AN inicia investigación sobre violaciones a la propiedad por censo nacional

// AFP / Banca y Negocios

AN inicia investigación sobre violaciones a la propiedad por censo nacional


¿Expropiación masiva? ¿Herramienta de planificación? El Parlamento venezolano fue escenario de un enfrentamiento por un censo poblacional que prevé realizar el gobierno de Nicolás Maduro, y que la oposición promete boicotear.

La mayoría opositora exigió suspender el XV Censo Nacional del Sistema Estadístico, del que aún no se conoce un cronograma, según un acuerdo aprobado este martes que denunció que el propósito es confiscar las viviendas de millones de venezolanos que se han marchado por la crisis.

El más reciente censo en Venezuela se realizó en 2011 y proyectó la población en 32 millones de habitantes para 2019. Naciones Unidas estima que 3,6 millones emigraron desde 2016 por la mayor debacle económica del país petrolero en su historia reciente.

«Se quieren aprovechar de los millones que han abandonado el país», dijo durante el debate el diputado Avilio Troconiz, quien llamó a bloquear la iniciativa por considerarla, además, un mecanismo de «control social».

«Estamos obligados a organizarnos, por encima de las diferencias políticas (…), a esperar a esta cuerda de vagabundos cuando lleguen para que les salgamos al frente. No permitiremos más confiscaciones», añadió.

Pero la bancada oficialista, que se reincorporó al Legislativo hace una semana después de tres años de ausencia, rechazó las denuncias y dijo que son parte de la estrategia de la oposición desde los tiempos del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) para sembrar miedo.

«Cuando implementamos el plan de ahorro energético dijeron que íbamos a espiar a la gente» con los bombillos de bajo consumo, afirmó el congresista Elio Serrano.

«Es una herramienta para la planificación», añadió, destacando que los gobiernos chavistas han entregado 2,8 millones de viviendas subsidiadas, una cifra que según la oposición está inflada.

El censo, publicado en gaceta oficial el 23 de septiembre, prevé en su fase inicial un conteo de inmuebles y luego un empadronamiento en línea, según el gobierno.

En las propiedades censadas se colocará una etiqueta con un código de lectura electrónica QR.

Este ejercicio generará una «cédula inmobiliaria» con datos geográficos y estadísticos que serán articulados a los sistemas de información para agilizar trámites, explicó el ministro de Planificación, Ricardo Meléndez, citado por la agencia oficial AVN.

Para la logística están siendo entrenados milicianos, miembros de un cuerpo civil adscrito a la Fuerza Armada.

– Acuerdo –

Los diputados a la Asamblea Nacional aprobaron un acuerdo en rechazo al «censo nacional de localización ilegal de viviendas» promovido por el gobierno de Maduro y anunciaron la apertura de una investigación a funcionarios del régimen que violen el derecho a la propiedad.

El diputado Avilio Troconiz recordó que la Constitución establece el derecho a una vivienda digna. “Hace semanas el régimen de Maduro anunció nuevo censo. Le dan la potestad a los milicianos y a miembros Psuvistas de llegar a las casas y ver si están habitadas para continuar con el chantaje con el que han mantenido a los venezolanos con el CLAP, las pensiones o los bonos”, denunció el parlamentario.

Entre tanto, el parlamentario Arnoldo Benitez destacó que el plan “Ubica tu Casa”, promete dar viviendas a quienes no la tienen, sin embargo, recordó que el Ejecutivo no da casas, sólo las asigna, ya que nunca entregan título de propiedad, como ha evidenciado con la misión Vivienda Venezuela.

Por su parte, la diputada Deyalitza Aray exhortó a los venezolanos a que no permitan que la administración de Maduro lleve a cabo este «proceso ilegal» en sus viviendas. “No permitan que les despojen de lo que usted se ha sudado con su trabajo y sacrificio. No permitan que les despojen de heredarle a sus hijos un techo digno, no porque se los regaló ningún gobierno, sino porque se lo ganaron a fuerza de trabajo”.

En este sentido, los parlamentarios acordaron una investigación contra los funcionarios del goierno que violen el derecho a la propiedad privada y ordenen acciones como la invasión de viviendas.

El acuerdo aprobado por mayoría implica:

Exigir el cese inmediato del XV Censo Nacional del Sistema Estadístico y Geográfico, «que tiene como finalidad localizar viviendas desocupadas para despojar de ellas a sus propietarios».

Respetar el derecho fundamental a la propiedad privada consagrado en la Constitución.

Designar una comisión especial para dar inicio a un proceso de investigación a los funcionarios que «investidos de poder por parte del régimen usurpador», violen el derecho a la propiedad.

Elaborar un informe con base en las denuncias por parte de los afectados en dicho ilegal censo para atender los casos de violación al derecho constitucional a la propiedad.

Dar públicidad al presente Acuerdo y enviarlo a todas las embajadas y organismos internacionales.

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