Populismo, gratuidad y engaño: caso precios

// Enrique González *



Las buenas intenciones no bastan, requieren un buen y eficiente diseño de las políticas públicas. En el caso del populismo, las “buenas intenciones” no son tales.

De qué sirve prometer jubilaciones universales, bonos al desempleo, a las madres, a los discapacitados, a los jóvenes, ciertamente todos población vulnerable, si primero, no se contesta la pregunta y se diseña el mecanismo idóneo sobre cómo se financiará tales políticas, y segundo, si no se controla la inflación y sus fuentes, o peor aún, se financian estas políticas no vía impuestos o mecanismos sostenibles sino vía déficit y monetización inflacionaria del gasto público.

De qué sirve -salvo con intenciones irresponsables populistas electorales- criticar países que se preocupan por el financiamiento y la sostenibilidad de sus políticas sociales y especialmente las de jubilación, si en Venezuela, el Gobierno promete jubilaciones de un dólar estadounidense al mes, dada su falta de responsabilidad en la estabilidad de la moneda.

Lo mismo ocurre con el tema precios. Cuando los economistas utilizan la frase «no hay almuerzo gratis», quieren significar que en un mundo de recursos limitados, y múltiples necesidades por parte de la población, alguien tendrá que pagar los costos de proveer los bienes y servicios, o de las políticas públicas, por más que estas prometan acceso libre o gratuidad para los beneficiados.

La tesis oficialista y gubernamental de que los precios constituyen un mecanismo de explotación al consumidor final, de lesión al bienestar social y de inequidad, expuesta en el artículo titulado “El poder del precio” publicado en el portal Web oficialista “15 y Último” y analizado por nosotros en nuestro artículo “El precio y su microeconomía: grandes ausentes”, desconoce la importancia y la función social del sistema de precios (obviamente con intenciones de conculcar libertades vía regulación).

El mercado, su sistema de precios y el precio en sí mismo constituyen un sistema social de valoración de bienes y servicios, de bajos costos y alta eficiencia de coordinación social. Los precios de mercado no solo tienden a mostrar la valoración social por un bien y/o servicio, sino que visto desde la perspectiva del costo de oportunidad en el uso de recursos escasos, garantiza corresponsabilidad por parte del usuario o consumidor, y uso eficiente de los recursos.

No debe confundirse el problema de pérdida de poder de compra de la moneda, de sueldos y salarios en términos generales producto de la inflación y la falta de confianza en la moneda, con el nivel de precios de un producto en particular. Un ejemplo extremo lo constituye un precio regulado por el más populista de los reguladores y valor no nulo, y la imposibilidad de acceso al producto por parte de un desempleado de ingresos y patrimonio nulo.

De hecho, un alto precio justificado por elevados costos de la tecnología, podría encontrar solución al acceso, no vía control de precios a nivel de destrucción de riqueza por debajo de costos, sino vía una fuente de financiamiento. Ejemplo de ello, el sector salud y los mecanismos de pooling risk para financiar el acceso a servicios y productos médicos y farmacéuticos (no exento de discusión respecto al diseño del mecanismo específico en cuestión).

Aun cuando eventualmente controversial, desde la perspectiva del bienestar social, el argumento conocido como la defensa de pass-on sobre la demanda, explicaría cómo en situaciones, casual y especialmente, de alta valoración de ciertos bienes y servicios, entre otros manifiesto a través de una alta pendiente de la demanda y de su nivel de intercepto sobre el eje de las ordenadas -en un extremo una demanda perfectamente inelástica- no se produce mayor pérdida de peso muerto o destrucción del bienestar social por más que la empresa posea cierto poder “unilateral” en el proceso de fijación del precio.

De hecho, una demanda con estas naturalezas, con correlación entre la valoración del bien y la disponibilidad a pagar por el mismo, tenderá a determinar importantes aportes de los excedentes de los consumidores al bienestar social -especialmente en un mercado de pool con un precio único y sin discriminación de precios-.

Una excepción pudieran ser precios catastróficos sobre bienes altamente valorados y de baja disponibilidad de pago por parte de los consumidores -sin sustitutos-, por ejemplo el bien salud. Pero aún en estos casos el origen del problema no tiene por qué ser el precio sino la depauperación del poder de compra del bolívar, de sueldos y salarios -ya mencionábamos supra una de las soluciones, nunca sustituta de la responsabilidad del Gobierno de cortar las fuentes políticas de la inflación-.

 

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London. 

 

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