Venezolanos lideran solicitudes de asilo en España ante persecución migratoria en Estados Unidos
Luego de la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Extranjería de España, el pasado 20 de mayo, el número de solicitudes de asilo de venezolanos en España ha aumentado 23,69%.
Venezuela lidera el número de solicitudes de asilo en España desde que entró en vigencia el pasado 20 de mayo el nuevo reglamento de extranjería. Las estadísticas reflejan un aumento del 23,69%.
Esto se explica porque a la gran mayoría de peticiones de este país se les deniega la protección internacional, pero se les concede una autorización de residencia por razones humanitarias (el 98 % en 2024).
Para el codirector de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, estos datos muestran una «relación milimétrica» con la reforma del reglamento y su calculada «disuasión» de recurrir a la vía del asilo que, en su opinión, tiene un «efecto injusto».
Detrás de este aumento, Valiente ve el desvío de la ruta migratoria por parte de muchos venezolanos que estaban en tránsito o pensando en migrar a Estados Unidos y han «reorientado su decisión» ante «la estrategia de externalización» de Donald Trump.
Peticiones de asilo de Colombia y Perú caen más de 68%
Los descensos más significativos son de dos de las nacionalidades que más solicitan protección: Colombia -cuyas peticiones han caído un 68,60 %, de las 16.967 de 2024 a las 5.328 de este año- y las de Perú, con una caída del 72,63 %, al pasar de 4.413 a 1.208.
Desde que comenzó a tener efecto la reforma, el tiempo que una persona pasa en España esperando a que resuelvan su solicitud de asilo -que pueden ser años porque el sistema acumula muchos retrasos- ya no computa para pedir después un permiso de residencia por arraigo en el caso de que la solicitud sea denegada.
De esta forma, si su solicitud es rechazada después de meses o años residiendo y trabajando legalmente en España, caerá en la irregularidad y tendrá que esperar al menos otros dos años hasta conseguir los papeles, lo que muchas ONG consideran una discriminación hacia los peticionarios de asilo.
Seis meses después de la entrada en vigor del nuevo reglamento, ya puede verse su efecto en los datos.
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