«¡Vamos con todo, caiga quien caiga!», ordenó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de operaciones policiales que dejan 51 detenidos por acusaciones de corrupción, incluidos altos funcionarios gubernamentales.
Venezuela, considerado por organismos internacionales como uno de los países más corruptos del mundo, ocupa la posición 177 de 180 en el índice de Transparencia Internacional.
¿Cruzada anticorrupción? ¿Purga política?
¿Dónde se libra la batalla?
La Fiscalía informó que 34 de los 51 arrestados están vinculados con la industria petrolera, sostén de la maltrecha economía venezolana.
Las primeras detenciones, informadas el 19 de marzo, tuvieron como blanco a cercanos colaboradores de Tareck El Aissami, poderoso dirigente chavista y ministro de Petróleo hasta que estalló el escándalo.
Uno de ellos, Antonio Pérez, vicepresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA); otro, Joselit Ramírez, superintendente del ente que maneja los fondos de la industria a través de criptoactivos, clave para sortear las sanciones de Estados Unidos.
El Aissami renunció y mantiene bajo perfil. El fiscal general, Tarek William Saab, ha evitado confirmar si es investigado.
Hugo Cabezas, quien fuera cercano colaborador del fallecido expresidente Hugo Chávez, está también entre los arrestados, así como el presidente de la corporación responsable de la explotación de minerales como hierro, bauxita, oro y diamantes, Pedro Maldonado, y el jefe de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Néstor Astudillo.
Todos han sido presentados ante la corte vestidos con traje naranja de presidiarios.
Saab advirtió el miércoles que «pudieran venir otras detenciones».
¿Motivación política?
«Es una purga política», dice a la AFP la politóloga Ana Milagros Parra.
«Y no hay que verlo como algo extraordinario», agrega Parra, alegando que ocurre por «la necesidad de eliminar o remover de círculos de poder a personas que de alguna u otra manera representan una amenaza (para el gobierno) o no están en línea».
El fiscal Saab descarta esta hipótesis: «¡Por Dios! ¿Desde cuándo la corrupción, el desfalco, es un hecho político? ¿Dónde está la ideología allí? ¿Robar es una ideología? ¡No, chico!».
Saab dijo que su despacho ha investigado 31 «tramas de corrupción» en la industria petrolera desde 2017, por las que han sido procesados más de 250 exfuncionarios y operadores financieros.
«Dentro del gobierno hay facciones y esas facciones se enfrentan», estima Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
«Cuando ves la oportunidad de sacar a un adversario o a una facción del camino, pues la sacas porque el poder es un juego de suma cero».
El Aissami, según Alarcón, estaba enfrentado con el grupo que encabezan los poderosos hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta del país y presidente del Parlamento, respectivamente.
Es «valiente» embestir la corrupción, dice Alberto Aranguibel, analista cercano al chavismo en una columna de prensa, rechazando la «perversa campaña» que coloca a todo el Estado como «un solo órgano carcomido por igual por el cáncer de la corrupción».
Parra, sin embargo, insiste en que «la corrupción ha sido sistemática y ha sido parte de la naturaleza de este gobierno y del anterior con Hugo Chávez».
El chavismo «no tuvo este tipo de epifanía que de repente pasan de ser muy corruptos a ser muy correctos», sostiene Alarcón.
Aunque ese es el mensaje que trata de vender el aparato de propaganda, según Parra: «un despertar de moral» que «está limpiando sus filas».
¿Qué le espera al exministro?
No está claro. El Aissami, quien llegó a ser vicepresidente, sale por la puerta trasera. Desde su renuncia no ha vuelto a aparecer en público o escribir en redes sociales.
La industria petrolera de Venezuela ha sido blanco de otras investigaciones.
Rafael Ramírez, uno de los hombres de confianza de Chávez, está acusado de corrupción durante su gestión como ministro de Petróleo (2002-2014) y presidente de PDVSA (2004-2014). Está prófugo en Italia y las autoridades venezolanas han pedido su extradición sin éxito.
Investigaciones iniciadas en 2017 terminaron con las detenciones de decenas de empleados de PDVSA y dos ministros de Petróleo, Eulogio del Pino y Nelson Martínez, quien falleció bajo custodia del Estado.
«Quien me ataque debe pensar un poquito, solo un poco, por qué Chávez me tuvo 12 años a su lado», ha escrito Ramírez.
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