Para luego es tarde

La experiencia venezolana puede servir para convalidar la necesidad de principios fundacionales básicos, más allá del imperio de la ley, el Estado de Derecho y la independencia de poderes.

En materia económica resulta interesante comprender que sin crecimiento económico difícilmente objetivos de inclusión, inserción y democracia podrían lograrse. De hecho, por contradicción parece sencillo comprender que en sociedades rentistas, por naturaleza concebidas como juego suma cero, debe existir una estructura de dominación que proteja los intereses de aquellos ganadores –siempre una minoría- en detrimento de una mayoría marginada y sometida.

En este orden de ideas, una sociedad debe compartir y proteger la generación de bienestar y riqueza, a partir de la cual objetivos de redistribución e inclusión resultan posibles. Una sociedad de redistribución de pérdida permanente de bienestar no parece normativamente lógica, e incluso en la práctica poco sostenible. Por el contrario, su sostenibilidad levantaría sospechas de intereses particulares al respecto o sobre enormes problemas de miscoordination que la condenan.

En todo caso, instituciones económica-jurídicas mínimas coadyuvan a evitar tales trampas de pobreza y contra el bienestar y el desarrollo.

Derechos de propiedad bien y ampliamente definidos y protegidos, y un principio de acción pública y regulatoria que tenga como objetivo primordial la eficiencia económica, permite crear los incentivos para crear riqueza y bienestar.

Así las cosas, una política de competencia, como políticas públicas y regulatorias orientadas al mercado y a la competencia, constituyen, causalmente, una de las piedras fundacionales del bienestar en sociedades con altos estándares de calidad de vida, bienestar social y riqueza.

Todo lo anterior no constituye catálogo alguno de buenas intenciones, por el contrario, constituye principios “consecuencialistas” –basado en sus consecuencias y los efectos netos positivos en favor de las mayorías y el bienestar social- que resultan incontrovertibles y que evitan la administración y el diseño oportunista de las políticas públicas, así como la imposición de una sociedad suma cero.

La tragedia económica y social actual en Venezuela constituye clara evidencia de un régimen que impone una sociedad suma cero, destructiva, que condena el presente y futuro de las mayorías.

Carente de legitimidad en el ejercicio y sus resultados, y notoriamente en su origen en la actualidad, la sociedad venezolana debe trabajar para recuperar el país, sus instituciones y su futuro.

Todas aquellas iniciativas que apunten a superar un régimen expoliador y destructivo que nos ha impuesto la lógica de vida suma cero estaría justificada en aras del bienestar colectivo.

El costo de oportunidad colectivo de permanecer bajo este régimen es elevadísimo e injustificado. Solo los beneficiarios o cómplices de tamaño injusticia que nos gobierna podrían pensárselo dos veces.

*Enrique González es economista de la UCV