Conflicto guerrillero por el control del Catatumbo deja 117 muertos este año
Un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia indicó que «entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025, se registraron 64.783 personas desplazadas y 12.913 confinadas».
El persistente conflicto en la frontera colombo-venezolana entre la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC acumula 117 homicidios y casi 65.000 desplazados en lo que va del año, informó el martes la Defensoría del Pueblo.
Desde el 16 de enero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se enfrenta a sangre y fuego contra una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el control de la estratégica región del Catatumbo (noreste), plagada de narcocultivos.
«Entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025, se registraron 64.783 personas desplazadas y 12.913 confinadas» que no pueden salir de sus poblados, indicó la Defensoría del Pueblo en un informe que catalogó de «alarmante», presentado en la ciudad fronteriza de Cúcuta.
La entidad que vela por el respeto a los derechos humanos denuncia que el ELN ha ido «casa por casa» para matar a quienes considera afines a las disidencias del Frente 33 que se apartaron del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de las FARC.
Una «fuerte estigmatización» ha caracterizado «toda esta confrontación que ha llevado a perseguir, asesinar, desplazar», dijo la titular de la Defensoría, Iris Marín Ortiz.
Según la funcionaria, «la fuerza pública ha entrado» a la región, pero no hay «evidencia objetiva que pueda decir que hay una predominancia, un control efectivo (…) en estos territorios», sino que son los rebeldes quienes imponen su ley.
En medio del peor pico de violencia en una década, el presidente izquierdista Gustavo Petro anunció el fin de semana un acuerdo para instalar una «zona de paz» en Tibú, el municipio del Catatumbo con la mayor concentración de cultivos de hoja de coca del país.
Allí, los disidentes del Frente 33 se asentarán y empezarán a desmovilizarse sin la presión de sus rivales, bajo el plan de paz del gobierno.
«La Defensoría del Pueblo quisiera ser optimista respecto a este anuncio», sin embargo «podría, si no se toman las medidas necesarias, agravar la situación de riesgo» debido a que los disidentes seguirán armados, advirtió Marín.
La entidad registró también la existencia de «campos de resocializacion» donde «se obliga a la población civil a realizar trabajos forzados como forma de disciplinamiento social», junto con denuncias de violencia sexual a mujeres.
El ELN, de corte guevarista y unos 5.800 combatientes, afianzó su control con «drones explosivos, minas antipersonal y armamento» en la región, detalla el documento.
A un año y medio de dejar el poder, Petro no ha conseguido acordar la paz con ninguna de las organizaciones ilegales como prometió.
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