Empresarios demandan flexibilizar sistema de prestaciones y el régimen de inamovilidad laboral

El expresidente de Fedecámaras y miembro del Consejo Administrativo dfe la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jorge Roig, plantea la necesidad de flexibilizar la legislación laboral para establecer un sistema previsional opcional, donde el trabajador pueda decidir si acumula o no sus prestaciones sociales durante la relación laboral.

La idea es que el trabajador tenga la opción de incorporar una porción de sus prestaciones a su salario mensual si así lo desea o mantenerse en el esquema tradicional de cobrar este pasivo al término de la relación.

Igualmente, Roig sostiene la necesidad de modificar el esquema de inamovilidad laboral, para establecer un modelo flexible, a partir de una cuota o proporción de la nómina fija que estaría sujeta a este beneficio.

La idea es que se proteja el empleo, pero que el patrono tenga un margen de flexibilidad para realizar recortes, en función de la evaluación del desempeño de cada empleado. Roig sostiene que no es justo que la inamovilidad proteja a «un mal trabajador».

Ingreso real desconectado de los beneficios legales

Roig califica de «tragedia» la desconexión existente en el país entre los ingresos reales que percibe la inmensa mayoría de los trabajadores y los beneficios que establece la ley, lo que se traduce en la absoluta informalidad salarial que afecta a la mayoría de la fuerza laboral venezolana.

El empresario y también exparlamentario dijo que ha ocurrido «un cambio drástico en la estructura de remuneración durante la última década. Mientras que hace 10 años el 90% de lo percibido por un trabajador era salario base, hoy la proporción se ha invertido: el 90% son bonificaciones y solo el 10% es salario formal».

A juicio del empresario, esta situación genera graves problemas estructurales, entre los que destacó concretamente tres, más allá de la situación de precariedad salarial en la que se encuentra la mayoría de la población activa del país.

El primero de estos problemas es que ante «un salario mínimo nominal extremadamente bajo, las vacaciones, utilidades y prestaciones sociales se calculan sobre una base irreal».

El segundo gran problema es que «el sistema de seguridad social y las pensiones quedan anclados a un salario mínimo que no cubre las necesidades básicas».

Y el tercero es que «el Estado, como mayor patrono con cerca de 8 millones de personas entre empleados y pensionados, enfrenta la mayor dificultad para sincerar los salarios debido al impacto fiscal masivo que implicaría un aumento de apenas 10 dólares», indicó Roig, en entrevista concedida a Fedecámaras Radio.

Para Roig, haber reintroducido a la legislación laboral la retroactividad de las prestaciones es la principal traba para establecer una estrategia salarial adecuada, porque en «un entorno de alta inflación, esto genera una incertidumbre insostenible para el empleador».

«Lo peor que le puede pasar a un empresario es no saber cuánto le cuesta un trabajador. Si te contrato hoy, no sé cuánto me costarás en seis meses por la retroactividad basada en el último salario», sentencia el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig.

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