Bolivia autoriza de "forma excepcional" importación de petróleo en plena crisis económica
A mediados de enero, el Gobierno boliviano declaró la «emergencia energética y social» debido a la crisis económica que atraviesa el país, marcada por una inflación acumulada de 20,40% en 2025, y autorizó de manera excepcional «la libre importación y venta de combustibles».
El Gobierno de Bolivia autorizó de «manera excepcional» a la petrolera estatal YPFB y a las refinerías importar petróleo para garantizar el abastecimiento de combustibles en el mercado interno, en el marco de la emergencia energética y social declarada por la crisis económica y el alza de precios.
El decreto 5548, promulgado por el presidente Rodrigo Paz y su gabinete, autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a las refinerías a importar petróleo destinado a su procesamiento, con el objetivo de «incrementar la producción nacional de combustibles», «maximizar» la capacidad de refinación, «garantizar» el transporte y «reducir los costos» de la importación.
También establece que la petrolera estatal podrá suscribir contratos con refinerías para la importación de crudo y que el Ministerio de Hidrocarburos definirá, mediante resolución, los requisitos y procedimientos para otorgar las autorizaciones.
La norma aclara que la importación de petróleo y la comercialización de sus derivados en el mercado interno «no estarán sujetas a subvención».
Tras la publicación del decreto, el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, dijo que esta y otras medidas adoptadas por el Gobierno en sus primeros cien días de gestión apuntan a garantizar la estabilidad económica y el suministro de diésel para la producción de alimentos.
El Ejecutivo aprobó además otros dos decretos: el 5547, que fija arancel cero a la importación de grano de soya para fortalecer la producción de derivados, y el 5549, que impulsa la generación y distribución de energías renovables para diversificar la matriz energética.
La declaratoria de emergencia energética y social se dio después de que el Gobierno y sindicatos de obreros y campesinos dieran por resuelto un conflicto con la emisión de un nuevo decreto que ratificó el retiro de la subvención de los combustibles y eliminó otras disposiciones que habían sido rechazas por esos sectores.
Esa norma estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86% y del 162% respecto a los costos subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años en el país.
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