#YoTePregunto | Marcela Máspero: Unete busca dar respuesta a trabajadores migrantes

// Ligia Perdomo @LigiaPerdomo | Foto: Unete

#YoTePregunto | Marcela Máspero: Unete busca dar respuesta a trabajadores migrantes



La presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores, Marcela Máspero, apela a todas las instancias internacionales para exponer al gobierno como el principal violador de las contrataciones colectivas y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la vez que no cesa su lucha interna para restablecer derechos laborales.

La precaria situación económica y social del país empuja a cientos de miles de trabajadores a abandonar Venezuela en busca de mejores oportunidades. Pero la masiva oleada de migrantes se ha encontrado con el rechazo en otras naciones. Es por esto, que desde Unete, organización que rompió con la línea del gobierno hace unos 10 años, se busca dar apoyo a la diáspora a través de la creación de seccionales sindicales que den respuesta a los derechos de los trabajadores migrantes. Se trata de replicar un modelo que ya se puso en marcha en Colombia, con la aceptación del gobierno y de la Confederación General del Trabajo del vecino país.

Máspero, también activista del partido Voluntad Popular, insiste en que hay que dar la pelea por recuperar beneficios que se han ido perdiendo con el deterioro económico. La prueba está en el incremento de protestas laborales este año. No obstante, está convencida de solo lo lograrán con un cambio político, que no un cambio de Presidente o de representantes, sino de sistema, que devuelva la democracia a los venezolanos.

Mientras tanto, persigue una huelga nacional para que los trabajadores hagan valer sus derechos mediante una figura consagrada en la Constitución. Reconoce sin embargo, que existe miedo por lo ocurrido con el paro de 2002 y concluye que serán los mismos empleados los que tomen la decisión final.

A pesar del malestar generalizado en el país y que ha unido a chavistas y no chavistas, el movimiento sindical no ha podido capitalizar el descontento en un gran consenso.

–¿Ha cambiado el foco de las demandas laborales luego del aumento salarial de 5.900%?
–Antes de los anuncios de agosto se llevaba una intensa lucha por un salario digno emprendido por el Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, que se extendió a nivel nacional y a otros sectores del país, en regiones en las que era difícil pensar en la unidad de los trabajadores. Con las medidas económicas hubo un espejismo al principio con el incremento del salario a BsS 1.800 o Bs 180 millones desde los Bs 3 millones, y el pago del diferencial de la nómina privada por tres meses. La reconversión monetaria produjo una sensación de satisfacción.

–El gobierno parece entrampado con los tabuladores. ¿Cree que haya una respuesta satisfactoria en el corto plazo?
–Quedaron en duda dos elementos fundamentales. No solo las tablas salariales que desaparecieron por quedar por debajo del salario mínimo legal, sino todos los alcances de las contrataciones colectivas, las cláusulas.

–¿Está ofreciendo respuestas? Recientemente las autoridades firmaron actas convenio con dirigentes de sindicatos que se identifican con la gestión oficial como los de Pdvsa y el Metro de Caracas.
–Tenemos conocimiento por reuniones que ha sostenido con algunos sectores de trabajadores no afectos al gobierno, que no van a ceder en volver a las contrataciones colectivas. Por eso reafirmamos que Maduro no solo es el sepulturero de las prestaciones sociales que se acabaron a partir del nuevo paquetazo, sino de las contrataciones colectivas. Los mejores ejemplos los tenemos en el corporativismo sindical, patronal y gobiernero que ha firmado actas convenio desconocidas por las bases y pretenden eliminar de un plumazo las conquistas que durante muchos años se lograron en contrataciones colectivas. Los pasos en la escala salarial entre uno y otro son dos huevos, un cuarto de kilo de harina pan, medio kilo de azúcar. A eso se suma los precios acordados en alimentos y productos de limpieza que superaron el 6.000%.

–El salario mínimo sigue estando lejos de ser digno.
–El costo de la canasta alimentaria es inaccesible. Sostenemos que se ajuste el salario mínimo a la cesta básica que es lo que señala el artículo 91 de la Constitución. Además, demandamos medidas económicas profundas que solo serán posibles con un cambio democrático y con la restitución del hilo constitucional violentado desde el año pasado.

–¿Toman en cuenta a los sindicatos en las decisiones laborales que se adoptan en la administración pública?
–La respuesta está en la foto que se tomó Maduro después del paquetazo con sus anteriores funcionarios sindicaleros de hace más de 20 años, que son los mismos con dos o tres agregados nuevos a quienes les exige garantía de gobernabilidad laboral, la que se perdió con la lucha de las enfermeras y pretenden restablecer con esta ilusión del salario.

–Para los trabajadores la situación se torna compleja, no solo desde el punto de vista económico.
–Estamos en la situación más difícil que ha vivido la clase trabajadora venezolana enmarcada en una lucha con protestas sociales por reclamos de servicios públicos desde el 1º de enero de este año. En este contexto se han dado manifestaciones de calle laborales con mucha intensidad antes de los anuncios de agosto y tras las medidas, la reacción fue tardía, pero en estos momentos va en crescendo. Han tratado de minimizarlas con la firma de las actas convenio con los sindicaleros.

–El Observatorio de Conflictividad Social señala que en los nueve primeros meses de 2018 las protestas laborales representaron poco más de 40% del total.
–Sí. Los sindicatos hemos coincidido en que sin importar el color político hay que luchar por mantener los derechos, por la contratación colectiva.

–El gobierno es el principal violador de las contrataciones colectivas y ha sido denunciado ante la OIT durante varios años por incumplir los convenios de la organización.
– Unete ha hecho denuncias desde hace más de cinco años por los reiterados incumplimientos de la mayoría de los convenios fundamentales de la OIT, a través del Comité de Quejas de Libertad Sindical, de mecanismos como presentación de comentarios a las memorias revisadas cada año por una comisión de expertos Lo hemos hecho en las conferencias, en la Comisión de Normas Internacionales y en cada una de las instancias competentes.

–Se aprobó aplicar a Venezuela una comisión de encuesta. ¿Qué ha pasado con eso?
–En marzo el Consejo de Administración dela OIT lo aprobó y en agosto se juramentó a sus integrantes, tres magistrados (integrantes de la Corte Internacional de Justicia) de España, Uruguay y República Dominicana, que ya iniciaron la primera etapa de la investigación. Ya Unete envió un informe preliminar y preparamos casos por violación al Convenio 87 referido a la libertad de asociación y libertad sindical.
La Comisión de Encuesta evalúa tres convenios: además del 87, está el 26 que aborda el método de fijación de salario mínimo y el Convenio 144 que establece el diálogo social tripartito necesario para tomar medidas de corte económico en el país.
La duración de la Comisión de Encuesta, según la práctica, es de entre seis meses y un año.
La Comisión de Encuesta es una herramienta que prefigura en el orden jurídico internacional una manera de actuar en la CIJ, que es una instancia diferente a las cuales se han acudido en este momento.

–¿Dónde se instala la Comisión de Encuesta?
– Tenemos dificultades enormes en el país desde el punto de vista logístico. Hemos sido asaltados, expulsados y nos han robado los archivos en Unete. No tenemos oficina. Además, la administración de Maduro la rechaza por espuria, ilegítima e ilegal, según argumenta. Pero no es necesaria la aprobación del gobierno, no tiene por qué instalarse en el país, puede funcionar desde cualquier país cercano o desde Ginebra (sede de la OIT).
Tras la primera etapa ya iniciada, se evacúan las pruebas en una segunda fase. Se procede a interrogatorios y contactos con testigos. Esa información es enviada al gobierno y evaluada sus respuestas. La tercera fase es la elaboración de un informe que se remite al Consejo de Administración para su aprobación y sus resultados son de obligatorio cumplimiento. Si el gobierno no está de acuerdo tiene como instancia de apelación la Corte Internacional de Justicia.

–¿Hubo algún contacto durante la 19º Reunión Regional Americana de la OIT celebrada en Panamá recientemente?
–El director general llegó a Panamá sensibilizado por el tema del éxodo venezolano, tema que fue expuesto. Entre los organismos internacionales que están siendo consultados está la Organización de Estados Americanos (OEA). Nos reunimos con la secretaria de Asuntos Laborales de OEA en Panamá, quien nos dijo que le había llegado la solicitud de información de parte de la Comisión de Encuesta.
Nos reunimos con representantes para el continente de la Organización Internacional para las Migraciones, que es un tema álgido y en el que Unete ya tiene experiencia con la Unión de Trabajadores en Colombia, organización reconocida por el gobierno de ese país y que participa en la mesa tripartita y conjuntamente con la Confederación General del Trabajo colombiana. Es un sindicato nuestro que agrupa a trabajadores venezolanos que viven en Colombia y que aborda tanto la regulación migratoria como el acceso al mercado laboral.
Estamos llevando este modelo y creando seccionales de nuestro sindicato en otros países para responder por los derechos de los trabajadores migrantes, que es una tarea que también debemos asumir desde las centrales sindicales.

–Desde el año pasado Unete ha estado llamando a una huelga sin éxito. ¿Qué ha pasado?
–En 2017 Unete conjuntamente con la Confederación General de Trabajadores (CGT) hizo una solicitud de derecho a huelga ante la OIT para proteger a los trabajadores de cualquier acción que tuviéramos que tomar ante las amenazas veladas, notorias y públicas, sobre todo de Diosdado Cabello a trabajadores públicos que participaran en la consulta del 16 de julio convocada por la oposición y a los que no se presentaran a votar por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de agosto. Hubo un paro nacional el 26 y 27 de julio, en la que participó el transporte y producto de ello está exiliado Erik Zuleta, presidente de Fedetransporte, con solicitud de asilo político en España.

–Se ha insistido en la huelga este año.
–Desde el Frente Amplio Venezuela Libre se viene trabajando en una huelga, hay quienes lo llaman paro. Hay mucho temor por lo sucedido en 2002. Creemos que es la medida más efectiva de protección para los trabajadores, pero esa es una decisión de los trabajadores y nosotros como centrales sindicales tenemos la obligación de acompañar a los que luchen, de orientar y hacer las denuncias en el plano internacional.

–El atomizado movimiento sindical parece que aún no logra consenso para actuar al unísono y darle respuesta a los trabajadores, a pesar del malestar social que une a chavistas y no chavistas.
–Creo que tiene que ver mucho con la egocracia, con luchar por las siglas cuando a los trabajadores no les importan qué siglas, qué central o corriente sindical está al frente de la lucha, sino lograr realmente los objetivos.
Hay que seguir trabajando para unificar a todos los sectores en una sola lucha por los derechos que se nos pretenden arrebatar, pero convencidos de que no hay posibilidad de resolución con este gobierno, sino con un cambio democrático, de sistema, no solo de Presidente o de representantes del gobierno.

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