Un recorrido de las sanciones impuestas por EEUU a Venezuela

// Luis E. Fidhel González. *



Podemos establecer el contexto político de sanciones y restricciones impuestas a la “revolución bolivariana” por las distintas administraciones estadounidenses:

1) El presidente Hugo Chávez construyó una agenda y discurso antiestadounidense con el objeto de la promover un “mundo pluripolar” en desafió a la administración del presidente George W. Bush inclusive llegando al empleo de epítetos denigratorios de carácter personal; la reacción fue de tolerancia o contención a estos sin concretarse medidas restrictivas o sanciones especificas de relevancia.

La política exterior de Chávez fue calificada como “fuerza negativa” por la Secretaria de Estado de entonces Condoleezza Rice, al acoger al único gobierno no democrático en la región en referencia a Cuba y lo que hace en su propio país para suprimir a la oposición.

2) El status de Irán y Siria de “estados terroristas” y del “eje del mal” dada por la administración Bush en su política de “acción preventiva” incidió en la percepción del Departamento de Estado, sectores conservadores y liberales norteamericanos que el acercamiento del gobierno venezolano a éstos constituye amenaza a la estabilidad del continente.

En el 2011, Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana por hacer negocios con el gobierno y empresarios iraníes; las sanciones establecen que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está limitada para suscribir contratos con el gobierno estadounidense, recibir financiamiento para importaciones y exportaciones, obtener licencias de exportación de tecnología sensible; dada la ausencia de convenios en estas materias con Estados Unidos las sanciones han sido de poco impacto y se ha continuado exportando a través de la filial norteamericana Citgo.

El presidente Chávez en la Cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA) con motivo de la celebración de los 20 años del frustrado golpe de estado del 04 de febrero reconoció que los negocios conjuntos y financiamiento de las empresas mixtas Venezuela- Irán se han visto afectadas particularmente el sector automotriz por las sanciones económicas impuestas por la ONU al programa nuclear.

3) El Congreso de Estados Unidos aprobó el 10 de diciembre del 2014, un proyecto de Ley que impone sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violaciones de Derechos Humanos contra manifestantes opositores durante las protestas ocurridas entre febrero y mayo de ese año.
El proyecto fue presentado por el senador Marco Rubio y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Bob Menendez.

La administración de Barack Obama debería firmar la iniciativa del Congreso y determinar los funcionarios venezolanos afectados por las sanciones. Se les negará el visado de entrada a territorio estadounidense y “congelarán” bienes que tengan en Estados Unidos.

4) En marzo del 2015, la tensión de Estados Unidos con Venezuela se concretó por el Decreto Ejecutivo del presidente Obama de tomar medidas contra funcionarios del gobierno venezolano en relación a sus bienes en ese país por violaciones a Derechos Humanos bajo la calificación de “una amenaza inusual y extraordinaria”.

El gobierno venezolano promovió, a través de la retorica nacionalista y antiimperialista acompañado de la movilización política, la recolección de firmas de la ciudadanía solicitando a la administración Obama derogar el decreto.

Se anunció a través del alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez que serían auditadas por el Consejo Nacional Electoral, organismo que aseguró que se recolectaron 13 millones de rúbricas contras el decreto y que serían entregadas al mismo presidente Barack Obama en la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en Panamá.

“Le he dado la orden a Jorge Rodríguez que todas las firmas que se han recopilado y se terminen de recopilar sean entregadas en el Archivo Histórico para su guarda y custodia y fines consiguientes a la Defensoría del Pueblo y al Poder Moral venezolano y que estén allí como testimonio ante la historia de lo que fuimos capaces de hacer nosotros y nosotras”, dijo Maduro.

5) En febrero del 2017, un total de 34 congresistas estadounidenses de los partidos demócrata y republicano, instaban al nuevo presidente Donald Trump a presionar al gobierno venezolano a través de sanciones inmediatas a funcionarios responsables de corrupción y abuso a Derechos Humanos en apoyo a ciudadanos venezolanos que sufren bajo el régimen de Nicolás Maduro. Además de una investigación exhaustiva sobre el supuesto tráfico de drogas y presunto apoyo del vicepresidente Tareck El Aissami a grupos terroristas del Medio Oriente; siendo este sancionado.

6) El 19 de mayo de 2017, el gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de sanciones a través del Departamento del Tesoro contra ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Las autoridades estadounidenses consideran que estas personas son responsables de haber usurpado las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y de haber permitido al gobierno del presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia, restringiendo los derechos y violando la libre voluntad de los venezolanos.

Implica la congelación de todos los bienes que estas personas puedan tener en ese país y prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacción con ellos. Tampoco podrán ingresar a Estados Unidos.

8) El presidente Donald Trump impone sanciones el 28 de julio de 2017 contra intereses particulares de 13 funcionarios relacionados al gobierno de Maduro interpretándose como una forma de frenar las elecciones de los miembros a la Asamblea Nacional Constituyente advirtiendo que cualquiera elegido debería saber que su papel en socavar procesos democráticos e instituciones en Venezuela pueden exponerles a potenciales sanciones estadounidenses.

9) En razón de la elección de miembros de la Asamblea Constituyente realizada el 30 de julio de 2017;  Trump calificó a Maduro como “dictador”, anunciando sanciones directas contra él, igualándolo con los líderes de Zimbabwe, Siria y Corea del Norte.

10) La adopción de sanciones financieras tomadas por el presidente Trump el 25 de agosto de 2017 se dirigieron a bonos de deuda de la estatal petrolera Pdvsa y del Estado venezolano bajo la acusación de que son emitidos por una “dictadura” y en respuesta a la violación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales por parte de la administración Maduro.

El Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin aseveró: “Maduro ya no podría sacar ventaja del sistema de financiamiento estadounidense para facilitar el saqueo al por mayor de la economía de Venezuela a costa del Pueblo venezolano”.

La medida en principio pareciese afectar la comercialización de “nueva deuda” – es decir excluye la ya emitida – en el caso de Pdvsa con una vigencia de 90 días o mayor y con el gobierno venezolano con una vigencia de 30 días o mayor.

No se impone restricciones por el momento a las exportaciones petroleras venezolanas al mercado estadounidense pero impede a Pdvsa enviar o expatriar los dividendos.

11) En septiembre se extiende el “veto migratorio” impuesto particularmente a países musulmanes – Irán, Siria, Yemen, Libia, Sudan del Sur, Somalia e Irak – considerados “estados fallidos” a Venezuela, Corea del Norte y Chad cuyo argumento general es impedir la entrada a los EEUU de posibles terroristas o personas que puedan poner en riesgo la seguridad.

Alega que el gobierno venezolano no ha cooperado en esta materia al no compartir adecuadamente información relacionada con la seguridad pública y terrorismo prohibiendo la entrada a funcionarios gubernamentales venezolanos y familiares considerados responsables para que no tenga lugar esta cooperación particularmente del Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores, del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y del Servicio de Inteligencia Nacional.

El Informe Anual sobre Terrorismo del Departamento de Estado, publicado en julio del 2017, acusaba a Venezuela de no cooperar «totalmente» en materia antiterrorista por informaciones creíbles; manteniendo en 2016, un marco permisivo permitiendo apoyo a actividades en beneficio de grupos terroristas señalando el Departamento de Estado a las FARC, ELN, ETA y Hizbolá; además de aseverar que la seguridad fronteriza en puertos de entrada a ese país es «vulnerable y susceptible de corrupción».

La imposición del veto migratorio coetáneamente a Corea del Norte y Venezuela sugeriría que el gobierno norteamericano considera a ambos países como un “riesgo geopolítico” para sus intereses e inclusive ha sugerido la “opción militar” si fuese necesario. Se asevera que el papel que pudieran jugar China y Rusia convierte a Venezuela en un problema de “geopolítica mundial”.

* Abogado UCAB. Lic. Estudios Internacionales UCV. Lefg1968@hotmail.com

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