Dinero estacionado: ¿Qué se puede esperar del encaje legal en Venezuela?

// Freddy Campos


A menudo se considera el encaje como aquel porcentaje del total de los recursos en manos de la banca que ayuda a equilibrar las operaciones al mantenerse como reservas en el Banco Central. 

Dependiendo de en qué porcentaje se encuentre, influirá sobre las cantidades disponibles por parte de las entidades financieras para el otorgamiento de créditos y la inversión. 

Pero, ¿qué es el encaje legal? ¿Cuánto significa en términos nominales?

Se le define en forma técnica como el porcentaje de los depósitos totales que un banco debe mantener como reserva obligatoria en el Banco Central.

La ley autoriza al Banco Central de Venezuela (BCV) a fijar dicho encaje de manera discrecional. En específico, y desde el 31 de marzo de 2014, el emisor estableció que los bancos deben mantener un encaje mínimo de 31% sobre el monto total correspondiente al saldo marginal.

A principios de este mes, el encaje legal alcanzaba la cifra de 1,2 billones de bolívares (1.166.539.449.000 Bs.), tomando en consideración los aportes correspondientes tanto a la banca universal, como a la banca comercial y microfinanciera, según la data del BCV. (Un monto que, por cierto, se aproxima al total de la liquidez monetaria entre diciembre de 2013 y marzo de 2014). 

Mediante este instrumento, la autoridad monetaria influye sobre los fondos disponibles para el crédito por parte de los bancos.

Es por ello que una modificación a la baja en la tasa exigida tiene el potencial de impulsar el crédito, ya que liberaría recursos disponibles para la banca. 

Las entidades financieras entrarían entonces en competencia por otorgar más créditos, lo que incidiría en no forzar a la banca a presionar sus gastos financieros eliminando la presión sobre la obtención de fondos y por ende su encarecimiento. 

¿Qué se puede esperar del encaje legal actualmente?

En opinión del economista Luis Brusco, ex gerente de estudios monetarios del Banco Central de Venezuela y actualmente jefe de estudios de Aristimuño Herrera & Asociados, en este momento no hay señales que permitan esperar un descenso en el encaje legal. Estos recursos han sido utilizados con fines distintos al financiamiento productivo, obligando a las instituciones a colocar parte de dichos recursos en inversiones exigidas por el Ejecutivo nacional. 

A su juicio, al descartar esta opción, quedan alternativas intermedias a las que pueden recurrir los bancos para resguardarse de la inflación, que carcome sus utilidades en términos reales. Por un lado, la industria financiera podría tratar de negociar una disminución de las carteras obligatorias, que alcanzan el 56% del total de créditos que debe otorgar la banca, y en realidad representan activos no rentables dado el subsidio de la tasa y el plazo en algunos de ellos. 

«Se podrían bajar los topes de las carteras para que los bancos puedan manejar la intermediación con mejores criterios de rentabilidad», explica. 

Por otra parte, piensa que se podría generar un encaje legal remunerado que también ayude a las instituciones a rentabilizar estos fondos, ayudando por esta vía a compensar los enormes gastos de transformación en que está incurriendo actualmente el sistema como resultado de la alta inflación. 

El problema, explica Brusco, es que opciones como una liberación de tasas pasarían por una reforma monetaria y cambiaria de envergadura, que por los momentos no se vislumbra tampoco. 

Aunque el gobierno ha flexibilizado algunas políticas económicas al permitir una devaluación hasta los 640 bolívares por dólar en Simadi, moderar el crecimiento de la liquidez, así como facilitar la sinceración de los precios de productos regulados, esta tendencia parece haberse detenido en los últimos días y podría retroceder hasta reiniciar un nuevo ciclo de controles de precios y aumento de la liquidez inorgánica. 

Si esto ocurre, pronostica Brusco, el segundo semestre puede traer consigo un repunte inflacionario importante, reiniciando el ciclo observado entre los años 2014 y 2015 que llevó a la situación actual. 

Una vez más, por lo visto, la concertación entre los distintos factores económicos, en este caso particularmente el BCV, el Ejecutivo nacional y la banca, es la salida más recomendable para evitar escenarios adversos en el corto plazo. 

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