Trump firma orden ejecutiva para incrementar los aranceles a Brasil hasta el 50%
La administración de Donald Trump explicó que incrementaron aranceles para «abordar las políticas, prácticas y acciones recientes del Gobierno de Brasil que constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos».
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para elevar el arancel que se impondrá a partir del 1 de agosto a las importaciones de Brasil, en represalia por las acciones de las autoridades contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político suyo.
Trump «firmó una Orden Ejecutiva que implementa un arancel adicional del 40% sobre Brasil, elevando el arancel total al 50%, para abordar las políticas, prácticas y acciones recientes del Gobierno de Brasil que constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos«, según un comunicado publicado por la Casa Blanca.
«La Orden concluye que la persecución, la intimidación, el acoso, la censura y el enjuiciamiento por motivos políticos del Gobierno de Brasil contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y miles de sus partidarios constituyen graves abusos contra los derechos humanos que han socavado el Estado de derecho en Brasil».
El pasado 9 de julio, Trump anunció que había enviado una carta al Gobierno de Brasil (al que ya le imponía el impuesto aduanero generalizado del 10 % que anunció el 2 de abril) amenazando con un arancel total del 50 % a partir del 1 de agosto.
La carta argumentaba que el motivo para los gravámenes no era comercial, sino que responde a lo que, en su opinión, es una «caza de brujas» contra Bolsonaro.
El texto publicado hoy insiste en que Trump ha «reafirmado constantemente» su compromiso a la hora de defender la seguridad nacional estadounidense contra amenazas externas, incluyendo las que amenazan «la protección de la libertad de expresión, la protección de las empresas estadounidenses contra la censura ilegal y la exigencia de responsabilidades a quienes violan los derechos humanos».
El comunicado asegura que el Gobierno de Brasil ha tomado «medidas sin precedentes para coaccionar de forma tiránica y arbitraria a empresas estadounidenses para que censuren el discurso político, expulsen a usuarios de sus plataformas, entreguen datos confidenciales de usuarios estadounidenses o modifiquen sus políticas de moderación de contenido».
El texto asegura que «esto socava no solo la viabilidad de las operaciones comerciales de las empresas estadounidenses en Brasil, sino también la política de EE.UU. de promover elecciones libres y justas y salvaguardar los derechos humanos fundamentales tanto en el país como en el extranjero».
El escrito de la Casa Blanca aprovecha para hacer mención al juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes -que ha impuesto medidas cautelares a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de 2022- y que hoy mismo resultó sancionado por Washington.
El comunicado acusa a Moraes de abusar «de su autoridad judicial para amenazar, atacar e intimidar a miles de sus oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y reprimir la disidencia», y de hacerlo «en detrimento de empresas estadounidenses que operan en Brasil».
La Casa Blanca denuncia en este sentido «multas cuantiosas», «exclusión del mercado brasileño de redes sociales» o congelación de activos para estas empresas impulsadas por de Moraes, en referencia a los mandatos del Supremo brasileño contra redes sociales estadounidenses para que bloqueen o eliminen publicaciones y cuentas asociadas a Bolsonaro.
El texto ataca también a de Moraes por supervisar el procesamiento de Paulo Figuereido, nieto del presidente de la última dictadura militar brasileña al que se investiga por su rol sobre en el intento de golpe de Estado de 2022 impulsado por el expresidente brasileño.
Las sanciones del Gobierno Trump contra de Moraes se enmarcan en la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
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