El salario como prioridad: Empresarios y sindicatos esperan reactivación del diálogo en febrero

Luego de años de una política de “bonificación” que evaporó las prestaciones sociales y dejó el salario mínimo en cifras simbólicas, una de las prioridades, independientemente de las circunstancias políticas, es enfrentar el desafío de reconstruir el poder adquisitivo en un país donde la inflación y la dolarización de facto han pulverizado el valor del trabajo.

En el centro del debate económico, las propuestas de reforma oscilan entre una dolarización formal definitiva y el retorno a una moneda nacional con respaldo institucional.

Economistas y centros de pensamiento, como los que integran el “Plan País” o el programa “Tierra de Gracia”, coinciden en que un aumento real no puede decretarse por simple voluntad política, sino que requiere el fin de la emisión monetaria sin respaldo y la reactivación urgente de la industria petrolera.

El reto técnico es monumental: se debe desmontar un enramado de subsidios y controles distorsionantes para dar paso a una Comisión Tripartita —Estado, empresarios y sindicatos— que logre sincerar las escalas salariales sin disparar una nueva espiral inflacionaria que devore los incrementos antes de que lleguen al bolsillo del trabajador.

Más allá de las cifras, la reforma salarial representa el contrato social que deberá sanar a una nación fracturada.

Para los millones de empleados públicos y pensionados que hoy sobreviven en el umbral de la pobreza extrema, la justicia transicional también pasa por la recuperación de sus ahorros de vida y la dignificación de su oficio.

Es prematuro hablar de recuperación

Jorge Roig Navarro, empresario, exparlamentario y expresidente de Fedecámaras, además de un líder gremial enfocado en la defensa de la libre empresa y el desarrollo económico, ofrece su enfoque para Banca y Negocios.

Roig piensa que es muy prematuro hablar de que en 2026 tendremos un crecimiento económico real. En todo caso, de producirse tal cosa, pasa por mejorar el ingreso real de los trabajadores. “El gobierno ha decidido no hacerlo a través del salario. ¿Por qué? Por la Ley del Trabajo que tenemos hoy. Es una ley que dejó Hugo Chávez, que es como sagrada, y no se ha podido tocar”, abre fuegos.

Y prosigue: “esa ley está totalmente anacrónica para nuestros tiempos. No fue discutida con los trabajadores, ni con los empleadores, a pesar que se anunciaron que tenían 18.000 propuestas, que nadie vio”.

Expone que esa ley, en un entorno de alta inflación y con el diferencial cambiario que tenemos, “lo que está es perjudicando al empleador, al trabajador y al gobierno”, sentencia.

“El mismo gobierno no puede asumir ningún aumento salarial, por el peso inmenso que eso tendría sobre las prestaciones sociales”, afirma el vocero.

Roig señala que había unas mesas de “diálogo social” entre gobierno, empleadores y empleados, pero eso “se suspendió”. En consecuencia, señala que habría que retomar tales conversaciones para barajar salidas a los problemas descritos más arriba.

Dichas mesas se instalaron en 2025, y se hicieron cuatro reuniones que -a su juicio- “fueron exitosas”. Relata que en noviembre pasado se realizó el último encuentro en Ginebra, y allí se llegó al consenso de reactivar este proceso de diálogo social desde el próximo mes de febrero.

Roig desliza que con el trance que vive Venezuela, luego de la captura de Maduro y su esposa, el pasado 3 de enero, “hay que ver” si de hecho se reanudan las mesas, e insiste en que -a su parecer-, sí deberían reactivarse porque han resultado muy positivas.

La CTV propone un salario mínimo de 200 dólares, lo cual no es posible, porque significaría una erogación de más de 8.000 millones de dólares sólo para el gobierno: Jorge Roig, representante empresarial ante la OIT y expresidente de Fedecámaras.

Ley de Emergencia Laboral

Fedecámaras planteó en las referidas reuniones diseñar una Ley de Emergencia Laboral -al menos por un tiempo-, que permita a los empleadores pagar un salario mucho mayor, sin “que eso tenga impacto en las prestaciones sociales”, informa el entrevistado.

Se trataría de una ley transitoria que “nos deje a los empleadores privados pagar un mejor salario, pero el gobierno está reacio a anular la Ley del Trabajo vigente”.

-¿Qué plantean los trabajadores?

– La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) propone un salario mínimo de 200 dólares, lo cual no es posible, porque significaría una erogación de más de 8.000 millones de dólares sólo para el gobierno. ASI Venezuela, plantea que parte del salario sea imputable a las prestaciones y otra no. Eso me parece más viable.

Roig garantiza que se ha avanzado mucho en esas mesas. “Es terrible no tener esa instancia. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) insta a que se mantengan”, da con un dato clave.

La OIT -cuenta el representante gremial- no se mete en los montos de salario, pero sí en un concepto de “salario decente, que permita satisfacer las necesidades básicas”.

“El gobierno se está dando cuenta de que hay que modificar varias leyes, entre las cuales está -sin duda- la Ley del Trabajo”, cierra su declaración.

«Hay un desafío macro económico para Venezuela. Iniciamos una campaña en redes porque lo primero que se ha visto desde diciembre es un alza generalizada de los precios»: Leida Marcela León, presidenta de ASI Venezuela.

Un desafío muy grande

Leida Marcela León es una sindicalista venezolana, presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela), y fue electa miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2024-2027.

“Para los trabajadores el desafío es muy grande. Hay un desafío macro económico para Venezuela. Iniciamos una campaña en redes porque lo primero que se ha visto desde diciembre es un alza generalizada de los precios, y el salario mínimo no llega a 1 dólar”, rompe el celofán.

Habían avanzado en las mesas de diálogo social-relata-, y “pudimos crear un método de consulta salarial, que se probó en 2023 y 2024, y que debía instalarse este año”.

¿En que consiste ese método? Las tres partes -sindicatos, empresarios y gobierno- ponen elementos e información sobre la mesa y se sugieren estrategias. “El año pasado estuvimos cerca de un consenso, pero vinieron de nuevo las sanciones”, refiere, en torno a la expulsión de Chevron, que luego se revirtió.

Refiere que se cerró 2025 con inflación de tres dígitos, y un PIB mermado. “Al ver una situación tan grave, donde se proyectaba un 2026 muy negro, además de los barcos militares de EEUU en el Mar Caribe, pues estábamos muy preocupados”.

Cuenta que hasta ahora, en 2026, el diálogo ha sido entre EEUU y el gobierno interino de Venezuela. “Nos preocupa cómo van a llegar a los trabajadores los ingresos que vendrán por exportación de petróleo”, da un sablazo verbal.

La reconstrucción del salario en Venezuela no será un decreto mágico ni el resultado inmediato de un cambio de mando, sino el proceso más complejo de la recuperación nacional.

Mientras el país observa cómo se reordenan las piezas en el tablero político, la verdadera medida del éxito para cualquier gobierno  no se hallará en los grandes indicadores macroeconómicos, sino en el regreso de la normalidad a los hogares venezolanos.

Al final del día, la estabilidad política dependerá de su capacidad para transformar el trabajo, hoy reducido a una lucha de supervivencia, en el motor de progreso y dignidad que permita a una nación entera volver a soñar con un futuro de prosperidad real.

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