13/01/2026 12:06 PM

Gerencia de CITGO en EEUU denuncia graves irregularidades y demanda anulación de la subasta

Los gestores de CITGO en EEUU denunciaron que la subasta fue afectada por conflictos de interés graves y favoreció indebidamente a determinados participantes. El precio final es, al menos, US$2.000 millones inferior a la mejor oferta planteada.

Gerencia de CITGO en EEUU denuncia graves irregularidades y demanda anulación de la subasta

La Junta Directiva de PDVSA Ad Hoc, el grupo de ejecutivos reconocidos por el gobierno de EEUU como gestores válidos de los activos petroleros de Venezuela en ese país, informa que el pasado jueves 8 de enero solicitó a la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos la anulación de la orden de venta judicial de PDV Holding, Inc. (PDVH) —matriz de CITGO Petroleum Corporation— aprobada por el tribunal del Distrito de Delaware.

El recurso de apelación sostiene, entre otros argumentos, que el proceso de subasta estuvo afectado por conflictos de interés graves, errores de derecho sustantivos y un diseño procedimental que favoreció indebidamente a determinados participantes, en detrimento del valor económico del activo y de los principios básicos de equidad judicial.

La apelación destaca que los asesores del Special Master, el agente judicial que asesora al Juez del caso —Weil, Gotshal & Manges LLP y Evercore Group LLC— mantenían relaciones económicas activas y sustanciales con el postor finalmente favorecido, Elliott Investment Management, y con tenedores de los controvertidos bonos PDVSA 2020, que resultaron beneficiados por la estructura del acuerdo de venta.

En otras palabras, los encargados de realizar la recomendación del comprador al juez terminaron recomendando a su propio cliente, en una oferta que es al menos US$2,000 millones de dólares menor que la del postor que ofrecía mayor valor.

La selección de una oferta inferior ignora el mandato de adjudicar al postor con la oferta más alta (highest bidder rule). Asimismo, el precio de adjudicación sustancialmente inferior a las valoraciones iniciales del propio tribunal y de sus asesores, crean “un resultado que choca la conciencia judicial” (shocks the conscience).

Según el escrito de apelación, dichos vínculos financieros generan una apariencia inequívoca de parcialidad que debió conducir a la inhabilitación o recusación de los asesores, conforme a los estándares de integridad judicial establecidos en la legislación federal estadounidense.

El documento añade que estos conflictos no fueron hipotéticos, sino operativos y determinantes, e influyeron en las recomendaciones clave sobre la estructura final de la transacción y el postor seleccionado.

Favorecer a los bonistas

El escrito denuncia que el Special Master otorgó un peso decisivo a la capacidad del postor favorecido para alcanzar un acuerdo de “settlement” con los tenedores de bonos PDVSA 2020, pese a que estos no contaban con órdenes judiciales de embargo (writs of attachment) sobre los activos de PDVH, y su caso sobre la legalidad de los bonos todavía se encuentra en fase de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York.

En la jurisprudencia de los EE. UU., alcanzar un «settlement» significa llegar a un acuerdo transaccional o arreglo amistoso para resolver una disputa legal antes de que un juez o un jurado dicte una sentencia definitiva.

En términos simples, es un contrato en el que ambas partes ceden en algo para poner fin al pleito de manera voluntaria.

De acuerdo con la apelación, esa desviación vulnera el principio de neutralidad judicial y redujo el valor final capturado por la venta, afectando tanto a otros acreedores legítimos como al patrimonio de PDVSA.

Según los administradores de Citgo en Estados Unidos, la venta aprobada por el tribunal del Distrito de Delaware “reduce de manera injustificada el valor de CITGO en miles de millones de dólares y legitima un procedimiento que se aparta de los estándares más elementales de imparcialidad y debido proceso”.

La Junta Directiva de PDVSA Ad Hoc, que gerencia Citgo en Estados Unidos, continuará cumpliendo su función en la defensa legítima de los activos de la compañía y se mantendrá informando sobre la evolución de este caso a la opinión publica en general.

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