#Análisis: Reconstrucción del sistema eléctrico es la clave para que no se apague la recuperación económica
La reforma legal que abre el sector eléctrico a la inversión privada tras años de monopolio estatal es un paso vital en la construcción de confianza por su estrecha vinculación con el resto de la economía.
La construcción de la confianza en que la recuperación de la economía venezolana va bien encaminada tiene un indicador clave: que las luces se mantengan encendidas. El servicio eléctrico está en el centro de los esfuerzos iniciales, porque su deterioro ha sido de tal magnitud que no empezar a resolverlo podría representar una traba importante para el resto del recorrido.
La reforma de la Ley del Sistema Eléctrico, que ya recibió aprobación en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional, es uno de los pasos en un largo trayecto para la solución de un tema clave que viene orientado por la idea de desarmar el monopolio estatal, atraer inversiones y hacer rentable el servicio.
Desde que en enero pasado, Estados Unidos comenzó a explicar su estrategia económica con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, la mención al sistema eléctrico ha sido una constante, principalmente por su fuerte vinculación con la producción petrolera.
Los venezolanos sabemos que los inconvenientes con la electricidad no son nuevos, ni exclusivos de la industria de hidrocarburos. Los constantes cortes en casi todo el territorio nacional son un mal que no solo entorpece el día a día de los ciudadanos sino que tiene efectos obvios en toda la economía nacional.
Recomponer el servicio requiere inversiones gigantes de entre 15.000 y 40.000 millones de dólares, según GE y Siemens, desarrollos a largo plazo y reformas legales como la que emprendió la Asamblea Nacional para permitir el regreso de empresas privadas al sector.
De acuerdo con datos más recientes del Statistical Review of World Energy, elaborado por Energy Institute, la generación eléctrica en Venezuela retrocedió 37% entre 2013 y 2024, al pasar de 132,6 terawatts hora a 83,3 terawatts hora, en ese lapso.
Esta es solo una de las cifras que revelan la enorme contracción que experimentó el sector en los últimos años impactada por un manejo ineficiente, corrupción y salpicado por los efectos de las sanciones económicas.
Fin del monopolio y la centralización
Con la reforma aprobada por la AN, el Estado venezolano libera el sector y pone fin a casi 20 años de monopolio estatal, con la posibilidad de incorporar empresas bajo esquemas mixtos, donde incluso acepta ser accionista minoritario.
Esta medida busca atraer inversión extranjera y podría dar paso a la creación de un mercado de operadores porque la ley permite la participación privada desde la generación hasta la comercialización.
De esta manera se pondría fin al enfoque estatista y centralizado que tuvo su punto de quiebre institucional y operativo a principios del año 2007, cuando guiado por la directriz ideológica de consolidar un modelo socialista, el entonces presidente Hugo Chávez inició un agresivo proceso de nacionalización de los sectores estratégicos de la economía.
Esta ola estatizadora arropó así a la electricidad con la adquisición forzosa de La Electricidad de Caracas, y otras compañías más pequeñas, entonces en manos de la transnacional AES, por un monto aproximado de 740 millones de dólares.
Luego se creó la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que centralizó de manera drástica las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización bajo la tutela directa del poder Ejecutivo, primero en el Ministerio de Petróleo y Energía y luego del Ministerio de Electricidad.
En contraste, el cambio de 2026 es tan profundo que los privados pasan de solo figurar tangencialmente como proveedor de obras civiles u oferente de repuestos, de acuerdo con la Ley anterior, a potenciales concesionarios en cualquier punto del sistema con lapsos de operación de 25 años, prorrogables por 15 años más y flexibilidad fiscal.
El principal objetivo es captar empresas extranjeras, especialmente estadounidenses, una meta que ahora es posible tras la emisión de la Licencia 48A a través de la cual el Departamento del Tesoro de ese país autoriza explícitamente a personas y empresas estadounidenses a proveer tecnología, bienes y servicios para el sistema eléctrico.
Para tomar dimensión de cómo se diversifica el sector eléctrico en otros países basta con revisar la cantidad de empresas que operan en la región. En Colombia son más de 200, en Ecuador 11, en Perú más de 100 y en Argentina unas 650. Antes de la nacionalización y centralización en Venezuela trabajaban al menos 11 empresas privadas y otras 9 estatales.
Adaptarse para que llegue el dinero
Recomponer el sistema eléctrico nacional requiere no solo de dinero, sino de reparar la forma en que ese dinero pueda llegar, es decir, crear las condiciones necesarias para préstamos internacionales, inversionistas extranjeros y mejoras en los ingresos de los ciudadanos quienes serán finalmente quienes sostengan el sistema con sus facturas.
El camino para la recomposición de las relaciones con los organismos internacionales ya está en marcha y serán clave en el proceso especialmente para recibir financiamiento de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en el pasado ya ha proporcionado créditos para proyectos como los de la Central Tocoma (US$3.800 millones en 2009) o la rehabilitación de los turbogeneradores de Guri (US$1.300 millones en 2010).
No obstante, ese camino es complicado, porque Venezuela deberá primero ponerse al día con todos sus acreedores antes de poder dar pasos en la senda del financiamiento multilateral, una recorrido que ya comenzó con la intención de la reestructuración de la deuda.
Mientras tanto, el gobierno de Rodríguez busca convencer a gigantes de la industria como GE y Siemens, con conocimiento sobre la red nacional y con la capacidad técnica y financiera para emprender la titánica tarea. Para ello cuenta con el apoyo de la administración Trump que impulsa los encuentros y ha hecho del tema un punto fundamental.
«La red eléctrica de Venezuela se encuentra deteriorada y frágil tras años de mala gestión socialista, corrupción y mantenimiento deficiente. Trabajaremos para mejorar la red eléctrica, que es esencial para aumentar la producción de petróleo, las oportunidades económicas y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano», dijo el Departamento de Estado, cuatro días después de la intervención militar del 3 de enero.
Lo que ha seguido es una serie de reuniones de funcionarios estadounidenses con sus pares venezolanos, así como el impulso de visitas técnicas de empresas para evaluar la situación. Hasta la fecha no se ha anunciado un plan preciso, más allá del paso que está dando Venezuela al reformar la ley del sector.
Un nuevo esquema tarifario
Finalmente, otro de los cambios radicales que la ley contempla un punto clave para «la viabilidad económica de la reforma» y asegura en la exposición de motivos que está sustentada «en el diseño de tarifas que contemplen todos los costos reales y permitan una rentabilidad razonable para el inversor, atada a criterios de eficiencia».
A las claras se habla de un nuevo esquema tarifario y operativo que se cimienta sobre el principio de la «rentabilidad razonable» atada a métricas de eficiencia, en funcion de lograr la sustentabilidad económica del inversor privado. Esto implica teóricamente la eliminación teórica de subsidios ciegos, es decir, el traslado progresivo del costo real de la energía al consumidor final.
Según dijo la presidenta (e) Rodríguez a principios de abril, el gobierno subsidia 95,6% de la factura eléctrica de los hogares venezolanos, por un monto de US$59,5 (por un consumo de 400 kwh), lo que da una idea de hacia a dónde apuntaría esos «costos reales» a los que hace referencia la exposición de motivos de la reforma de la ley.
En definitiva, la recuperación del sistema eléctrico venezolano se erige como el desafío estructural más urgente para la incipiente transición económica del país.
El éxito de la nueva legislación no dependerá exclusivamente de desmantelar el monopolio estatal y atraer capitales extranjeros, sino de la viabilidad real para ejecutar las inversiones.
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