Ejecutivos de Banesco detenidos aún no han comparecido ante un juez

// EFE


Los 11 ejecutivos de Banesco que fueron detenidos la semana pasada aún no han comparecido ante un juez y es la principal preocupación que expresaron los dos apresados de nacionalidad española al embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, quien los visitó este miércoles.

«No han comparecido ante un juez, está cerrado el juzgado y esta es la principal preocupación que han expresado pues no han podido declarar ni exponer sus puntos de vista», dijo Silva.

Señaló que la defensa de los 11 detenidos no ha tenido acceso al expediente que se ha levantado contra los directivos.

«Han explicado que tienen la conciencia muy tranquila porque consideran que no han cometido ningún delito», apuntó el diplomático.

Silva indicó que los detenidos «se encuentran bien de ánimo, están en buen estado de salud, han sido bien tratados en la prisión».

El embajador logró ver a los dos directivos de nacionalidad española tras solicitar la visita consular en la prisión llamada La Planta en un espacio que aunque está destinado a presos extranjeros, ha acogido a todos los ejecutivos de Banesco, de acuerdo con la información obtenida por Silva.

Los directivos de Banesco fueron detenidos el 2 de mayo y un día después el gobierno de Nicolás Maduro anunció la intervención de Banesco por 90 días ante la presunta comisión de delitos financieros.

El Gobierno aseguró que esta medida se enmarca en el operativo contra «mafias económicas» llamado «Manos de Papel» con el que espera «reconducir la administración del banco, saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita» que favorezca la comisión de delitos financieros».

Según las autoridades venezolanas, el banco hizo un «uso indebido» del dinero «para la distorsión del mercado cambiario» que opera en el país en paralelo al estatal.

El presidente de Banesco Internacional, Juan Carlos Escotet, aseguró que luchará «hasta el final» por su banco en Venezuela y calificó la medida de «política».

El banquero ha asegurado que «no hay razones financieras que justifiquen la intervención administrativa ni por un día, mucho menos por 90 días».

Te podría interesar también