Análisis | Crisis de servicios públicos reclama un nuevo modelo de propiedad y organización

// Enrique González

Análisis | Crisis de servicios públicos reclama un nuevo modelo de propiedad y organización



El colapso de todos los servicios públicos, su intermitencia en el mejor de los casos, así como la desconexión de dichos sistemas nacionales en la búsqueda de alternativas de provisión individual muestra el agotamiento y la insostenibilidad de un modelo de servicios públicos basado en proveedores públicos, sin criterio de eficiencia y sostenibilidad en su prestación, en un enfoque cortoplacista populista, y en la ausencia de mecanismos contralores sobre los recursos públicos y la gestión.

La realidad supera lo que la literatura especializada asomaría como los defectos de la propiedad y provisión pública de servicios sin criterio de eficiencia financiera ni mecanismos de seguimiento y control.

Expertos en el sector eléctrico asoman la necesidad de asumir un nuevo paradigma en la reconstrucción del sistema eléctrico nacional, lo cual es perfectamente extrapolable al resto de los servicios públicos en evidente colapso en Venezuela.

Los expertos señalan que la estatización y la creación de una corporación monopólica pública, que lejos de planificar su gestión con base en criterios de eficiencia y sostenibilidad, sino basados eventualmente en objetivos de acceso y asequibilidad a través del congelamiento de tarifas e incluso sin cobrarlas en muchos casos, resultó insostenible más allá del boom petrolero y de la renta obtenida en el pasado.

Las inversiones requeridas para mantener el sistema eléctrico nacional, aunadas a la ausencia de una política de Pricing y una estructura de precios que coadyuvaran a financiar las inversiones requeridas, culminó como no podría ser de otra manera: en un sistema con continuas fallas y blackouts.

Como los expertos lo señalan, las imperiosas necesidades del país en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura pública y vial, entre muchas otras, implican elevadísimos costos de oportunidad social de los escasísimos recursos públicos que, para colmo de males, disputan dichos recursos con la corrupción y la ineficiencia operativa.

El cambio de paradigma pasa por la más elemental de las preguntas que suele realizarse en materia de servicios públicos: ¿Quiénes tendrían que financiar las inversiones y la provisión de los servicios públicos como la electricidad?

En el proceso analítico para dar respuesta a dicha pregunta con seguridad aparecerán dos objetivos que no pueden ser excluyentes, y el caso venezolano constituye evidencia del error de no ponderar ambos objetivos sociales, como son la sostenibilidad financiera de los proveedores de los servicios públicos y/o la eficiencia en la prestación del servicio por un lado, y la asequibilidad/equidad por el otro lado.

Venezuela constituye un ejemplo de ausencia de dicha discusión e incorporación de ambos objetivos en el diseño del sistema eléctrico nacional y en el paradigma de política pública al respecto.

Por medio del análisis para dar respuesta a la pregunta anterior y valorar las distintas alternativas que existen para atender ambos objetivos sociales se delinea el paradigma regulatorio y el modelo de sistema de servicios públicos, en este caso específico, el sistema eléctrico nacional, que se desea.

Dicho ejercicio de análisis trasciende y comprende entre otros, el tema de la propiedad del proveedor del servicio, porque, por ejemplo, para atender el objetivo de equidad, la alternativa inequívoca no la constituye la propiedad pública; de hecho el caso venezolano muestra cómo un monopolio público como proveedor ha terminado explicando la desconexión e ineficiencia del servicio.

Por su parte, el objetivo de eficiencia puede exigir valorar la propiedad privada en la gestión, no sólo por disminuir problemas de agencia y riesgos de corrupción, sino porque ciertos renglones del sector eléctrico no poseen caracterización de monopolio natural, por lo que son susceptibles a la aplicación de un régimen de competencia.

Principios de corresponsabilidad de los usuarios en la sostenibilidad financiera de los proveedores, no implican no ocuparse de objetivos de acceso. De hecho, existen alternativas dentro del propio sector, por medio de distintos esquemas y estructuras de precios, que suelen diseñarse con este propósito.

Asimismo, puede pensarse en un decoupling o en la separación de los objetivos de eficiencia y equidad buscando soluciones de acceso más tradicionales del tipo transferencia y redistribución (de naturaleza tributaria).

En este sentido, más allá de los montos específicos que requiera invertirse en la infraestructura y el sistema, se requiere efectivamente un nuevo paradigma donde el tema pricing o tarifario resulta extremadamente importante para satisfacer objetivos de incentivos a la inversión, fuente de financiamiento para el mantenimiento y la continuidad de las operaciones, e incluso para poder valorar alternativas de acceso en favor de la población vulnerable.

Estos son temas de extrema urgencia e importancia que suelen brillar por su ausencia en mesas de diálogo, conversación y negociación, haciendo parecer que estas últimas se conciben como un fin en sí mismo y no un medio en favor del país.


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