El nuevo canciller de Ecuador, Gustavo Manrique, dijo el domingo que mantendrá el plan gubernamental de regularización de migrantes venezolanos, que salieron de su país huyendo de la crisis económica.
«El proceso de regularización de ciudadanos extranjeros continuará según la agenda trazada por nuestro país y en coordinación con los cooperantes internacionales», dijo el jefe de la diplomacia a ser juramentado por el presidente Guillermo Lasso en un acto celebrado en el puerto de Guayaquil en el suroeste del país.
Quito estima que hay medio millón de venezolanos en territorio ecuatoriano. En agosto pasado abrió una primera fase para regularizar a unos 350.000 migrantes que hayan entrado por puestos oficiales de control.
Manrique, quien reemplazó en el cargo a Juan Carlos Holguín, agregó que el tema de la migración riesgosa «se mantendrá en nuestra agenda a fin de seguir abordando a nivel nacional y regional para frenar y combatir las redes del tráfico ilícito» de personas.
«Es imprescindible la cooperación internacional a fin de combatir a las redes transnacionales del crimen organizado y seguiremos trabajando en diferentes países amigos con esta lucha», enfatizó Manrique, quien dejó la cartera de Ambiente para asumir la de Relaciones Exteriores.
Holguín, quien ocupó el puesto desde el inicio del gobierno de Lasso, en mayo de 2021, divulgó el sábado por la red Twitter una carta de renuncia dirigida al mandatario en la que aduce «motivos personales».
Entretanto, el abogado José Dávalos dejó el viceministerio de Ambiente para asumir la titularidad.
«El progreso es imposible sin el cambio. El cambio no es un inconveniente sino una oportunidad», manifestó Lasso al juramentar a sus nuevos ministros.
Los cambios en el gabinete se produjeron en medio de un proceso de juicio político que impulsa la opositora Asamblea Nacional contra Lasso por un supuesto peculado.
El mandatario de derecha considera que el juicio planteado por un sector del Legislativo y autorizado por la Corte Constitucional «no tiene pies ni cabeza».
Esta es la segunda ocasión que el Congreso -donde la oposición es mayoría pero está dispersa- pretende remover del cargo a Lasso.
En junio pasado, en medio de protestas indígenas por el alto costo de vida, un grupo de diputados presentó una moción de destitución, pero no obtuvo los votos 92 votos necesarios -de 137 asambleístas-, de acuerdo a la Constitución.
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