El presidente de la República presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, entre otras, la Ley Constituyente de Abastecimiento y Precios Acordados.

Previamente a la presentación de esta Ley ante la ANC el presidente nombró “tres elementos” que han “atacado” su gestión. En una práctica discursiva ya conocida, como sería crear un preámbulo señalando a terceros como responsables de la crisis económica y del fracaso de las políticas públicas antes de cada nuevo anuncio en materia económica; se reitera y amplía la lista de responsables del fracaso del modelo económico socialista:

  1. El Modelo de Guerra Económica -a pesar de que esta tesis no cuenta con microfundamentos-.
  2. El Quiebre “Prematuro” del Modelo Petrolero -a pesar que desde los años 70s economistas en Venezuela ya habían realizado la advertencia-.
  3. El Bloqueo y Persecución Financiera a Venezuela.

El anuncio de un sistema de Precios Acordados podría resultar un eufemismo para aplicar más de lo mismo, controles de precios, en una estrategia muy utilizada por el Gobierno y en extremo agotada como sería cambiarle el nombre a una misma política a pesar de su evidente fracaso o ineficiencias. Las razones pueden ser desconocimiento de la materia económica o por conveniencia de que las políticas monetaria, de transferencias y de gasto utilizadas populistamente y generadoras de presión inflacionaria y pérdida de confianza en el signo monetario; sigan siendo utilizadas como “comodín de política” de corto plazo.

Sin embargo destaca el reconocimiento público que hiciera el presidente de la República, y que posteriormente replicara ministros y ex ministros de la cartera económica, que un Congelamiento Generalizado de Precios sería contraproducente y un error de política; muy a pesar que sus bases clamaban al Ejecutivo Nacional y a la ANC dentro del primer orden de políticas, el económico, tal congelamiento generalizado. Lo anterior podría explicarse por una tardía y accidentada comprensión de que los controles de precios generan desabastecimiento y aumentan las presiones inflacionarias, a la par que pinzan los márgenes de los oferentes poniendo en riesgo puestos de trabajo, oferta de bienes y servicios y pago de impuestos -perdiendo igualmente su efectismo político propagandístico populista-.

Aún así, el Gobierno sigue entrampado en su retórica socialista e intervencionista, y si bien el uso de Providencias Administrativas fijando y congelando precios por medio de la SUNDDE había dejado de ser masivo; al no atenderse las causas de la inflación y continuar el crecimiento de los precios e incluso acelerándose; “obligó” al Ejecutivo a continuar utilizando su estilo político y de “políticas públicas”:  la retórica intervencionista y el control.

Quien haya tenido la oportunidad de haber estado cerca de los actuales tomadores de decisiones públicas, sabe que para el Ejecutivo Nacional fue más fácil aprobar los controles de precios desde el 2003 de lo que sería desincorporarlos del discurso y de las políticas públicas-regulatorias, especialmente si el Gobierno no iba a estar dispuesto a reconocer que el único y principal responsable de la inflación son ellos mismos -por lo que los controles de precios han resultado inocuos cuando no distorsionantes-.

Entrando en materia, el vicepresidente de la República, El Aissami,  habría dicho posteriormente a la presentación de la Ley ante la ANC: “Vamos a invitar a todos los productores de los rubros regulados para acordar y construir de manera colectiva la estructura de costos para sincerar los precios de la materia prima, para garantizar la producción al 31 de diciembre con un precio de venta máximo”.

Quien tenga nociones de economía y especialmente en materia regulatoria y de competencia, habrá quedado estupefacto ante esta declaración. En sectores con heterogeneidad entre los oferentes, con diferencias en sus escalas operativas, o en aquellos sectores que presenten cierta sub-aditividad en sus estructuras de costos, así como economías de escala y de alcance; tal medida resultará en un incremento de precios y en una eventual asignación ineficiente de recursos en una economía con una extremadamente mermada capacidad de compra de los consumidores y de los hogares -se cometería errores que inducen efectos negativos del tipo Starfish acuñado por Paul Seabright y analizado en nuestro artículo: http://www.bancaynegocios.com/propuesta-oficialista-de-regular-las-estructuras-de-los-mercados-tanto-horizontales-como-verticales/ -.

Otra característica de mercados de consumo masivo, como aquellos de los 50 productos que serán sometidos al sistema de Precios Acordados, es que la demanda, especialmente la sección de consumidores con baja capacidad de pago pero significativa en su numero, actúan como una especie de “competitive constraints” en la fijación de precios. En este sentido, un acuerdo concertado de precios, podría facilitar una solución tipo colusiva al hacer del regulador el ejecutor de un acuerdo creíble de fijación marginalista de precio único.

El Gobierno no ha podido comprender que resultan dos cosas distintas, por un lado la regla de reparto del valor del bien o del producto a lo largo de la cadena vertical de valor y por el otro lado la pérdida de eficiencia asignativa. No es que no tengan relación alguna, pero la primera suele asociarse con un tema de equidad y la segunda de eficiencia económica, y ninguna de las dos tiene nada que ver con la inflación. Más allá, los problemas, entre otros de poder de mercado a lo largo de la cadena vertical de valor, suelen resolverse por medio de acuerdos y contratos verticales entre privados, sin intervención del Estado y sobre los cuales existe presunción de inocencia y eficiencia. Al no conocerse y no comprenderse este tema, lo más probable es que se erre en materia de diseño de políticas públicas y regulatorias. Sugerimos al Ejecutivo Nacional revise los aportes que a la teoría económica y al diseño de políticas regulatorias han realizado las áreas laureadas con Premio Nobel de Economía 2014 y 2016, a saber la Teoría de la Organización Industrial y la Teoría de los Contratos.

En materia técnica-regulatoria que implique el interés público económico incorporar consejos comunales y grupos de interés a la administración y seguimiento del sistema de Precios Administrados, constituye delegar materia propia del Estado o del regulador de índole pública a particulares con intereses propios y desconocimiento de la economía y la regulación. Con estas eventuales intensiones políticas-populistas el Estado y más propiamente dicho el Gobierno está reconociendo su fracaso de gestión, su falta de intereses en atender las verdaderas causas y no los efectos. Valga decir que resulta falso la preocupación gubernamental por el consumidor, ya que se la ha conculcado su soberanía como verdadero rector de quién produce, qué y cuánto, y hasta la normativa de protección al consumidor le fue derogada.

El hecho cierto es que no existe contenido ni detalle sobre en qué consistirá el sistema de Precios Acordados, cuál es su metodología, ni eventuales fórmulas de cálculo. ¿Será derogada la Ley Orgánica de Precios Justos? ¿Los controles de Precios Acordados aplicarán solo sobre 50 rubros de productos?

Ante lo anunciado parece que se continuará utilizando mecanismos de bajo poder de incentivo como son los controles de precios basados en estructuras de costos. Así las cosas, seguirá complicándose la libre fijación de precios basadas en valor por parte de las empresas y la competencia, que en muchas ocasiones resultan socialmente deseables. ¿Seguirá aplicándose una regulación de la rentabilidad y/o  a la ganancia a pesar de que estos mecanismos regulatorios son altamente distorsionantes y en desuso a nivel mundial?

En otro orden de ideas, si bien todo lo anunciado en materia económica por parte de Ejecutivo Nacional es más de lo mismo y no tendrá efectos positivos sobre la economía; como ya lo advirtiéramos en un análisis previo a los anuncios del presidente de la República -ver: http://www.bancaynegocios.com/comision-de-economia-de-la-anc-llego-el-lobo/ -, leyes como la eventual Ley Constituyente de Impuestos a las Grandes Fortunas y Patrimonio y la Ley Constituyente del Régimen Especial Tributario para la Protección Social del Pueblo y las Sanciones a los Delitos Económicos, resultan expoliadoras -utilizadas desesperadamente como último recurso ante la nula generación de actividad económica y riqueza en el país- y altamente distorsionantes e injustas, respectivamente.

Economista UCV. Profesor de Economía Gerencial, UNIMET. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid.

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