La convicción de que el concejal Fernando Albán no se suicidó sino que fue asesinado prevaleció este martes durante sus honras fúnebres, lo que llevó al Parlamento venezolano -de mayoría opositora- a pedir a Naciones Unidas que participe en una investigación independiente.

Cubierto con la bandera de Venezuela, el féretro del político de 52 años fue llevado al Capitolio Federal, sede de la Asamblea Nacional, donde recibió honores, y luego a la capilla de la Universidad Central de Venezuela para su velación.

Sus padres y una hermana asistieron a la ceremonia en los jardines del Legislativo, en la que participaron unas 200 personas, entre allegados y políticos.

“No me creo el cuento que se suicidó Fernando Albán (…), ni nos creemos el cuento que estaba involucrado en alguna acción de la que el gobierno lo quería acusar”, dijo a periodistas el excandidato presidencial Henrique Capriles, copartidario del concejal.

Según el fiscal general, Tarek William Saab, de línea oficialista, Albán, detenido el viernes acusado de participar en un presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, “solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez”.

Durante la ceremonia, el abogado de Albán, Joel García, denunció “secretismo” en torno al caso. “No se nos permitió ingresar al Sebin para corroborar las circunstancias, tampoco el acceso a la morgue para presenciar la autopsia”, sostuvo.

García dijo que habló por última vez con Albán el domingo pasado. “No creo que fuese capaz de tomar una determinación tan radical y drástica como la que se quiere hacer ver”, subrayó.

La diputada Dinora Figuera manifestó por su parte estar “urgida de justicia”, por lo que consideró un “vil asesinato”.

El Parlamento acordó este martes solicitar a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) “la designación de expertos independientes que participen en la investigación de la muerte de Fernando Albán”, que será sepultado el miércoles.

La ONU por su parte reclamó este martes una “investigación transparente”, pedido al que se sumaron la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, que consideró la muerte del político como “sospechosa”.

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