#Análisis: El laberinto fiscal venezolano entre ajustes y desafíos para 2026

El año 2025 se presenta como un período de crucial importancia para el sistema tributario venezolano, enmarcado por la necesidad del Estado de incrementar la recaudación fiscal no petrolera para sostener el gasto público y, a su vez, lidiar con la persistente inestabilidad macroeconómica.

La Ley de Presupuesto 2026 apunta a que los impuestos constituyan un pilar fundamental de los ingresos corrientes, al proyectar una contribución significativa a las arcas nacionales.

Sin embargo, la efectividad de esta política se enfrenta a retos como la elevada inflación, la devaluación y la necesidad de modernizar una normativa que aún presenta complejidades y áreas de baja virtualidad económica, como ha sido el caso de la Unidad Tributaria (UT), cuyo valor fue reajustado en junio.

La dinámica fiscal se ve marcada por una serie de ajustes legislativos y regulatorios que buscan optimizar la gestión tributaria y ampliar la base de contribuyentes.

Entre las novedades más destacadas de este ejercicio fiscal, se encuentra la revalorización de la Unidad Tributaria (UT), un cambio que impacta directamente en la determinación de umbrales para la declaración de impuestos, sanciones y otros trámites administrativos.

En este contexto de transformaciones, el sector empresarial y los profesionales del área legal y contable están bajo una presión constante para mantenerse al día con las modificaciones en el Impuesto sobre la Renta (ISLR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos especiales como el Impuesto a los Grandes Patrimonios (IGP) y el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

La discusión en foros especializados recalca la importancia de la planificación fiscal rigurosa y la necesidad de una simplificación del sistema tributario. El foco no solo está en el pago de impuestos, sino también en el cumplimiento de deberes formales y la gestión de procesos de fiscalización, lo que subraya la complejidad del entorno operativo para las empresas en Venezuela.

En 2025 no cambió nada

“El año 2025 no fue diferente de 2024, en términos de presión tributaria”, abre fuegos, Héctor Orochena, profesional venezolano con una amplia trayectoria en el campo tributario, licenciado en Ciencias Fiscales, consultor y auditor tributario.

Precisa que este año hubo un cierto incremento en la presión tributaria, sobre todo en el área municipal. “En Venezuela la carga fiscal puede ser de entre 60 y 65% de la utilidad de una empresa”, subraya.

Pero hay más: cuenta que en algunos casos ese porcentaje puede llegar a 80%, “si hablamos del sector telecomunicaciones, tenemos un ejemplo”, va al grano. ¿Por qué? Porque además de la carga de todas las empresas, las de esta actividad económica deben pagar lo que establece la Ley de Telecomunicaciones.

Orochena dice que los empresarios están huérfanos de estímulos para seguir invirtiendo, ya que la utilidad se usa para el pago de dividendos, y esto se está viendo seriamente afectado con la carga fiscal.

“La utilidad de una empresa también suele usarse para reinvertir en otras áreas de negocios que puedan aumentar la capacidad productiva de la empresa”, enfatiza, sin medias tintas. Tanto la captación de dividendos, como la reinversión, se están viendo muy afectadas.

“En Venezuela la carga fiscal puede ser de entre 60 y 65% de la utilidad de una empresa”: Héctor Orochena, experto tributario.

Impuestos de gran impacto

Orochena hace una distinción crucial para entender el tema. Dice que, si se habla de los impuestos de gran impacto existen dos bloques: en primer lugar, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), “que, si bien no afecta la rentabilidad de las empresas, sí recae fuertemente sobre la caja operativa”, aporta el vocero.

En el caso del IVA, el monto retenido suele superar a la cantidad de la cuota tributaria que la empresa debe pagar cada mes. “Las empresas están pagando por adelantado un dinero que podría usarse en la parte operativa”, aclara.

“El otro impuesto que debería ser revisado, es del impuesto de las pensiones”, opina Orochena.

El experto pasa, entonces, a referirse a la eventual reforma tributaria que ya se ha comenzado a debatir formalmente. El experto sostiene que el gobierno tiene la posibilidad de ajustar a la baja. “Sobre todo, entendiendo que no es verdad que las altas alícuotas no puedan provocar el efecto contrario; muchos migran a la informalidad”, razona.

Asimismo, dice que el 9% de la Ley de Pensiones es un porcentaje alto, y que debe oscilar -más bien- entre 5 y 6%. “Otra variable es la reforma del ISLR, porque aquí tenemos el sistema de ajuste por inflación fiscal”. Por desgracia, expone que se le prohibió al sistema financiero y a los contribuyentes especiales.

Hay otras herramientas en manos del gobierno que no suponen una disminución de las alícuotas, sino un cambio en la forma de recaudación. ¿Cómo es esto? El gobierno puede devolver al IVA su periodicidad de origen, o sea, mensual.

Finalmente, Orochena dice que todo el IVA lo pagan las personas naturales.

En el ISLR “hay una exención de base de 1 mil Unidades Tributarias (UT) por año. Eso son 43.000 bolívares, o unos 13 dólares al mes. Con base en esto, todas las personas naturales estarían obligadas a declarar ISLR. La verdad es otra. Nadie vive con 13 dólares mensuales. Hay una evasión enorme, porque la base de determinación no es correcta”, cierra el círculo de sus ideas.

¿Y el año que viene?

De cara a 2026, la política fiscal en Venezuela apunta a mantener y profundizar el incremento en la recaudación no petrolera impulsado por el SENIAT, un factor que el Gobierno ha destacado como clave para la estabilidad económica reciente.

Con la presentación de un Presupuesto Nacional 2026 que implica una reducción en términos de dólares respecto al año anterior, se refuerza la necesidad de que los ingresos tributarios internos compensen cualquier fluctuación en la renta petrolera o en las divisas por sanciones.

Se espera, por lo tanto, una continuidad en los controles rigurosos sobre el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), el IVA y el ISLR, así como la posibilidad de ajustes normativos menores destinados a corregir la evasión.

La perspectiva general es de un entorno tributario que seguirá siendo exigente y dinámico, con un enfoque persistente en la fiscalización digital y la ampliación de la base de contribuyentes para asegurar los recursos del gasto social prioritario.

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