Análisis del proyecto de Ley: la minería podría generar US$6.000 millones anuales al país
Para el ingeniero y exdiputado Elías Matta la actual legislación de la minería es un «bochinche» de dispersión y contradicciones; sin embargo, el sector ha comenzado a crecer, pero con escaso impacto económico.
A finales de marzo de 2026, la minería en Venezuela atraviesa una fase de reconfiguración profunda, marcada por un intento de formalización institucional que choca con la persistente realidad de la extracción ilegal en el sur del país.
El centro del debate se traslada estos días a la Asamblea Nacional, donde el oficialismo impulsa una reforma a la Ley de Minas que busca sustituir el decreto vigente desde 1999.
Hasta el jueves 26 de marzo, el Parlamento ya había aprobado 55 de los 126 artículos del proyecto, el cual introduce la creación de una Superintendencia Nacional de la Actividad Minera y abre la puerta a esquemas de inversión privada y extranjera bajo un marco de mayor «seguridad jurídica», una medida que el ejecutivo considera vital para reactivar el flujo de divisas.
Este giro legislativo coincide con un hito en la política exterior: la reciente emisión de la Licencia General 51 por parte de la OFAC en Estados Unidos.
Tras la visita a Caracas del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, Washington ha autorizado a sus empresas a realizar operaciones limitadas con oro venezolano, incluso aquellas vinculadas a la estatal Minerven.
La licencia permite la compra, transporte y refinación de metal precioso siempre que los contratos se rijan por leyes estadounidenses y los pagos se canalicen a través de fondos específicos supervisados, lo que representa el primer puente legal directo para el oro local hacia el mercado norteamericano en años.
El balance de 2025 cerró con 9,5 toneladas de oro extraídas, según datos oficiales, una cifra que el Gobierno aspira a incrementar en un 30% para el cierre de 2026.
Oro: aumenta la producción, pero bajan las reservas
En el ámbito de la producción, el balance de 2025 cerró con 9,5 toneladas de oro extraídas, según datos oficiales, una cifra que el Gobierno aspira a incrementar en un 30% para el cierre de 2026 a través del denominado «Plan Oro».
Sin embargo, las estadísticas muestran una paradoja financiera: mientras la extracción oficial sube, las reservas del Banco Central de Venezuela (BCV) registraron una caída del 11% el año pasado, al situarse en unas 47 toneladas.
Este descenso sugiere que el metal no se está acumulando en las arcas nacionales, sino que se utiliza de forma inmediata para sostener la operatividad económica del Estado o cumplir compromisos internacionales.
El Arco Minero
Más allá de los despachos y las leyes, la situación en el Arco Minero del Orinoco sigue siendo un escenario de contrastes violentos.
Informes recientes de organizaciones como IPS y PROVEA describen una «comarca del delito» donde la minería ilegal no ha retrocedido. A pesar de los anuncios de soberanía productiva, el control territorial en vastas zonas de los estados Bolívar y Amazonas permanece en manos de grupos armados.
La extracción de oro sigue dejando un rastro de deforestación, contaminación por mercurio en los ríos y una crisis sanitaria que golpea especialmente a las comunidades indígenas, con tasas de malaria y tuberculosis que no ceden ante el auge de los precios internacionales del metal.
El panorama para el inversionista y el observador económico se mantiene, por tanto, en una tensa expectativa.
Mientras el precio del oro ronda los 4,500 dólares por onza en el mercado global, Venezuela intenta posicionarse como un gigante minero abierto al capital internacional, al tratar de limpiar la cadena de custodia de un mineral que, históricamente, ha alimentado circuitos de contrabando.
La aprobación definitiva de la nueva Ley de Minas, prevista para después de Semana Santa, será el indicador definitivo de si el país logra transitar de una economía de extracción irregular a una minería corporativa formal bajo estándares internacionales.
«Si hacemos las cosas bien en unos tres o cuatro años, la minería puede generar ingresos al país alrededor de unos 6000 millones de dólares por año»: Elías Matta, ingeniero especializado en temas energéticos.
Elías Matta es un político e ingeniero civil, con una trayectoria muy ligada al sector energético del país.
«No le ha quedado nada a Venezuela»
Banca y Negocios conversó -en exclusiva- con el experto para conocer detalles sobre la Ley de Minas.
Lo primero -dice- es que lamentablemente el marco legal vigente es uno que prácticamente “es un bochinche; es una ley que viene en el año 99 que se hizo por Habilitante y luego se hizo una ley específicamente para el oro y los minerales estratégicos, pero además de esos instrumentos, también se aprobó un conjunto de decretos y leyes adicionales”, enciende la mecha.
Lo clave es el resultado, avanza Matta: “toda esta explotación minera que se ha hecho durante estos últimos años, todo el oro que se ha sacado, todo el coltán que se ha sacado, todo el diamante, se ha ido por los caminos verdes y no le ha generado absolutamente ningún recurso específico al país. Entonces lo primero que yo diría es que celebro que de verdad se trate de hacer un nuevo marco legal con esta Ley de Minas”, apuesta por el equilibrio.
Matta cree que Venezuela no puede seguir dependiendo únicamente del petróleo, cosa que “ya varios especialistas lo han dicho”.
El petróleo -avizora, no obstante- va a ser el principal motor de los ingresos del país, “pero necesitamos producir más riqueza y uno de esos motores puede ser la minería, si hacemos las cosas bien en unos tres o cuatro años. La minería puede generar ingresos al país alrededor de unos 6000 millones de dólares por año, una cifra importante y que contribuiría al desarrollo y a la calidad de vida de los venezolanos”, apunta.
El ingeniero Matta pondera como un buen síntoma “que estemos derogando todo ese bochinche y estemos haciendo una sola ley, esta ley también es un avance porque abre de manera clara la posibilidad de la participación del sector privado».
Se toma el modelo de la Ley de Hidrocarburos, y se permite el modelo de los Contratos de Producción Productiva (CPP), es decir, “privados que entran por completo a trabajar en sociedad con el Estado”.
Matta define como “general”, que tiene la redacción del artículo 95 “y donde se le otorga discrecionalidad al ministerio de colocar, de acuerdo con cada contrato y mineral, el monto de la regalía puede generar incertidumbre a los inversionistas.
Observaciones a la nueva Ley
El exparlamentario da la vuelta a la tortilla. “Tenemos algunas observaciones como -por ejemplo- en los artículos referentes a los impuestos. El artículo 91 que habla de la regalía, la cual puede llegar hasta un 13%. El asunto es que en las leyes de otros países hay un baremo se fija la regalía de cada mineral, el oro pagará 5%. Estoy dando un ejemplo. El diamante pagará 6%. El coltán pagará 7%”.
La manera, que Matta define como “general”, que tiene la redacción del artículo 95 “y donde se le otorga discrecionalidad al ministerio de colocar, de acuerdo con cada contrato y mineral, el monto de la regalía puede generar incertidumbre a los inversionistas, porque no saben definitivamente cuánto se le van a cobrar”, le va las costuras al instrumento.
Hay mucha discrecionalidad, insiste Matta. “El proyecto, además, prevé un impuesto a la minería que se cobra también adicional a la regalía, el cual será hasta un 12%, y también lo fija el Ministerio de manera discrecional… el mismo problema del anterior”, va rematando su declaración el analista.
Minería libre de mercurio
Finalmente, dice que el artículo 50 -que se refiere al tema de la sustancias tóxicas-, dice que el Ministerio a cargo de la minería solicitará al Ministerio del Ambiente que declare a cualquier mineral específico como sustancia tóxica, previo análisis técnico.
“Mientras eso pasa, se siguen utilizando las sustancias tóxicas. Venezuela ha sido verdaderamente un mal ejemplo en el uso del mercurio y sus derivados. Nosotros proponemos que, de una buena vez, en el artículo 50 se diga que el mercurio y sus derivados no se pueden usar en la explotación minera”.
Elías Matta cierra su reflexión: “esta ley -en sus disposiciones de rogatoria- deroga la ley del 99 y la ley del oro; eso está bien, pero no deroga todos los 12 decretos que regulan aspectos específicos de la minería. Se trata, además, de una Ley larga y complicada. Tiene muchos artículos, pero entiendo que están trabajando en eso”, pone el punto y final.
Las cifras oficiales
Como ya se apuntó, el Gobierno indicó que se produjeron 9,5 toneladas métricas de oro en 2025, de las cuales el sector público reportó un incremento del 81%, algunas fuentes oficiales lo elevan hasta el 97,6% en minas estatales.
El sector privado aportío entre 34,8% y 41% de la expansión de la producción aurífera.
Para el cierre de este año, el aumento proyectado del 30% en la producción nacional.
Sin embargo, las reservas de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) cerraron 2025 en 47 toneladas, una disminución frente a las 53 toneladas del periodo anterior.
De acuerdo con el estatal Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), Venezuela posee entre 2.200 y 8.000 toneladas de oro en el subsuelo.
Organizaciones como SOS Orinoco y PROVEA denuncian que la ley podría «institucionalizar el ecocidio».
El impacto económico
Pero, ¿cuál es el impacto económico general? El aporte al PIB del sector minero se consolidó en 2025 como el segundo pilar de crecimiento, solo superado por los hidrocarburos.
La minería impulsa -asimismo- el crecimiento económico nacional. El sector contribuyó al cierre del PIB de 2025 8,5%.
Sin embargo, según informes de transparencia, solo el 8% de la producción de oro ingresó formalmente como regalías al BCV en el último ciclo, una cifra que la nueva Ley de Minas de 2026 busca elevar mediante la formalización de mineros artesanales.
El proyecto de Ley en debate parlamentario incluye cláusulas de mediación y arbitraje independiente, una vez agotadas las instancias nacionales. Este es un punto diseñado específicamente para dar confianza a los grandes capitales internacionales.
Se introduce el principio de libertad en los contratos mineros, lo que pretende dinamizar las negociaciones entre el Estado y los privados. Y se crean las Brigadas Mineras: es decir, se formaliza esta figura (ya asomada en reglamentos de 2025) para organizar la pequeña minería, aunque hay dudas sobre si sustituirán por completo a las «alianzas estratégicas».
El Fondo Social Minero se propone para destinar parte de la renta a la seguridad social de los trabajadores del sector.
No todo es consenso
Organizaciones como SOS Orinoco y PROVEA denuncian que la ley podría «institucionalizar el ecocidio» bajo el término de «Desarrollo Minero Ecológico», al flexibilizar controles ambientales para agilizar la extracción.
Otra cosa que se mantiene es el derecho del Banco Central de Venezuela a ser el comprador preferente del oro extraído, el cual debe ser ofrecido, a través del Ministerio de Minas.
Gremios y diputados de oposición han señalado que el texto se ha discutido con «urgencia reglamentaria», lo que limita el tiempo de análisis profundo de las cargas fiscales.
Este movimiento legislativo parece ser el «puente» que el gobierno está construyendo para formalizar la entrada de empresas mineras globales -canadienses, estadounidenses y europeas- en el Arco Minero del Orinoco, al aprovechar el nuevo esquema de licencias.
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