Citgo se revaloriza por posible mayor flujo de crudo venezolano, pero su venta ahora se complica
El 7 de enero, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos solicitó al gobierno del presidente Donald Trump que analizara si la extracción del presidente Maduro y sus consecuencias influirán en las apelaciones de la subasta de Citgo.
Las acciones de EE. UU. para ejercer el control del sector petrolero venezolano han dado un nuevo giro a la saga de años de la subasta de la refinería estadounidense Citgo, como parte de una venta ordenada por una corte judicial en Delaware.
Las tres refinerías estadounidenses de Citgo —Lake Charles con capacidad para procesar 460.000 barriles diarios (bd) en Luisiana; la planta de Corpus Christi para 165.000 bd en Texas y la refinería Lemont con capacidad para 188.000 bd en Illinois—, así como sus plantas de lubricantes y activos midstream y minoristas, están siendo subastadas para satisfacer los impagos y expropiaciones de la empresa estatal venezolana PDVSA Holdings, matriz de la refinadora.
En noviembre, un juez federal estadounidense confirmó como ganadora una oferta de 5.900 millones de dólares de Amber Energy, filial del fondo de cobertura neoyorquino Elliott Investment Management.
La oferta de Amber incluía un acuerdo separado para resolver demandas judiciales con el 75 % de un grupo de tenedores de bonos de PDVSA por 2.130 millones de dólares.
El acuerdo con los tenedores de bonos fue un factor clave en la decisión del tribunal sobre la oferta de Amber, especialmente después de que un tribunal independiente en Nueva York confirmó, en septiembre, la validez de los bonos venezolanos no redimidos, al rechazar el argumento de PDVSA de que no estaban autorizados.
Elliott, la gran ganadora
Elliott podría ser una gran ganadora tras la extracción del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, si esto permite que fluya más crudo venezolano a las instalaciones de Citgo, específicamente adaptadas para su procesamiento.
Esta nueva situación ayudaría indirectamente a aumentar el valor de la refinería, pero el resultado de la venta de Citgo ahora es incierto.
Aunque es propiedad de PDVSA, Citgo ha operado bajo una junta directiva designada por un sector de la oposición venezolana y supervisada por el gobierno estadounidense desde 2019, después de cuestionar la validez de las elecciones presidenciales de 2018.
Los abogados que representan a Venezuela y a PDVSA han solicitado a un tribunal federal de apelaciones la anulación de la orden judicial de venta con el alegato de que el precio de 5.900 millones de dólares en la oferta de Elliott fue «sumamente inadecuado» y que el proceso de la subasta estuvo plagado de conflictos de intereses y deficiencias legales, según documentos presentados este mes ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos.
La anterior favorita en la venta, la minera Gold Reserve, con sede en Bermudas, también está apelando la orden de venta de Citgo y alega conflictos de intereses por parte del perito judicial designado por el tribunal, Robert Pincus, y el incumplimiento de la ley de Delaware.
Pincus refuta los cargos y las mociones para destituirlo fueron rechazadas por el tribunal inferior.
El 7 de enero, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos solicitó al gobierno del presidente Donald Trump que analizara si la extracción del presidente Maduro y sus consecuencias influirán en las apelaciones de la subasta de Citgo, así como en otros casos relacionados, indica una nota de Argus.
Protección de activos
La venta de Citgo aún está sujeta a las aprobaciones regulatorias. Entre ellas, la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. En diciembre, Estados Unidos extendió las medidas cautelares que protegen a Citgo de ser absorbida por los tenedores de bonos de PDVSA, las cuales han estado vigentes durante más de seis años mediante prórrogas.
El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, declaró a principios de este mes que era «fantástico» adquirir refinerías de propiedad venezolana en EE. UU. «legalmente mediante un proceso de subasta y transferirlas a propietarios y empresarios estadounidenses en el sector de la refinación».
El gobierno estadounidense quiere que esos activos «recuperen la mayor cantidad posible» para los acreedores del gobierno venezolano, afirmó Wright. Además, aspira que inversionistas norteamericanos controlen cada vez más «activos de refinerías estadounidenses que aumentarán la producción y reducirán el precio de la gasolina», añadió.
Casualmente, el exvicepresidente de Citgo, Calixto Ortega, ahora es la cabeza del equipo económico y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), designado de la primera mandataria encargada Delcy Rodríguez cuando Caracas se encuentra bajo presión del gobierno de Trump para abrirse a la inversión extranjera.
Pero el papel de la agencia no está claro, ya que la ley venezolana y las sanciones de Estados Unidos y otros países han limitado la inversión internacional en el país, una situación que se espera se modifique si las relaciones de Caracas con Washington siguen como van.
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