Hasta víctimas de las FARC pueden demandar: Venezuela tiene en alto riesgo activos externos hasta por US$20.000 millones

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Hasta víctimas de las FARC pueden demandar: Venezuela tiene en alto riesgo activos externos hasta por US$20.000 millones

Entre 14.000 y 20.000 millones de dólares puede estar el valor de los activos venezolanos que están expuestos a riesgo de embargo o pérdida en el exterior, debido a la situación de default de la deuda externa que el país mantiene desde 2017.

Solo 23% de estas propiedades se ubican en Estados Unidos, por lo que el economista y experto en estrategias de inversiones en renta fija de la firma británica EMFI Securities, Guillermo Guerrero, alerta que «el patrimonio venezolano está mucho más expuesto de lo que se dice«.

En un extenso hilo en su cuenta de Twitter, Guerrero repasa la situación de los activos venezolanos en otros países a la luz de las graves amenazas que se derivan del incumplimiento de los pasivos de la República y Pdvsa, que el gobierno de Nicolás Maduro excusa por los efectos financieros de las sanciones impuestas por Estados Unidos, un argumento que es ineficaz ante tribunales internacionales.

«El riesgo para los activos venezolanos es inminente. Incluso si EEUU mantiene la protección (lo cual no es seguro), ni los activos fuera de EEUU están a salvo de los acreedores convencionales, ni los activos dentro de EEUU están a salvo de las victimas de las FARC«, apunta el experto.

– Hasta las víctimas de las FARC –

Básicamente, los venezolanos tienen un conocimiento general sobre dos fuentes de riesgo real para el patrimonio exterior del país: los acreedores financieros que poseen deuda venezolana no pagada, que incluyen a los tenedores de los bonos Pdvsa 2020, cuyo colateral es el 50,1% de las acciones de Citgo y las empresas que han ganado procedimientos de arbitraje internacional, como la minera cerrada canadiente Crystallex y la estadounidense ConocoPhillips, por las expropiaciones hechas en los últimos 20 años.

Sin embargo, Guerrero identifica a otra amenaza dentro de Estados Unidos: las víctimas de la guerrilla colombiana, específicamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se han amparado en la Ley de Seguro por Riesgo de Terrorismo (TRIA) de EEUU para demandar resarcimiento con activos venezolanos, usando el argumento de la presunta colaboración del ejecutivo nacional con estas fuerzas irregulares.

Dice el economista Guillermo Guerrero: «Tribunales americanos han decidido que el gobierno venezolano es una instrumentalidad de las FARC debido a los vínculos de Chávez y Maduro con el grupo. Esto es crítico, ya que TRIA permite ignorar la inmunidad soberana y no requiere licencias de la OFAC para los embargos«.

De acuerdo con los cálculos de Guerrero, Venezuela tiene al menos 400 millones de dólares en riesgo de ser requeridos por víctimas de la FARC, ya que se trata de activos totalmente desprotegidos, ya que las eventuales demandas no pueden ser obstruidas por licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

Entre esas propiedades en riesgo se encuentran empresas mixtas en las cuales Pdvsa tiene participación.

«En los últimos meses algunos acreedores han tenido éxito en tomar activos externos venezolanos. @cohenluc reveló hace poco que el banco puertorriqueño BSJI recibió autorización de un tribunal portugués para embargar fondos de Pdvsa en una cuenta de Novo Banco».

Y añade en otro tuit: «Hay que resaltar que OFAC le dió a BSJI una licencia para ello. La cuenta puede tener $1.600-1.800 millones a nombre de varias entidades del gobierno venezolano, incluyendo PDVSA, Bandes y el BCV. Además de BSJI, O-I Glass y ConocoPhillips también quieren cobrarse de estos fondos».

«Conoco está en proceso avanzado para embargar fondos que Jamaica le debe a PDVSA por Petrocaribe. Aquí puede haber hasta $115 millones, aunque también debe haber fondos por la expropiación de Petrojam por el gobierno jamaiquino», añade el experto financiero.

-Cortes estadounidenses pierden la paciencia-

El economista Guillermo Guerrero sostiene que a los llamados acreedores tradicionales no les ha ido bien, por las licencias de la OFAC; sin embargo, «las cortes americanas parecen haber perdido la paciencia. Hay que entender que proteger los activos venezolanos de forma indefinida implica degradar el estatus de EEUU como centro financiero global, ya que perjudica los intereses de los acreedores «.

«Este cansancio quedó plasmado en la lapidaria sentencia del Juez Stark (que preside la corte de Delaware donde está localizado el caso de Crystallex, entre otros. NdR), quien escribió que ´cada día que Crystallex no recupera su sentencia es una afrenta al sistema judicial de los EEUU’. De igual forma, el juez calificó al país (Venezuela) como un ´deudor altamente recalcitrante´», recuerda el especialista en inversiones en renta fija de EMFI Securities.

Hay que recordar que este magistrado ya emitió una sentencia que ordena preparar la subasta de las acciones de Citgo para pagar a la minera canadiense ahora inoperante por quiebra, aunque exista una licencia específica que protege a la filial de Pdvsa.

El otro juicio relevante, tramitado en Nueva York, donde el equipo legal de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos, pidió la definitiva anulación de los bonos Pdvsa 2020 y, por ende, la extinción de la deuda que genera, fue ganado por los tenedores y ahora está en proceso de apelación, pero las apuestas están en contra de la parte venezolana.

– Sin capacidad de respuesta –

«Al mismo tiempo, la capacidad de respuesta del gobierno interino está muy disminuida. De hecho, en la última ronda de rendiciones de cuenta de las juntas ad-hoc y Procuraduría Especial, la solicitud de presupuesto para la defensa de los activos fue un tema recurrente», sostiene el economista Guillermo Guerrero en su extenso hilo de Twitter.

«Las deudas con los bufetes internacionales han llevado a una situación muy preocupante: la procuraduría (designada por Guaidó) ha introducido cartas excusándose de participar en varios juicios por la falta de presupuesto para contratar abogados».


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