Auditoría revela irregularidades en petrolera estatal de Paraguay

// EFE / Foto: Pixabay

Auditoría revela irregularidades en petrolera estatal de Paraguay



El asesor de Transparencia e Integridad del Gobierno paraguayo, Carlos Arregui, adelantó que la auditoría realizada a la petrolera estatal Petropar revela «irregularidades», administrativas y de carácter penal, que serán detalladas en un informe que se publicará esta semana.

La auditoría, anunciada por el Gobierno en octubre pasado para dilucidar las posibles irregularidades denunciadas por algunos medios de comunicación, saca a la luz, según dijo Arregui en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de Asunción, «algunas (irregularidades) que deberán ser dilucidadas por el Ministerio Público».

Concretó que tanto esas como las de carácter administrativo fueron halladas en el «lapso comprendido entre 2016 y 2018 inclusive», es decir, durante las gestiones de la actual presidenta del ente, Patricia Samudio, como de su predecesor bajo el Gabinete del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), Eddie Jara.

Arregui explicó que la auditoría ha analizado, entre otros puntos, las «concesiones» de las estaciones de servicio con el emblema de Petropar y la comercialización «en general» de hidrocarburos por parte de la empresa.

Adelantó que el informe final de la auditoría, en el que se darán a conocer los «hallazgos y observaciones» encontradas en la compañía pública y en el que se adjuntarán «las evidencias» de las irregularidades detectadas, se publicará «a lo largo de esta semana».

El Ejecutivo de Mario Abdo Benítez ordenó la realización de la auditoría interna de la empresa en octubre, tras las denuncias de irregularidades vertidas por algunos medios de comunicación afines al expresidente Cartes.

Dichas irregularidades aludían a una transferencia de 43 millones de dólares de la petrolera, desde la entidad pública Banco Nacional de Fomento (BNF) en que estaban depositados, a bancos privados.

La actual titular de Petropar confirmó el movimiento financiero, que no obstante, contraviene una orden gubernamental por la cual todas las instituciones públicas están obligadas a depositar sus recursos en la banca pública.

Samudio negó cualquier irregularidad bajo su gestión y arguyó que la transferencia se realizó antes de que ella tuviera acceso a los registros de las firmas bancarias.

Asimismo, presentó dos denuncias contra la administración anterior y empresas distribuidoras, por un supuesto daño patrimonial al Estado de más de 500.000 dólares, por la presunta compra de combustible con un «contrato internacional viejo» que establecía la transacción a «un precio mucho más caro».

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