ABV promueve divulgación de informe de evaluación de riesgos financieros de la ONCDOFT
La institución destaca que este informe se alinea con las mejores prácticas internacionales dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para garantizar la integridad del sistema socioeconómico venezolano.
La Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) invita a los profesionales del derecho, la contaduría pública y agentes inmobiliarios, con quienes sus bancos agremiados mantiene relaciones comerciales y financieras; a conocer, cumplir y divulgar la publicación oficial de la “Evaluación Sectorial de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2026, (LC/FT/FPADM)” emitida en mayo de este año, por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).
Este ejercicio estratégico llevado a cabo por la ONCDOFT tiene como objetivo central identificar, analizar y comprender las amenazas y vulnerabilidades que enfrentan estas Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) frente a la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).
El informe se alinea con las mejores prácticas internacionales dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para garantizar la integridad del sistema socioeconómico venezolano.
Principales hallazgos por sector
Mediante la aplicación de la metodología del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), la ONCDOFT en articulación con los gremios profesionales identificados como ACAI (Abogados, Contadores y Agentes Inmobiliarios), logró segmentar el nivel de exposición de cada sector:
- Abogados (riesgo alto): La matriz analizada determinó una calificación de riesgo alta para los profesionales del derecho. Se identificó como una amenaza operativa crítica el manejo de efectivo en montos elevados sin soportes documentales que acrediten su origen lícito. La evaluación indica que los controles actuales en este sector no logran mitigar de forma efectiva el impacto de los eventos más graves.
- Contadores Públicos (riesgo moderado): El sector contable presenta un nivel de riesgo general moderado. Aunque enfrentan una elevada exposición al validar estructuras corporativas complejas y auditar operaciones vinculadas a Personas Expuestas Políticamente (PEPs), el gremio demostró aplicar controles internos que logran reducir exitosamente esta exposición a niveles aceptables. Su principal vulnerabilidad continúa siendo la identificación certera del Beneficiario Final.
- Agentes Inmobiliarios (riesgo moderado): La intermediación de bienes raíces fue evaluada con un riesgo moderado. El evento de mayor criticidad detectado es la omisión en la identificación y aplicación de la Debida Diligencia Reforzada en las operaciones de compra y venta que involucran a PEPs. Se recomienda institucionalizar el uso de herramientas de consulta internacional e implementar cuestionarios estrictos sobre el origen de los fondos para mitigar esta vulnerabilidad.
Riesgos comunes para todos los sectores que deben ser observados por todos los Sujetos Obligados del sector financiero y las APNFD
En materia de administración de riesgos de LC/FT/FPADM, todos los Sujetos Obligados de las normas prudenciales emitidas por los órganos de control y supervisión, debe prestar especial atención a sus operaciones que involucren elementos de Alto Riesgo como:
- Manejo de efectivo: El efectivo en ocasiones se utiliza para brindar anonimato y evadir las formalidades de la bancarización que permite identificar el verdadero origen y destino de los fondos dejando trazas bancarias auditables.
- Multimonedas: La presencia de efectivo en múltiples monedas (bolívares, dólares, euros, pesos, etc.) en las transacciones de los clientes sin una razón lógica aparente debe ser considerado una señal de alerta.
- Estructuras jurídicas complejas: Cuando resulta difícil identificar a las personas naturales que controlan, administran o representan a una empresa; siendo necesario correr los velos corporativos detrás de múltiples capas jurídicas, pudiéramos estar en presencia de estructuras de alto riesgo que persiguen brindar anonimato.
- Ecosistema cripto: El uso de casas de intercambio no autorizadas en el país es un indicio de alto riesgo, que dificulta el seguimiento del origen y destino de los fondos complicando investigaciones futuras.
- Riesgos de Personas Expuestas Políticamente (PEP): Las actuaciones que involucren a f iguras identificadas como PEP, deben ser objeto de una debida diligencia intensificada para garantizar que los fondos movilizados están adecuadamente justificados y que no provengan de actividades asociadas con fondos públicos o actos de corrupción.
- Jurisdicciones de alto riesgo: Debe llamar la atención cuando los fondos de los clientes provienen o tienen como destino habitual jurisdicciones de alto riesgo en materia de LC/FT/FPADM, que sean considerados paraísos fiscales, con altos índices de corrupción o donde el secreto bancario impida el intercambio de información y la cooperación internacional en investigaciones contra la delincuencia organizada transnacional.
Debida Diligencia y elementos mitigadores de riesgos LC/FT/FPADM
En las más recientes evaluaciones del GAFI, el Sistema Bancario resulto muy bien calificado; por tal motivo, exhortamos a los demás sectores designados como sujetos de las normas contra la legitimación de capitales FT/FPADM a incorporar en sus flujos operativos elementos mitigadores de riesgo que abarquen al menos las siguientes mejores prácticas:
- Deberes de registro: Cumplir con procedimientos de debida diligencia en la identificación, verificación, registro y actualización de la información y documentación de todos sus clientes y relacionados.
- Identificación de beneficiarios finales: Mas allá de identificar la primera capa de accionistas, es necesario determinar quiénes tienen efectivamente el control de la gestión de la empresa por otros medios, procurando determinar la existencia de personas interpuestas.
- Filtraje contra listas restrictivas: Contar con acceso a consultas sobre listas restrictivas, al menos de acceso público, para evitar operar con personas sancionadas.
- Asumir funciones de debida diligencia y cumplimiento: Dentro de Escritorio Jurídico, Firma de Contadores o Agente Inmobiliario, algún trabajador debe asumir formalmente las funciones y responsabilidades que se derivan de las regulaciones en materia de administración de riesgos LC/FT/FPADM.
- Brindar formación: Todos los empleados de las firmas de abogados, contadores públicos y agentes inmobiliarios (ACAI) deben ser formados y sensibilizados ante los riesgos LC/FT/FPADM, promoviendo una cultura ética y preventiva que les permite equilibrar medidas de mitigación de riesgo ante negocios de alto riesgo.
- Corresponsabilidad en la generación de Reportes de Actividades Sospechosas (RAS): Ante cualquier sospecha de que los fondos y/o activos involucrados en nuestras actuaciones profesionales puedan estar relacionados con actividades ilícitas o destinados para fines delictivos, la mejor defensa es generar los respectivos RAS a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).
- Resguardo: La información/documentación de las actuaciones profesionales de los abogados, contadores públicos y agentes inmobiliarios debe ser resguardada por lo menos por cinco (5) años.
Transición hacia una Supervisión Inteligente
Como respuesta directa a los hallazgos de este diagnóstico, la ONCDOFT ha anunciado que pondrá en marcha el Plan de Supervisión Sectorial 2026, el cual marca el inicio de un modelo de Supervisión Basada en Riesgo (SBR). Este enfoque permitirá focalizar los recursos del Estado de manera proporcional hacia las áreas de mayor vulnerabilidad y optimizar la eficacia preventiva.
El plan de acción contempla una primera fase de sensibilización y capacitación técnica, enfocada en la Debida Diligencia del Cliente y la identificación del Beneficiario Final. Posteriormente, se ejecutarán medidas de control extra situ y auditorías in situ sobre la calidad de los expedientes manejados por los sujetos obligados.
Con este avance, se reafirma el compromiso con el cumplimiento normativo internacional y la protección de los profesionales frente a las amenazas de la delincuencia organizada transnacional.
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