El inicio, análisis de impacto regulatorio para Venezuela

// * Enrique González

El inicio, análisis de impacto regulatorio para Venezuela



Hablar del inicio de algo en ocasiones resulta más fácil e incluso viable que hablar del fin de otra cosa, especialmente cuando los dolientes de esta última son quienes tienen toda la fuerza estratégica para determinar el devenir de los eventos y los resultados inmediatos. Sin embargo, la realidad es cambiante y los incentivos, pagos y estrategias podrían cambiar más allá del corto plazo. Por eso nos referimos “al inicio”, circunscribiéndolo a la materia económica, a la necesidad de construir instituciones que sirvan de mecanismos de check and balance del modelo económico destructivo imperante.

Tenemos más de dos lustros escribiendo sobre la necesidad de instituciones robustas que sirvan de contrapeso y advertencia, en favor de la sociedad y en contra de malos modelos económicos y políticas públicas erradas.

Ciertamente, indistintamente del corte político de los administradores del Estado y del Gobierno, estos no estarán muy contentos e interesados en que existan instituciones independientes -cuando menos de estos- que puedan advertir a la sociedad sobre el mal rumbo de las acciones públicas y sobre los riesgos de lesión a la sociedad producto de políticas públicas propuestas e instrumentalizadas por el Gobierno.

Lo anterior cobra especial significado con la actual administración pública.

Pero adicionalmente, si queremos coadyuvar a que se produzca un cambio en la sociedad venezolana debemos contar con ciudadanos conscientes y capaces de discernir sobre el efecto de las políticas públicas, y para ello resulta necesario la información para que se entiendan como diligentes finales de las malas políticas públicas.

Espacios, esfuerzos, entes u ONG independientes que tengan por objeto y capacidad técnica advertir a la sociedad sobre el costo social de ciertas decisiones públicas, respecto a determinado modelo económico y en torno a ciertas políticas públicas, por un lado eleva el costo político de acciones públicas erradas, miopes u oportunistas, pero por el otro lado crea ciudadanos residual claimants o dolientes finales.

Venezuela debe contar con un espacio de análisis de impacto de las políticas públicas y regulatorias que permita valorar los efectos y la efectividad de las políticas públicas y de las regulaciones en marcha; así como de aquellas que pudieran asomarse de aquí en adelante.

Dentro del primer grupo de interesados en este espacio y en esta labor se encontrarían los empresarios que no viven del modelo rentista y que ven insostenible la economía venezolana por el rumbo que va. Los otros interesados son evidentemente los consumidores y los hogares que han visto depauperar su nivel de vida reciente y violentamente.

Aún cuando parezca obvia la necesidad de este tipo de espacios, no siempre han contado con el apoyo de parte de sus eventuales beneficiarios o potenciales interesados, de hecho hemos sido testigos de lo complejo que resulta hacer ver la importancia de estos mecanismos de valoración económica de las políticas públicas, no en el corto plazo necesariamente, sino en el mediano plazo. Ya han pasado más de 10 o 15 años desde que asomáramos ante instituciones concretas, incluso formalmente la necesidad de este tipo de espacios de análisis de impacto de las políticas públicas y regulatorias. En ocasiones se han buscado y utilizado estrategias alternativas efectistas de corto plazo, generalmente carentes del contenido, siendo que un espacio de análisis de impacto regulatorio le prestaría justamente el soporte argumental, de evidencias, de contrastes, de propuestas alternativas -por lo que no habría que concebirlas como sustitutas ni excluyentes-.

El problema es un tema pragmático, realizar propuestas coherentes, independientemente de quien las tome suyas posteriormente y pueda llevarlas a cabo, se basa en el beneficio colectivo, en el sentido común, y obviamente en una premisa de desinterés político al respecto.

Reiteramos que aun cuando son necesarios estos espacios técnicos de valoración de los impactos de las políticas públicas, el hecho cierto es que en Venezuela carecemos de estas iniciativas y esfuerzos, que no tendría que ser uno exclusivamente. Por sorprendente que parezca, muchos protagonistas del rechazo al presente modelo económico no han comulgado con la idea de crear este tipo de espacios e incluso han rechazado iniciativas de este tipo, lo que en nuestra humilde opinión no los diferencia en nada de los actuales tomadores de decisión en materia pública, económica y regulatoria.

La solidez con la que entendamos la necesidad del cambio de modelo económico pasa por fundamentarlo, y específicamente en materia productiva, microfundamentarlo. Nuevamente asomamos, más que nunca, algo que habíamos advertido a actores relevantes antes de las elecciones presidenciales, que independientemente de ese evento, se iba a requerir más que nunca en Venezuela un espacio de análisis económico del derecho, análisis del impacto de las regulaciones y de análisis coste-beneficio de las políticas públicas.

Ahora que el presidente de la República asoma un “nuevo sistema de precios no neoliberal”, mayores amenazas y controles, y que eventualmente podría avanzar la Asamblena Nacional Constituyente con la redacción de una nueva Constitución Nacional, se requiere este tipo de espacios robusto.

Bien sea para elevar el costo político de erradas políticas públicas y regulatorias, bien sea para corregir el rumbo de otras, bien sea para hacer entender a los ciudadanos que terminan siendo los dolientes finales de políticas “preñadas” de buenas intenciones y de pésimo diseño y resultado, sea que quiera aplicarse caducidad y nulidad sobre regulaciones inocuas o que causan distorsiones, sea para proponer un país distinto, este tipo de espacios se ha requerido desde hace muchísimos años. Continuar haciendo lo contrario podría implicar un despilfarro de esfuerzo, apostándole a un accidente y no a un cambio por convicción.

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid.

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