Emprendimiento privado en Cuba: una larga historia de resistencia que ahora espera un buen final

Nacionalizaciones en la década de 1960, tímidas reformas en la de 1990 y luego expansión de las pequeñas y medianas empresas a partir de 2021: el sector privado en Cuba ha atravesado sucesivos ciclos de aperturas y restricciones, por lo que ha funcionado como válvula de escape para el gobierno en momentos de crisis económica.

Nacionalización

Las grandes empresas privadas existieron, tanto nacionales como extranjeras en Cuba hasta 1962, y los pequeños negocios y empresas familiares hasta 1968, cuando fueron nacionalizados por el gobierno comunista que llegó al poder en 1959.

Sin embargo, la actividad privada nunca desapareció del todo: sobrevivieron pequeños agricultores, cooperativas, oficios artesanales y servicios domésticos.

«Periodo especial»

En 1993, en plena crisis económica provocada por la caída de la URSS, conocida en Cuba como el «periodo especial», el gobierno autoriza a los cubanos a convertirse en «trabajadores por cuenta propia» (TCP).

Sin embargo, los ámbitos de actividad siguieron siendo reducidos y se limitaron a la gastronomía y a unos pocos servicios como peluqueros, zapateros remendones o costureras, entre otros.

En 1996, el país contaba con más de 200.000 trabajadores por cuenta propia, a pesar de las limitaciones y de la estigmatización social a la que se enfrentaban.

Hacia finales de la década de 1990, el número de trabajadores privados disminuyó ante numerosos controles y obstáculos burocráticos, en un contexto económico nacional más favorable a las empresas estatales debido a la ayuda energética que comenzaba a proporcionar Venezuela.

Expansión

En 2010, y bajo el gobierno del presidente Raúl Castro (2006-2018), Cuba autorizó la expansión del trabajo por cuenta propia, al permitir la contratación de mano de obra y diversificación de actividades.

Se autorizaron hasta 181 actividades, aunque en 2017 el gobierno suspendió nuevas licencias para una treintena de ellas.

Empresas privadas

En 2021, por primera vez en medio siglo, fueron autorizadas las pequeñas y medianas empresas (mypimes). Pueden emplear hasta 100 trabajadores, pero no pueden ejercer en las profesiones liberales ni en los sectores estratégicos.

Esta apertura coincidió con una grave crisis económica surgida con la pandemia de coronavirus, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y una fallida reforma monetaria. Los trabajadores por cuenta propia pueden emplear directamente hasta a tres personas.

Rápidamente, estas mypimes pasaron a dominar el comercio minorista, el transporte de pasajeros, la construcción, la importación de bienes de consumo y los servicios.

A finales de 2025, casi la mitad de las empresas del país eran privadas y empleaban a un tercio de la fuerza de trabajo de la isla.

Inversión de emigrados

En marzo de 2026, el gobierno autorizó la creación de empresas mixtas entre el Estado y el sector privado.

Unas semanas más tarde, tras haber reconocido negociaciones con Washington, que aplica un bloqueo energético a la isla, La Habana anunció que su diáspora podrá invertir y poseer empresas privadas en suelo cubano.

Numerosos sectores de la economía, entre ellos las infraestructuras, la agricultura y la banca, se abren a los cubanos emigrados, incluidos los que residen en Estados Unidos.

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