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05/05/2025 07:45 AM
| Por EFE

Gobierno español someterá a consulta pública la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell

La polémica Oferta Pública de Adquisición (OPA) del gigante bancario español BBVA sobre el catalán Banco Sabadell ha despertado críticas de diversos sectores, pero ya fue aprobada por el regulador de la competencia.

Gobierno español someterá a consulta pública la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que el Ejecutivo abrirá, a partir de este martes 6 de mayo, una consulta pública sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell, a fin de recabar la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador bursátil en España dio luz verde la pasada semana a la operación, pero con ciertas condiciones, y el Gobierno debe decidir ahora si eleva la cuestión al Consejo de Ministros para ver la posibilidad de endurecer los requisitos de la OPA atendiendo a criterios de interés general.

La consulta pública servirá para «tomar esa decisión con todas las garantías», señaló Sánchez durante su intervención en unas jornadas sobre economía en Barcelona, donde subrayó que su objetivo es ayudar a las empresas a que crezcan en «volumen y competitividad».

La OPA al Sabadell es uno de los asuntos que ha cobrado protagonismo en la reunión del Cercle d’Economia que cada año convoca en Barcelona a líderes políticos y empresariales para abordar temas de actualidad.

En esta ocasión están presentes, además de Sánchez, los presidentes del Sabadell, Josep Oliu, y del BBVA, Carlos Torres.

La CNMC anunció el pasado miércoles su decisión, tras varios meses de análisis de la OPA, y el Ejecutivo cuenta desde entonces con un plazo de 15 hábiles para evaluar si toma cartas en el asunto.

La oferta del BBVA a los accionistas del Sabadell para absorber la entidad catalana ha provocado el rechazo de cerca de 70 asociaciones empresariales, sindicatos y cámaras de comercio.

Una de ellas, la patronal catalana Foment del Treball, pidió al Gobierno que paralice la posible compra, al considerar que supondría la pérdida de 70.000 millones de euros en crédito al tejido productivo español.

Sánchez constató en su intervención que el regulador de la competencia ha detectado «algunos excesos de concentración en medios de pago, en depósitos, en créditos a particulares y en pequeñas y medianas empresas».

En consecuencia, ha dejado la operación sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones durante los próximos tres años, que se pueden prorrogar hasta dos más en el caso de los relativos al mantenimiento de las condiciones crediticias a las pymes.

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