Expertos | Colapsa sector automotriz: ¿cómo prender un motor que no funciona?

// Por: Enrique González

Expertos | Colapsa sector automotriz: ¿cómo prender un motor que no funciona?



La banalidad y desidia con la que se gobierna el país es verdaderamente espeluznante. Existen sectores económicos que previamente a las sanciones de Estados Unidos hacia el régimen de Maduro, e incluso antes de la caída de los precios del petróleo, entraban en una tendencia de contracción que no se ha detenido desde el año 2007. Ejemplo de ello lo constituye el sector automotriz venezolano.

Si bien hablar de capacidad instalada ociosa puede, en una primera instancia, no tener sentido dada la necesidad de readecuación de las plantas, la destrucción del tejido industrial e incorporación de partes y valor en los vehículos, y dado el mermado poder de compra de la moneda local, así como la depauperación de la demanda de los venezolanos; más que la inacción, pronunciamientos públicos sobre supuestos planes de reactivación vacíos de contenido, de diseño, mecanismos e instrumento de políticas concretas e instrumentalización dan muestra de una forma de gobernar la economía y la poca o nula prioridad de esta última ante la política (o el poder más propiamente dicho).

El sector automotriz venezolano que superó el récord de ensamblaje de vehículos en 2007, con más de 170.000 unidades (mientras se comercializaron cerca de medio millón de vehículos en ese mismo año) presenta niveles de contracción, tanto en lo que respecta a ensamblaje como en la comercialización, que superan el 99,4% comparados con los resultados de hace 12 años.

El mercado se ha constreñido al punto que, a julio de 2019, las ventas totales acumulan 1.041 unidades, de las cuales 53,41% fueron importadas (durante el año 2018 para el mismo mes en términos acumulados, las unidades importadas representaban 1,60%).

El ensamblaje de vehículos ha colapsado completamente y se acerca a la paralización. En julio de 2019 se ensamblaron 65 unidades, número que al compararlo con el de julio de 2018, de 138 vehículos, representa una caída de 52,90%. En términos acumulados el número de unidades ensambladas hasta julio de 2019 asciende a 271 versus las 596 unidades hasta el mismo mes del año pasado, lo que implica una reducción de 54,53%.

Parte del desempeño anterior se explica por el deterioro de las condiciones en las cuales se encuentra el sector industrial venezolano para continuar desarrollando actividades económicas que, en los casos de sectores complejos, como el automotriz, podrían encontrarse exacerbadas.

El Ejecutivo Nacional ha anunciado a lo largo del año 2019 que reimpulsará al sector automotriz sin que se haga público o se conozca un programa formal, y los instrumentos por medio de los cuales se llevará a cabo dicho objetivo.

Los medios de comunicación oficiales reseñan la noticia referida a que el Ministerio de Comercio Nacional junto con el sector automotriz revisa el Reglamento Técnico del Control del Número de Identificación Vehicular (Número VIN). El número VIN o Número de Identificación Vehicular es una identificación que que refiere a un código mundial del fabricante, descriptor del vehículo y una sección identificadora del vehículo. El racional es que constituye un estándar, por significar un “idioma” mundialmente entendido y en consecuencia comprensible a escala internacional.

Ahora bien, este tipo de esfuerzos, que buscan ajustarse una norma técnica y no estricta y exclusivamente al tema económico, parece tener poca incidencia para revertir la situación de postración industrial en el sector.

Resulta cierto que muchas de las condiciones que requiere el sector automotriz venezolano son necesarias igualmente para el resto de los sectores industriales, e incluso para las áreas de servicios y comercio. Más allá, sin que dichos temas transversales sean resueltos, parece difícil que resulte suficiente como para reactivar sectores industriales por más que ciertos detalles idiosincráticos sean tratados y resueltos.

Temas transversales como la estabilidad de la moneda y el control de la inflación que permitan planificar y tomar decisiones, tanto a oferentes como demandantes, resultan fundamentales. Reconstituir el poder de compra de los venezolanos constituye un objetivo primordial, multifactorial, de mediano plazo que debe haberse iniciado hace tiempo.

Por ejemplo, una estabilidad macroeconómica que permita niveles razonables de tasas de interés reales positivas que incentiven la recuperación del ahorro y su canalización al financiamiento de bienes durables como los vehículos, no ha sido tratado por el ejecutivo nacional.

Una política de compras gubernamentales que valore una precalificación en favor de los incumbents industriales, por medio de mecanismos de competencia por el mercado, que permitan transparencia y valoración de los activos instalados en el país, no ha sido conocida públicamente. Este tema resulta importante en la medida que el parque automotriz de transporte público en el país, así como el propio modelo de transporte público terrestre urbano, resultan obsoletos o se encuentran desfasados en comparación con modelos exitosos a escala mundial.

Adicionalmente, el tema de los ajustes del precio del combustible, con su efecto directo sobre el uso de los vehículos y la necesidad de contar con alternativas de movilidad, poco ha sido tratado, a pesar de su relevancia, ya que el vehículo es un bien duradero cuya adquisición y uso dependerá de los mercados de consumibles, respecto a los cuales el de combustible, en otros países, suele ser el de mayor relevancia, obviamente por el tema precio.

Una política de incentivos fiscales que facilite la recapitalización y readecuación de las plantas, constituye una labor pendiente.

Un marco institucional laboral y cambiario que posea la flexibilidad suficiente tanto a la hora de inyectar e incorporar recursos y factores a la actividad económica, como para repatriar dividendos o adecuar los factores contratados a la realidad económica y de la demanda doméstica, constituyen condiciones mínimas coherentes y garantías a las inversiones y a los derechos de propiedad.

El acceso a servicios públicos con garantía de provisión suficiente y continua constituye un elemento esencial, que se otorga de manera regular en cualquier otro país donde se encentran instalaciones industriales de envergadura y/o semi-pesadas.

Si bien existen bienes públicos que parecen resultar “suntuarios” o “de lujo” para economías pobres, en el país las iniciativas y políticas orientadas a conservar un parque automotriz en buenas condiciones y de baja contaminación no han sido efectivamente desarrolladas, en lo que la industria podría contribuir notablemente –y lo ha hecho, por ejemplo, específicamente, y solo por mencionar un caso, con el cumplimiento de sus deberes referidos al Plan del Gas Natural Vehicular-.

El sector automotriz venezolano ha mostrado estadísticas de producción y ensamblaje de partes, piezas y vehículos en períodos en los cuales no ha existido control de cambios en el país. En este sentido, hay evidencia de su operatividad en un marco institucional económico estable en el pasado, no distinto al que eventualmente ha podido gozar la industria en otros países de la región.

Un gobierno cuyo objetivo, efectivamente sea la reactivación de la economía nacional, debe trabajar de la mano con el sector privado –el que mejor conoce sus operaciones y requerimientos- lo que en ningún caso significa dejar de ejercer su función rectora.

Un argumento basado en eficiencias para que el gobierno trabaje de la mano con el sector privado, justamente producto de problemas de asimetrías de información, es que, respecto al desarrollo de actividades económicas creadoras de riqueza, los privados son los primeros interesados y, en ocasiones, los mejores dotados y con menor costo para proveer información relevante para el diseño de políticas públicas e industriales.

Lo anterior resulta equivalente a pensar que los incentivos para captar parte del valor creado en las actividades productivas e industriales llevan a los empresarios privados a llevar fácilmente la carga de la prueba, en términos de eficiencias y requerimientos, para que los mercados y los sectores funcionen de mejor forma. Esta naturaleza debería ser aprovechada por un gobierno eficiente que crea y base el diseño de sus políticas en mercado y la competencia.

* El autor es Economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV)

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