Presidencia de la CPI acusa a EEUU de tratar de "obstaculizar" al tribunal con sanciones
La nueva ronda de sanciones, anunciada ayer por las autoridades estadounidenses, se suma a las emitidas en junio contra cuatro jueces, y en febrero contra el fiscal jefe, Karim Khan.
La Asamblea de Estados Partes, el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional (CPI), denunció este jueves como “intentos lamentables de obstaculizar” al tribunal las nuevas sanciones de Estados Unidos contra dos fiscales y dos jueces por la investigación a Israel, y pidió a la comunidad internacional reafirmar su “compromiso colectivo” con la corte.
La Presidencia de la Asamblea, que reúne a los 125 países firmantes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, reaccionó “con profunda preocupación” a las sanciones de la Administración de Donald Trump contra los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), y los fiscales Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).
“Constituyen intentos lamentables de obstaculizar a la corte y a su personal en el ejercicio de sus funciones judiciales independientes. Seguimos oponiéndonos a tales medidas unilaterales de manera firme e inequívoca”, señaló la asamblea.
Consideró que estas restricciones a sus funcionarios representan “una afrenta a la independencia de la corte” y, además, las sanciones “corren el riesgo de dificultar investigaciones en curso”, que van desde Palestina hasta Afganistán, pasando por Filipinas, hasta varios países africanos.
La Asamblea recordó que la CPI es “una piedra angular” de la justicia internacional y que funciona como un órgano judicial “independiente e imparcial”, por lo que las sanciones “buscan obstaculizar los esfuerzos por llevar justicia a las víctimas de los crímenes más atroces”.
Asimismo, pidió a los países miembros “mantener su firme compromiso con la defensa de la justicia internacional”, pero añadió: “En estos tiempos difíciles, la comunidad internacional debe reafirmar su compromiso colectivo con el Estado de derecho y con garantizar que nadie quede por encima de la rendición de cuentas”.
Fue Israel quien urgió a Trump a sancionar a la CPI, que emitió en noviembre pasado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad como usar el hambre como método de guerra, dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil; asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde octubre de 2023.
Ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la CPI, aunque Washington sí ha cooperado con este tribunal por investigaciones como la de los crímenes de guerra en Ucrania, que llevó a la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, pero retiró ese apoyo cuando las investigaciones afectaron a su aliado israelí.
Países Bajos, anfitrión de la CPI en la ciudad neerlandesa de La Haya, mostró su apoyo a la Corte y “desaprobó” las sanciones, recordando que “los tribunales y cortes internacionales independientes deben poder llevar a cabo su labor sin obstáculos”, en palabras del ministro neerlandés de Exteriores, Caspar Veldkamp.
Este tipo de sanciones obliga a los estadounidenses -lo que incluiría filiales en Europa de bancos, seguros y sistemas informáticos estadounidenses- a no cooperar con las personas o instituciones sancionadas, o sufrirán acciones penales. Entre otras consecuencias, también deja sin acceso los correos electrónicos o las cuentas bancarias si usan sistemas vinculados a Estados Unidos.
En este sentido, Veldkamp subrayó el compromiso de Países Bajos a “garantizar que la Corte pueda funcionar con la menor interferencia posible”.
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