Saab abre investigación contra implicados en supuesto golpe recién develado

// AVN

Saab abre investigación contra implicados en supuesto golpe recién develado



El Ministerio Público (MP) abrió una investigación penal contra civiles y militares en retiro implicados en el intento de golpe de estado que tenía previsto perpetrar la ultraderecha para el 23 y 24 de junio contra el Gobierno constitucional del presidente de la República, Nicolás Maduro.

“El golpe también contemplaba acciones armadas que provocarían decenas o miles de muertes, entre civiles y militares”, expresó este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

Desde la sede del Ministerio Público detalló que por las investigaciones se precalificaron los delitos de terrorismo, conspiración, homicidio frustrado, traición a la patria y asociación para delinquir.

“A estos sectores no les gusta el debate político, quieren bañar de sangre el país, socavar la estabilidad democrática y sembrar el caos”, enfatizó Saab.

Precisó que entre los investigados se encuentran: Eduardo José Báez, Antonio Rivero, Ángel Ortíz, Ramón Antonio Lozada, Manuel Christopher, Raúl Isaías Baduel, Carlos David Guillén, Rafael Huizi Clavier, Miguel Castillo Cedeño, Pedro Caraballo, Rafael Acosta Arévalo, así como José Gregorio Valladares, Clíver Alcalá y Josenars Baduel.

El fiscal general resaltó que para la investigación fue designado el fiscal 38º Nacional con competencia plena.

– Comisión de la verdad –

Por otra parte, el Ministerio Público (MP) solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) una reforma a la ley constitucional para el funcionamiento de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública para incluir en sus procesos de investigación hechos violentos perpetrados por la ultraderecha entre enero y febrero de 2019.

«Hemos querido priorizar también la violencia ocurrida este año y los intentos de golpe de Estado del pasado 30 de abril y el que se acaba de develar para el mes de junio», expresó el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

Saab detalló que la comisión ha otorgado beneficios procesales a 193 personas privadas de libertad, a quienes se les concedieron medidas sustitutivas propuesta por la comisión en diciembre de 2017, junio y octubre de 2018.

«En todas las medidas otorgadas ha tenido, por supuesto, actuación determinante el sistema de justicia, tanto el Ministerio Público como los tribunales acompañados por la Defensoría del Pueblo que hace funge de buena fe y garante», resaltó el fiscal durante el balance anual de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.

Señaló que la comisión, dentro de las atribuciones que la ley le confiere, otorgó medidas de atención integral a 107 ciudadanos, que son familiares de 50 fallecidos durante la violencia política perpetrada en 2017.

«Cada grupo familia fue objeto de un estudio socioeconómico individualizado, que determinó las necesidades de atención de cada núcleo familiar y las medidas de asistencia integral aplicables a cada caso», remarcó.

Resaltó que en medio de las medidas se anexan asignaciones monetarias vitalicias para los jefes de hogar, así como a los niños y adolescentes que se encuentren en edad escolar.

Asimismo, subrayó el acompañamiento jurídico, la atención psicológica y psiquiátrica, así como las medidas de protección social, entre las cuales resaltan viviendas, empleos, pensiones del Seguro Social y becas educativas.

La concesión de beneficios procesales forma parte de un proceso de renovación política, como parte de las seis líneas de acción de la gestión gubernamental para el período 2019-2025. De igual modo, representa «un intento firme, sólido, para el reencuentro y la reconciliación de los venezolanos y para decir ‘No’ a la violencia», expresó Saab.

El funcionario informó que 120 víctimas directas e indirectas recibieron orientación y acompañamiento jurídico, y resaltó que la comisión efectuó una revisión exhaustiva en los expedientes de 184 fallecidos en 2017, que se encuentran en las fiscalías del MP y en las oficinas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Precisó que se han realizado 13 investigaciones temáticas especiales para conocer los factores que han desarrollado los hechos de violencia política, así como detalló que fueron entrevistadas 715 víctimas directas e indirectas.

El fiscal general resaltó que entre las investigaciones destacan la utilización de niños y adolescentes, violencia contra la mujer y hechos de violencia política ocurridos durante 2013, 2014 y 2017, así como el golpe de estado y el paro petrolero de 2002.

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