Las sanciones impuestas por EEUU implicarán una profundización de la crisis económica de Venezuela

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La firma Torino Capital, indica en su informe emitido el día de ayer para sus clientes que las sanciones impuestas el día de ayer por la administración Trump limitará nuevas transacciones financieras por PDVSA y el gobierno de Venezuela. Las sanciones no se aplican a los bonos actualmente negociados. No obstante, tienen un efecto significativo en la capacidad del país para acceder a la financiación y probablemente darán lugar a nuevas rondas de recortes de las importaciones.

Señala Torino que la Orden Ejecutiva emitida por la Casa Blanca prohíbe a los estadounidenses participar en cualquier transacción que proporcione fondos para el gobierno de Venezuela o la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). La orden tiene como objetivo negar al gobierno venezolano el acceso a financiamiento e impedir que el sistema financiero estadounidense «se haga cómplice de la corrupción de Venezuela y el empobrecimiento del pueblo venezolano», según una declaración leída hoy por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

La orden no restringe el comercio en la mayoría de los bonos existentes de Venezuela o PDVSA. La excepción es el bono venezolano 6.5% 2036, que se cree que está actualmente en manos de instituciones estatales venezolanas. Más bien, la orden está dirigida a bloquear el acceso de Venezuela a nuevos fondos.

La orden restringe explícitamente:

(A) Nueva deuda con vencimiento superior a 90 días de PDVSA.

(B) Nueva deuda con vencimiento superior a 30 días, o nuevo capital, del gobierno de Venezuela.

(C) Bonos emitidos por el gobierno de Venezuela previos a la fecha de la orden, excepto la mayoría de los bonos existentes de Venezuela o PDVSA actualmente. En otras palabras, la restricción a la negociación se aplica sólo a un bono emitido antes de la fecha de la Orden Ejecutiva y nos referimos al bono venezolano 6.5% 2036.

(D) Pagos de dividendos u otras distribuciones de beneficios de entidades controladas por Venezuela (por ejemplo, CITGO).

(E) La compra de nuevos valores del gobierno de Venezuela.

Hay otras excepciones que no entran en las sanciones, tales como las importaciones procedentes de los Estados Unidos de alimentos, insumos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos.

La provisión para operaciones a corto plazo de hasta 90 días para PDVSA y hasta 30 días para la República tiene por objeto permitir que el financiamiento comercial de PDVSA e importaciones gubernamentales de los Estados Unidos continúe.

Las nuevas sanciones tienen poco o ningún efecto en el mercado de los bonos existentes. Sin embargo, es posible que una ampliación de la restricción en el comercio de bonos podría venir en el futuro si los EE.UU. deciden escalar estas sanciones. La analogía histórica más cercana sería la prohibición del comercio de bonos pre-Castro como resultado del embargo petrolero cubano. Mientras que el comercio de estos bonos fue permitido bajo el embargo original de 1960, fue prohibido posteriormente cuando el Congreso decidió endurecer las sanciones en la isla a través de la Ley Helms-Burton de 1996.

Las sanciones hacen que sea extremadamente difícil para Venezuela o PDVSA obtener financiamiento nuevo al prohibir que cualquier entidad estadounidense participe en operaciones destinadas a proveer nuevos fondos. Esto hace que una reestructuración de la deuda venezolana sea casi imposible, ya que impide que los Estados Unidos acepten los bonos que se emitirían en un posible canje. También limitan la capacidad del país para obtener fondos a través de pagos de dividendos de CITGO o usar CITGO como garantía para futuras financiaciones.

Si bien estas acciones seguramente aumentarán la presión financiera sobre Venezuela y reducirán su capacidad para cumplir con las obligaciones de deuda, pueden irónicamente hacer que un incumplimiento sea menos probable. Al aumentar los impedimentos para una reestructuración ordenada de la deuda, obligan al país a elegir exclusivamente entre un incumplimiento desordenado o continuar cumpliendo los servicios de la deuda. Posiblemente el gobierno considere que los efectos negativos de un incumplimiento desordenado sean mayores que el buscar honrar los servicios de la deuda, dado que se afectaría la capacidad de PDVSA de generar ingresos de exportación y además seria menos grave que los efectos contractivos de nuevos recortes de importaciones, señala Torino.

A mediano y largo plazo, esperamos que el gobierno venezolano acelere el proceso de reducción de su dependencia de los mercados de petróleo de Estados Unidos, mediante la desinversión de activos propiedad de los Estados Unidos (incluido CITGO) y el aumento de los envíos a China y otros países donde no se enfrentan a restricciones financieras o comerciales. A medida que Venezuela reduce su dependencia estructural del mercado estadounidense, sus razones para seguir prestando servicios de bonos (la capacidad de los tenedores de bonos para interrumpir las exportaciones a los Estados Unidos después de un incumplimiento) disminuirá y un default de la deuda será más probable. Pero vemos esto como más un efecto estructural a largo plazo que uno inmediato.

Según Torino, existe abundante evidencia internacional de que las sanciones económicas son ineficaces y a menudo contraproducentes en la búsqueda de generar un cambio de régimen. Un estudio del Instituto de Ginebra encontró que las sanciones que intentan coaccionar un cambio en el comportamiento son efectivas sólo alrededor del 10%. Las sanciones son particularmente ineficaces para generar un cambio de régimen porque tienden a aumentar los costos de salida para el gobierno y así reducir la posibilidad de transiciones negociadas. Sin embargo, las sanciones pueden empujar al gobierno venezolano hacia la esfera de influencia de China y Rusia que pueden ofrecerse como fuentes alternativas de financiamiento.

Desde 2012, las exportaciones de Venezuela cayeron de US $ 98.000mn a US $ 28.000mn. Como el gobierno se quedó sin fondos, redujo las importaciones en un 76% durante los últimos cinco años. Debido a la fuerte relación entre las importaciones y el crecimiento económico en Venezuela, esto causó una profunda contracción económica, recortando los ingresos per cápita en un 34% estimado desde 2012. Esperamos que las restricciones adicionales en el acceso a los fondos se traduzcan en nuevas rondas de recortes de importación y una profundización de la crisis económica de Venezuela.

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