Las implicaciones que tiene la eliminación del Gobierno interino para la defensa de los activos de Venezuela, según experto

El economista y profesor universitario, Francisco Rodríguez, explicó las implicaciones que tiene la disolución del Gobierno interino dirigido por Juan Guaidó para la defensa de los activos externos de Venezuela.

En ese sentido, dijo que la reforma del «Estatuto que Rige la Transición a la Democracia» contempla la creación de un Consejo de Administración y Protección de Activos. «La Asamblea Nacional (AN) nombrará una nueva junta ad hoc de PDVSA, pero ratifica en su posición a los miembros actuales de la junta ad hoc del BCV», sumó.

«¿Serán estos nuevos directivos reconocidos por los gobiernos de países donde se encuentran los principales activos venezolanos?», preguntó al tiempo que respondió: «para que ello ocurra, estos países deben tomar la decisión de reconocer a la AN como interlocutor del Estado venezolano».

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Sostuvo que la sección 25B de la Ley de la Reserva Federal estipula que los activos de un Estado en poder de la Reserva Federal solo pueden ser manejados por «un representante de tal Estado extranjero» certificado como tal por el secretario de Estado de EEUU.

«La capacidad de los representantes de la AN de 2015 para manejar activos venezolanos dependerá de la voluntad del secretario de Estado de EEUU de certificarlos como representantes de un Estado extranjero», resaltó.

Manifestó, además, que hay un precedente reciente donde EEUU certificó a personas para el manejo de fondos externos, «a pesar de no reconocer a ningún Gobierno». «El 14 de noviembre de 2022, lo hizo para manejar fondos de Afganistán, a pesar de no reconocer al Talibán», añadió.

Litigio en el exterior

El experto puntualizó que el manejo de los litigios de PDVSA en el exterior «puede hacerse más complejo. En estos casos, la AN de 2015 plantea nombrar una nueva directiva ad hoc de PDVSA, pero esta directiva tendrá que obtener reconocimiento para representar a la compañía en las cortes de EEUU».

«Es altamente probable que representantes tanto de Maduro como de los acreedores disputen la validez de estos nombramientos con el argumento de que no han sido nombrados por un gobierno de Venezuela reconocido como tal por EEUU«, resaltó.

Indicó que el problema tiene que ver con que las cortes estadounidenses han reconocido a la junta ad hoc de PDVSA como válida, dado el reconocimiento que EEUU hizo del Gobierno interino como Gobierno de Venezuela: «no queda claro que harán lo mismo con los nombramientos hechos por la AN de 2015».

Del mismo modo, señaló que el principal escollo jurídico proviene de que la AN de 2015 que dice haber disuelto, no sustituido, al Gobierno interino. «Pero la AN de 2015 tendrá que convencer a las cortes estadounidenses de que, para efectos jurídicos, es un Gobierno con la autoridad para nombrar una directiva de PDVSA».

Disputa por el oro

Francisco Rodríguez detalló que un problema similar emerge en el caso de la disputa por el oro en el Banco de Inglaterra, «donde ha sido clave el reconocimiento del gobierno interino para que las cortes apoyen la posición del BCV ad hoc nombrado por la AN».

«De no reconocer las cortes los nombramientos en virtud de que la AN de 2015 no es reconocido ni está constituido como Gobierno, podría ocurrir que los únicos que queden autorizados para representar al país sean aquellos que fueron nombrados antes de la disolución del interinato», refirió.

«Gran parte de la facultad para defender activos dependerá de que EEUU y el Reino Unido decidan reconocer a la AN de 2015 como gobierno de Venezuela. Para ello, es un problema que la AN de 2015 sea la primera en decir que el Gobierno interino no está siendo sustituido, sino disuelto», expresó.

El especialista propuso varias soluciones a este problema:

– Que la AN de 2015 decida constituirse como otro gobierno interino y que obtenga el reconocimiento formal de EEUU. Ello luce poco probable dado el deseo político de poner fin a la idea de un gobierno paralelo.

– Otra es que decida trabajar solo con representantes que fueron nombrados antes del fin del interinato. Ello podría funcionar por un tiempo, pero la AN de 2015 no tendría la capacidad de removerlos, por lo cual no queda claro cómo se logaría exigirles rendición de cuentas.

– La tercera es que el manejo de activos sea tratado en las negociaciones entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, de forma de llegar a un acuerdo que permita el nombramiento de representantes reconocidos como legítimos por ambas partes del conflicto político.

Rodríguez apuntó que las partes podrían acordar el nombramiento de una Junta de Administración de Activos que sea reconocida como legítima por el Gobierno de Maduro, la Plataforma Unitaria y otros actores políticos y de la sociedad civil.

«Una junta nombrada por un acuerdo político nacional tendría mucha más legitimidad internacional y jurídica que nombramientos hechos por un solo sector de la oposición sobre cuya representatividad existen serias dudas», agregó.

Recalcó que una solución negociada permitiría presentar ante la comunidad internacional un frente común como nación y atender los problemas de litigios con la capacidad de llegar a acuerdos vinculantes para proteger los activos de la nación.

«Una vez más, queda por ver si las partes del conflicto político tendrán la capacidad de poner a un lado su lucha por el poder y llegar a acuerdos que permitan salvaguardar el patrimonio y defender los intereses de todos los venezolanos», enfatizó en Twitter.

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