala de aumentos, la central sindical oficialista propone incrementos de 50 dólares trimestrales de los bonos de guerra económica y de alimentación.
Igualmente, plantea que los trabajadores pensionados y jubilados reciban ajustes en los mismos términos que apliquen para la población laboral activa.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) plantea, de plano, un aumento inmediato del salario mínimo a 200 dólares con incrementos sucesivos que lo eleven a 450 dólares mensuales al cierre del año.
Si «se vuelve al terraplanismo económico de cubrir el hueco fiscal con emisión monetaria, acelerando la inflación que erosiona el poder adquisitivo del salario en primer lugar. Eso se intentó en 2018: la inflación de ese año superó el 100.000%». Giorgio Cunto Morales, economista.
¿Se pueden pagar estas demandas salariales?
La gran pregunta es si tales demandas son sostenibles financiaramente para un Estado con fuertes problemas presupuestarios y enormes déficits de inversión y para una economía que se recupera progresivamente de una contracción histórica, con niveles de inflación récord a escala internacional.
El sector privado de la economía muestra todavía signos de vulnerabilidad y rezago productivo. Un elemento que sirve de ejemplo: al sector industrial le tomó cuatro años y tres trimestres pasar de una capacidad utilizada mínima de 18,8% en el primer trimestre de 2021 a 52,7% en el cuarto trimestre de 2025.
Aún si la economía crece a tasas elevadas subir en 20 puntos esta capacidad utilizada tardaría no menos de tres años en un escenario conservador, porque hay que tomar en cuenta las inversiones necesarias con un escenario crediticio incierto.
El economista Giorgio Cunto Morales, en su cuenta de X, plantea que «macroeconómicamente hablando, el debate de salarios debería partir de la cuestión de productividad y sincerar cuentas de presupuesto/nómina pública, con tal de evaluar su viabilidad fiscal y financiera. De lo contrario, las propuestas se quedarán en papel sin materializarse».
Cunto Morales hace un cálculo según el cual pagar un aumento del salario mínimo a 200 dólares mensuales implicaría un desembolso de 30.000 millones de dólares por año para una nómina pública activa conservadoramente estimada en 2.500.000 empleados más 500.000 pensionados y jubilados.
Esta cifra sería equivalente a 33,3% del Producto Interno Bruto de 2025, precisa el economista.
Cunto Morales se pregunta qué pasaría si «se vuelve al terraplanismo económico de cubrir el hueco fiscal con emisión monetaria, acelerando la inflación que erosiona el poder adquisitivo del salario en primer lugar. Eso se intentó en 2018: la inflación de ese año superó el 100.000%».
«Llegó el momento de comenzar a concretar debates fundamentales sobre el tamaño del Estado, la legislación laboral, el sistema previsional y la capacidad real empleadora del sector privado de la economía». Luis Oliveros, Decano de Economía en la Unimet.
El economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana (Unimet), Luis Oliveros, sostiene que el escenario base de incremento de los ingresos petroleros es de 8.000 millones de dólares.
Si esos recursos solo se utilizaran para pagar remuneraciones, cada trabajador activo del Estado -unos 3 millones en total- y cada pensionado o jubilado -5 millones y creciendo- recibiría un ingreso de alrededor de 100 dólares mensuales; obviamente, insuficiente para enfrentar la inflación.
Para Oliveros llegó el momento de comenzar a concretar debates fundamentales sobre el tamaño del Estado, la legislación laboral, el sistema previsional, la capacidad real empleadora del sector privado de la economía y el rezago de formación que tiene la mayoría de la población laboral activa en el país.
Esos debates son urgentes, dijo Oliveros en una entrevista concedida a Unión Radio.
Hay que preguntarse «por qué el Gobierno bonifica y no lleva el salario a donde debería estar. La verdad es que el gobierno, que es el principal empleador individualmente considerado, si empieza a pagar los salarios que se demandan acumularía pasivos laborales que son imposibles de pagar».
En la otra acera de la opinión sobre el tema salarial está el economista, investigador y docente, Antonio Paiva, quien plantea que «tal como se estimaba, la producción petrolera de Venezuela se incrementó y el precio del crudo aumentó, en proporción mayor por la Guerra en Irak».
«En mi opinión, es el momento de subir el salario mínimo hasta 100 dólares y 200 para los profesores universitarios y los educadores. La penuria es insoportable. Los beneficios derivados, por la expansión del consumo, tendrán un efecto positivo sobre toda la economía».
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